Machismo, fascismo y sedición

Las torpes palabras que la diputada de Vox, Carla Toscano, dirigió este miércoles a Irene Montero desde la tribuna del Congreso, han servido a la izquierda para intentar salvar una semana horribilis. Dijo a la ministra que lo único que había estudiado en profundidad era el cuerpo de Pablo Iglesias en un debate que pretendía dejar constancia de la ineptitud legislativa del feminismo ministerial.

La respuesta de la interpelada aludiendo al fascismo, al machismo y a la violencia política de la que dice ser objeto, hedía a sobreactuación de fingida dignidad. Pero hay que reconocerles a esta nueva hornada de progresistas que son unos maestros en lo que a la agitación hiperventilada del avispero se refiere: han conseguido autopostularse como víctimas de su propia creación, como damnificados por la deshumanización del adversario político y de la desnaturalización del parlamentarismo.

«Resulta que el llamado jarabe democrático sólo puede recetarlo la izquierda para su administración a la derecha»

Pablo, Irene y compañía, los mismos que ahora claman contra los ataques políticos insoportables, son los padres de la criatura, los autores intelectuales y materiales de la máxima «lo personal es político». Es recomendable acudir a la hemeroteca para rememorar las palabras de Iglesias sobre Ana Botella, exalcaldesa de Madrid: «Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido». O cuando la ministra Montero justificaba los intolerables escraches contra Cifuentes o la muy embarazada Villacís, aseverando que a la política se viene llorado de casa porque «si los ciudadanos consideraban útil acudir a la puerta de su vivienda, qué le iba a hacer». Mención especial merece su constante desprecio por la presunción de inocencia de los españoles varones y sus falsas imputaciones de maltrato a ciudadanos de a pie para construir un relato político con el que justificar indultos ideológicos.

Resulta que el llamado jarabe democrático sólo puede recetarlo la izquierda para su administración a la derecha. Lo contrario no es democracia, sino violencia política. Así tratan de consolidar en nuestra sociedad el derecho penal de autor: criminalizando conductas no en atención a la gravedad del hecho o acto, sino a una cualidad del sujeto que lo comete. En este caso, a la ideología. La violencia política es unidireccional.

Honestamente, yo preferiría no tener que asistir a espectáculos como el vivido en la sede de la soberanía nacional, pues considero un error transformar lo que debe ser un combate de ideas en una competición de exabruptos: ser como ellos sólo añade líquido inflamable a una hoguera que no se apagará con más fuego, sino con grandes cantidades de agua fría. Esto no quita que aconseje a mis lectores que no se lleven a engaño sobre la intención que se esconde tras la dramatización histérica de lo sucedido en las Cortes, que trasciende al tristemente célebre «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago».

Porque de lo que aquí se trata es, en primer término, de exigir un acto de contrición al progresismo que ha osado estos días criticar a Montero por la ley del solo sí es sí. Así lo ha constatado la ministra ante los micrófonos serviles de Angels Barceló en la SER: amonestarla por su contrastada incompetencia en la elaboración de una ley es violencia, que es tanto como decir que la verdad es violenta y por eso no debe ser mentada.

«La desaparición del delito de sedición desarma jurídicamente al Estado para reforzar políticamente al Gobierno y a sus socios»

En segundo lugar, y mucho más importante, es un intento desesperado de correr un tupido velo sobre las gravísimas implicaciones de la derogación del delito de sedición. Efectivamente, mientras banalizan la violencia otorgando tal categoría a lo que no es más que una zafiedad, aprueban con su voto la claudicación de todos los españoles ante quienes persiguen atentar contra el orden constitucional y comprometer la integridad territorial de nuestro país.

La desaparición del delito de sedición desarma jurídicamente al Estado para reforzar políticamente al Gobierno y a sus socios. No sólo implica una impunidad inmediata para los que participaron del gravísimo referéndum independentista en 2017, sino que determina una impunidad a futuro, dado que impedirá perseguir penalmente a quienes cometan hechos de una entidad similar. Pretenden que nos consolemos con el enfriamiento de la reforma de la malversación, cuando es altamente probable que la desaparición de la sedición conlleve dejar sin efecto la condena a los independentistas que desviaron dinero público para la celebración del referéndum, precisamente por su carácter medial.

Que el presidente del Gobierno haya tenido la poca vergüenza de recurrir al machismo como comodín con el fin de justificar que la derogación de la sedición sea una moneda de cambio para la aprobación de los presupuestos, reivindicando la política útil y la convivencia frente al recurso al insulto, confirma no sólo la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez, sino también lo artificioso e instrumental de toda esta polémica en torno a la mal llamada violencia política contra la ministra de Igualdad. No cuela, al menos en lo que a mí respecta. La pantomima efectista no consigue maquillar la degradación institucional y la fractura social que sus ansias de permanencia en la Moncloa nos han traído. Ni olvido, ni perdón.