El origen en el delito

Me gustan poco los refranes y las frases hechas, pero «no nos olíamos la tostada» es una excepción que suelo hacer por su simplicidad e ironía.

Ocurre que, pese al aparente arrepentimiento que tuvo lugar a mediados del pasado mes, la revisión del delito de malversación, en realidad, seguía adelante. Como si hubieran pensado que, tras la abolición de la sedición, iba a parecer excesivo ir a por la malversación de forma abierta.

Pero resulta que el calendario manda y hay prisa.

Total, Pedro Sánchez anunció el día de la Constitución que estudiará la enmienda que presente ERC y que busca volver a poner la existencia de ánimo de lucro como centro del delito.

En lenguaje simple (como el diccionario que María Jesús Montero quiere para los contribuyentes españoles): si necesitas dinero para una campaña, un referéndum o un organismo proindependencia y, para financiarlos, el dinero sale de eso que la Agencia Tributaria gusta llamar «el dinero de todos», pues, en este caso, el uso de fondo públicos sería legal.

Si es para tu enriquecimiento es delito, pero si es por una causa política, no lo será.

Sabemos que la iniciativa viene dada por una exigencia de ERC y que cierra solo sobre intereses secesionistas, pero a ver cómo lo ajustan, que ya hemos visto con la ley del solo sí es sí, que lo que el Gobierno tiene en la cabeza se puede ir de bruces con la realidad.

¿Se imaginan este escenario? Aprueban la ley. Lo celebran («viva la concordia que se vive gracias a los que hacemos») pero, con la misma ley en la mano, Vox podría, llegados a algún Gobierno, utilizar dinero público para financiar campañas que tengan como objetivo echar atrás el sistema de autonomías.

«Es una ley que permite al primer político que pase por ahí financiar con recursos públicos campañas»

Y no es una locura, porque lo que ERC quiere es escindir una (o dos… o tres) regiones. Es decir: ambas intenciones atacarían el Artículo 2 de la Constitución: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Luego esto se amplía en el Título VIII pero, lo importante, es que una ley que permite al primer político que pase por ahí financiar con recursos públicos campañas para trastocar el orden definido en el Artículo 2, puede permitirse hacerlo tanto si busca una escisión como si busca una recentralización… siempre que el legislador quiera ser ecuánime al redactar la ley.

Así que tenemos tres conceptos extraños originados en lo que el Gobierno quiere aceptar de ERC: pagar con dinero público la amenaza a la Constitución; buscar que la idea cale para el independentismo; abrir la puerta a que eso también pueda ocurrir si la intención es la opuesta.

Irónico, ¿verdad? Pero posible, visto el tiro por la culata que ha supuesto la ley de Irene Montero.

Lo que la resiliencia parece olvidar es que la corrupción no depende de la finalidad, sino del origen, del que maneja el presupuesto. Es decir, la malversación se inicia en el momento en el que se desvían fondos públicos, independientemente del destino.

Lo que esta ley pretende, entiendo, es que esos fondos no sean considerados desvíos, sino que el cargo público pueda incluirlo como partida presupuestaria en función de un fin concreto. Luego esto se aprueba en el Parlamento de turno y… hecho.

Vamos, un blanqueo como un piano, pero con un Boletín Oficial de por medio. Por tanto, lo que se está haciendo, es redefinir la corrupción a gusto del cliente.

Es más, este miércoles la ministra Margarita Robles afirmó que «el Código Penal no está para resolver problemas políticos»… y aquí es donde el argumento descarrila al intentar el Gobierno hacerlo razonable.

Porque si hay un conflicto político que sale a la calle y produce desórdenes, o hace que una administración se tome la justicia por su mano, vulnerando los derechos de muchos en vez de protegerlos (y hablo desde el orden a la propiedad), entonces sí interviene el Código Penal, por mucho que la ministra quiera apoyarse en, por ejemplo, esa frase del preámbulo que dice: «El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar».

No creo que los desórdenes públicos, aun propiciados por un gobierno local, supongan un cambio de valores o principios de la sociedad. Suponen un cambio de método del Gobierno y, posiblemente una revolución, pero, como afirma Richard Pipes, «toda revolución no es sino una guerra civil».

«El equilibrio, por tanto, es pasar lo de la malversación cuanto antes para que luego entre en el desván del olvido»

Pero salgamos de la amenaza y volvamos al calendario: reconozcamos una cosa y es que estos temas requieren estar solucionados con tiempo suficiente como para que su recuerdo entre en cuarentena meses antes de las elecciones.

Recordemos también que el PSC de Salvador Illa se percibe en Cataluña como una fuerza de centro moderado y eso Pedro Sánchez lo sabe, igual que conoce lo que podría ser percibido en Cataluña como un sacrificio necesario para lograr la tan argumentada concordia.

El equilibrio, por tanto, es pasar lo de la malversación cuanto antes para que luego entre en el desván del olvido (igual que lo hace el confinamiento, por ejemplo) y salir en febrero-marzo de nuevo con las cuestiones sociales. Para entonces la malversación será un asunto pasado que (y podría ser textual la frase) el PP «explota porque le gusta en la confrontación».

Reduccionismo de venta fácil, en definitiva.