España se homologa con el sanchismo

Ayer se produjo un autogolpe de estado en Perú. Para evitar someterse a un proceso de vacancia -algo así como una moción de censura-, el presidente del país andino, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso, la conformación de un gobierno de excepción y la «reorganización» del sistema judicial con el objetivo de iniciar un proceso de reforma constitucional. 

Mientras muchos españoles asistían incrédulos al fracaso de la intentona y a la detención del mandatario latinoamericano, no eran conscientes de que la gravísima conducta por la que ha sido detenido y será juzgado en exdirigente de Perú, en nuestro país no es constitutiva de delito alguno. 

Efectivamente, España carece de herramientas punitivas para responder ante quienes pretenden subvertir el orden constitucional sin recurrir a la violencia. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de dar la puntilla a una regulación que adolecía ya de profundas lagunas desde que se despenalizó la sedición impropia. Con la derogación de la sedición que ha emprendido el Ejecutivo, no serán delito ni los alzamientos tumultuarios para impedir la aplicación de las leyes o el legítimo ejercicio de sus funciones a las autoridades o funcionarios; ni la conspiración, provocación o proposición para conseguir tales fines.

Pero como los golpes contra el ordenamiento constitucional no se hacen gratis, sino que los financia el erario, el Ejecutivo español se ha puesto manos a la obra para retocar también las penas del delito de malversación: éstas serán inferiores cuando el que distraiga el dinero público no se lucre directamente. O sea, que llevarse los euros a una cuenta en un paraíso fiscal será merecedor de un castigo mayor que usarlos para costear un referéndum de secesión o crear una red clientelar que garantice la perpetuación en el poder del partido del malversador. Vamos de despropósito en despropósito mientras se resquebraja nuestra estructura institucional.

«Si la sociedad española ha deglutido con indiferencia la reducción de condenas a agresores sexuales, tragará con las que beneficien a corruptos»

No es baladí mencionar que, si la despenalización de la sedición tenía apellidos prucesistas, la rebaja de la malversación también lleva uno socialista: el de Griñán. Más allá del caso concreto, lo importante es que el Gobierno está prostituyendo el Código Penal no sólo para procurar impunidad por delitos cometidos en el pasado, sino para garantizarla por los que pudieran acontecer en el futuro. No siempre habitará en Moncloa alguien como Sánchez, dispuesto a regalar indultos y resucitar el derecho penal de autor para aferrarse al cargo. Así que hay que preparar el terreno para que, cuando se marche, Moncloa sea inhabitable y el país ingobernable.

Y es que nadie debe llevarse a engaño, porque si bien es cierto que el objetivo inmediato de esta diarrea legislativa es asegurar la candidatura de Junqueras para los próximos comicios catalanes y evitar que el expresidente socialista andaluz entre en prisión, el propósito a medio plazo trasciende a estos sujetos en particular. Sin Sánchez en el gobierno, la paz social volverá a quebrarse en Cataluña, porque los referéndums se los hacen a la derecha -como ha tenido a bien recordarnos nuestro presidente- y no a todos los españoles. Así que ya saben: el que no quiera tumultos nacionalistas, que vote en consecuencia.

Poco les importa que la reforma del delito de malversación aboque a una rebaja de penas o incluso excarcelaciones a condenados en firme por delitos de corrupción, más allá de las de los implicados en el procés. Si la sociedad española ha deglutido con indiferencia la reducción de condenas a agresores sexuales, tragará con las que beneficien a corruptos. Además, siempre podrán echar mierda sobre los abogados y jueces, como ya viene siendo costumbre.

La monserga mediática que esparcirán los vertederos activistas será la habitual: estas reformas son imprescindibles para homologarnos con Europa. Pero no se lleven a engaño, porque en ningún país europeo se gobierna con chavistas, ni el presidente indulta a sus socios de gobierno o despenaliza delitos para beneficiarlos. Tampoco se designa como magistrado del Tribunal Constitucional al ministro de Justicia que firmó los indultos y pergeñó la reforma punitiva. Sánchez no persigue homologarnos con Europa, sino con el sanchismo.