Ingresar más para deber más

Recién publicado el informe de recaudación tributaria que elabora la AEAT correspondiente al mes de octubre, en él puede leerse que en los diez primeros meses de este año los españoles hemos pagado al Estado más impuestos que en todo 2021 (223.700 millones de euros frente a 223.400), lo que responde a que la recaudación está creciendo a un ritmo interanual próximo al 20%. Así, entre enero y octubre del presente ejercicio la AEAT ha ingresado 32.300 millones de euros más que en idéntico periodo del año pasado. No está mal, ¿verdad?

El dato expuesto suscita el interés por conocer cuáles son los impuestos que están nutriendo semejante incremento. La respuesta es que de cada diez euros de aumento en la recaudación tributaria, más de ocho se corresponden con dos impuestos: el IRPF y el IVA, ambos pagados por la generalidad de los contribuyentes. No es baladí recordar ahora que el IRPF grava a todo aquel que obtiene ingresos, -la inmensa mayoría de las familias españolas-, y que el IVA lo pagamos todos los que realizamos cualquier consumo -la totalidad de los españoles-. Consecuentemente, el lastre que suponen esos 32.300 millones de euros de recaudación ha afectado a todos los grupos sociales sin excepción alguna, circunstancia no especialmente gratificante si, además, constatamos que para obtenerlos el Gobierno se ha aprovechado ilegítimamente de la inflación utilizando a ésta como impuesto.

No obstante, este intenso y generalizado sablazo fiscal podría encontrar justificación si el Ministerio de Hacienda lo hubiera utilizado para sanear las cuentas públicas, para tapar los agujeros de la economía española. No es así dado que, pese a haber aumentado más que significativamente el sacrificio fiscal que se nos exige, el Gobierno sigue siendo incapaz de acabar con el déficit público pues según las previsiones podemos acabar 2022 con un desfase entre ingresos y gastos en torno a 60.000 millones de euros, aproximadamente un 5% del PIB. ¿De qué está sirviendo entonces el rejonazo fiscal que nos han metido? Otro sí digo: como, pese a ingresar tanto, los gastos siguen superando a los ingresos, el importe de nuestra deuda sigue creciendo. Ya hemos superado el hito de un billón y medio de euros, pero según proyecta y pretende el Gobierno, esta cifra seguirá creciendo durante 2023 en una espiral diabólica y suicida para España. En definitiva, aunque el Gobierno nos exige cada vez más y más impuestos, su deficiente gestión determina que España deba más y más cada vez.

Relacionado con lo anterior, es oportuno traer a colación el reciente informe de la OCDE relativo a la evolución de la fiscalidad de sus países miembros durante 2021. El dato alarmante es que el aumento de la presión fiscal 2021/2020 sufrido en España fue un 1,7% del PIB, cuando la media de los 36 países que integran la OCDE solo creció un 0,4%. Si a este diferencial (1,7% vs 0,4%) se le añade el descomunal aumento impositivo habido en España en 2022 -un 17% hasta ahora-, y se le suman los nuevos impuestazos que entrarán en vigor en 2023 -contra las empresas energéticas, entidades bancarias y grandes fortunas- son evidentes los escalofríos que provoca la escalada tributaria decretada por el Gobierno Sánchez. Pero, hay que insistir, todo ello para que la deuda de España no pare de crecer.

Conviene constatar otro dato que evidencia cómo la creciente agresividad fiscal hacia los españoles, además de esquilmarnos los bolsillos, constituye una rémora para nuestra actividad económica. Según el informe de la OCDE, en España las cotizaciones sociales representan un 37% de la carga fiscal total, porcentaje claramente superior a la media existente en el resto de los países miembros -26%-. Esta carestía comparativa que han de afrontar los empresarios españoles para contratar trabajadores está detrás de nuestra alta tasa de paro, el doble de la existente en la Unión Europea, y constituye una evidente rémora para el avance del empleo en nuestro país.