¿Cultura de la violación?
«Ninguna campaña, ningún tergiversado argumento, ningún sesgo o actitud machista permite afirmar que en España hoy se ‘justifica’ la violencia sexual»
Ilustración. | The Objective.
«Recientemente ha habido una desafortunada tendencia a hacer culpable a la cultura de la violación del no desdeñable problema de la violencia sexual en los campus. Si bien es de ayuda señalar las barreras sistémicas para abordar el problema, es importante no perder de vista un hecho simple: la violencia no es causada por los factores culturales sino por las decisiones conscientes de cometer un crimen violento por un porcentaje pequeño de la comunidad».
El anterior fragmento se incluye en la carta que la organización RAINN (Rape, Abuse and Incest National Network), una de las ONGs más grandes e influyentes que luchan contra la violencia sexual en los Estados Unidos, dirigió a la Casa Blanca en el año 2014. En esa misma misiva los responsables de RAINN urgían a las autoridades estadounidenses a desplegar una estrategia que incluyera, como uno de los tres pilares más importantes, el de la promoción de mensajes que contribuyeran a la reducción de los riesgos «incrementando la seguridad personal».
Planteamientos como el de RAINN no son fáciles siquiera de discutir. En noviembre de 2014 la conocida feminista libertaria Wendy McElroy, autora de Rape Culture Hysteria: Fixing the Damage Done to Men and Women, fue convocada a un debate en la Universidad de Brown con una de las más ilustres defensoras de la prevalencia de la «cultura de la violación», Jessica Valenti. En los días previos la rectora Christina Paxson recibió numerosas advertencias por parte de estudiantes en el sentido de que tesis como las de McElroy les podían hacer revivir pasadas experiencias traumáticas, para lo cual la Universidad dispuso un espacio de seguridad (safe room) con música relajante y provisto de galletas, libros para colorear, plastilina, pompas de jabón, mantitas y almohadas y en el que se proyectaban continuamente vídeos de cachorritos retozando. Se trataba con ello de que las estudiantes que estuvieran atendiendo al debate pudieran encontrar refugio, consuelo y confort.
Me ocurre a mí con el sintagma «cultura de la violación» algo parecido a lo que sentía en aquella época en la que las «balanzas fiscales» indiciaban la explotación económica inmisericorde de los catalanes a manos de gentes, no sé, de Écija, Puebla de Obando o Villamanrique. Y todavía la idea de «balanza fiscal» puede ser operativa y hay un arqueo posible aun cuando la métrica sea controvertida. ¿Y si comprobamos algunos datos, como por ejemplo la renta per cápita disponible, niveles de abandono escolar, infraestructuras, esperanza de vida…? Mutatis mutandis…
«Si los condenados por delitos sexuales hubieran cometido solo ese delito, representarían el 1,1% de todos los condenados en España en 2021»
De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales del INE, en el año 2021 fueron condenadas en España 282.210 personas mayores de edad, de las cuales el 80% aproximadamente fueron hombres (el 75% de ellos de nacionalidad española). Las condenas más frecuentes fueron por delitos relativos a la seguridad vial (23,7%), las lesiones (17,2%) y los hurtos (14%). Del total de condenados, 3.196 lo fueron por delitos sexuales (491 por el delito de agresión y 1.556 por el de abuso). El 97% de los condenados son hombres y aproximadamente el 70% son españoles. Si todos los que engrosan el grupo de los condenados por delitos sexuales hubieran cometido solo ese delito, representarían el 1,1% de todos los condenados en España el año pasado.
La agresión sexual en sus formas más graves –mediando violencia o intimidación y con penetración- está condenada en España con penas extraordinariamente altas, flagrantemente desproporcionadas a la luz del conjunto de penas establecidas en el Código Penal. Tomemos el célebre caso de la Manada, el pecado original del frenesí punitivo y el desvarío penológico que nos asola: la mayoría de los que fueron condenados lo fueron inicialmente a 9 años de cárcel y finalmente a 15 años. Si a la víctima la hubieran sacado los ojos la pena hubiera sido sensiblemente inferior. Si la víctima hubiera estado embarazada y le hubieran provocado un aborto dolosamente, su condena habría sido también menor. A la conocida como Decapitadora de Castro Urdiales se le ha pedido una pena de entre 12 años y medio y 15 años de cárcel. Los jugadores del Arandina, cuya revisión de pena ha dictaminado recientemente el Tribunal Supremo, fueron inicialmente condenados a 38 años de cárcel. La suma de los castigos que corresponden por la autoría y por la cooperación necesaria para la autoría ajena, llevó a la Fiscalía a solicitar 55 años de cárcel para cada uno de los cuatro jóvenes magrebíes que violaron grupalmente a una joven de 17 años en un piso abandonado en Manresa, el caso conocido como Segunda manada de Manresa.
Es difícilmente conciliable la existencia de una «cultura de la violación» con esta realidad jurídico-institucional medible: una frecuencia de comportamientos bajísima y un repudio social y jurídico reservado a los más execrables delitos. Para la cofradía del santo reproche nada de lo anterior impide insistir en ese arcano ideológico que lo mismo se viste de exabrupto para azuzar insidiosamente que se trasviste de campanudo ingrediente de una teoría social crítica cuya comprensión recta solo estaría reservada a unas pocas exégetas y a las surfistas de las olas del feminismo de ocasión.
«La secretaria de Estado de Igualdad ha escrito que negar la existencia de la cultura de la violación ‘es normalizar el machismo’»
Y no, ninguna campaña que pretenda alertar de los peligros del mundo real –los de la violencia sexual, como los de tantas otras violencias o riesgos ínsitos a la convivencia humana-; ningún tergiversado razonamiento probatorio que sencillamente pretende honrar un estándar de prueba que demuestre la culpabilidad más allá de toda duda razonable de quien es acusado; ningún sesgo o actitud machista que puntualmente queramos espigar, nada de eso permite afirmar que en España hoy se «normaliza» ni «justifica» la violencia sexual contra las mujeres.
Con esa mezcla de chabacanería, lenguaje de madera («poner el foco», «poner en el centro») y la chulería que solo permite la ignorancia inconsciente, la secretaria de Estado de Igualdad ha escrito que negar la existencia de la cultura de la violación «… es parte del problema, es normalizar el machismo», y que de lo que se trata no es de mandar un mensaje a las mujeres para que se precavan y no salgan de copas o a correr por la noche en mallas, sino a los «violadores para que no violen». ¿Cómo no se nos había ocurrido?
En realidad el mensaje está enviado y bien enviado; y desde hace mucho tiempo y por el canal que corresponde, que no es el de las sonrojantes campañas del Ministerio de Igualdad, difamatorias y eventualmente ilegales con las que se solivianta a tirios y troyanos y con las que se evaporan ingentes cantidades de recursos públicos. No, el mensaje, el eficaz y posible, se llama prevención general negativa a través del instrumento más poderoso con el que cuenta el poder público: la sanción penal que conlleva la privación de libertad.
¿Cultura de la violación? La de las cárceles y siendo sus víctimas mayoritariamente presidiarios.
