De la Ley a MiLey (firmado, Yo, Sánchez-Puigdemont)

Pudo ser casualidad, pero era 15 de diciembre y la fecha invitaba a rememorar lo mejor de nuestra historia reciente. Un 15 de diciembre de 1976 empezó todo lo que un 15 de diciembre de 2022 la coalición de Gobierno ha decidido empezar a pulverizar. 

El 15 de diciembre de hace 46 años, nuestros padres y abuelos (y los bisabuelos de los más jóvenes junto a los mayores de nuestros amigos) esperaron en paciente y larga fila a que les tocara el turno en unos recién estrenados colegios electorales. Los hoy socios del PSOE pedían un rotundo ‘no’, pero ganó un apabullante ‘sí’. Se votaba la Ley para la Reforma Política, y los coligados de Pedro Sánchez defendían la ruptura. Perdieron aquel 15 de diciembre pero, si no lo remediamos, pueden haber empezado a ganar este 15 de diciembre, ahora con el respaldo del PSOE de Pedro Sánchez

El 15 de diciembre de 1976, con la abrumadora victoria del ‘sí’, se puso en marcha un proceso de reformas legales, sociales y económicas para transformar pacíficamente España, desde la fenecida dictadura hacia una democracia con Estado de Derecho equiparable a las que disfrutaban nuestros vecinos de lo que entonces era Europa Occidental. Es decir, una democracia en la que la ley y la institucionalidad prevalecieran. Lo lograron. Dos años después, también en diciembre, las filas para votar concedieron otro ‘sí’ -otra vez impresionante- a la Constitución de 1978.

Los defensores de la ruptura querían otra cosa. Entonces su modelo estaba en lo que era Europa Oriental hasta el derribo del Muro; lo llamaban democracia popular. Ahora le llaman democracia plebiscitaria y muestra sus habilidades en demasiados países, crecientemente empobrecidos, de América Latina. Es sorprendente que no veamos la férrea ligazón entre el empobrecimiento galopante y la imposición de modelos que ignoran o se ciscan en el Estado de Derecho. 

Llamamos «de la Ley a la Ley» a la transformación que obtuvo el refrendo de los españoles el 15 de diciembre de hace 46 años. Un impresionante cambio legal, social, político y económico que permitió arrumbar sin pena ninguna, en el baúl de los trastos viejos, lo que quedaba del franquismo para empezar a vivir como si aquello hubiera ocurrido en un pasado pretérito. 

Podemos llamar «de la Ley a la MiLey» a la transformación que se acaba de poner en marcha este 15 de diciembre (con inconfundible aroma a los inolvidables 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña), y que pretende liderar aquí Pedro Sánchez. Eso sí, su liderazgo está sometido a la muy visible inspiración (y dirección espiritual) de Pablo Iglesias; al obvio control de Oriol Junqueras (intermediado por el diputado Rufián), y a la vigilancia de Arnaldo Otegi (con sus reagrupados presos). De ahí que a Sánchez se le empiecen a ver costurones de Carles Puigdemont (o del ya olvidado Artur Mas, huyendo en helicóptero en 2011 de los que había jaleado).

«Un 15 de diciembre de 1976 empezó todo lo que un 15 de diciembre de 2022 la coalición de Gobierno ha decidido empezar a pulverizar»

Su MiLey incluye reescribir la historia. No está claro si cómo método para tapar enormidades con ruido, si como vía para ir preparando la nueva historia, o como una combinación de ambas. 

Las enormidades del 15 de diciembre son, básicamente, bien conocidas. Por la vía de enmiendas sucesivas a una proposición de ley de título risible, se colaron tres reformas fundamentales. Dos modificaciones del Código Penal para borrar los delitos de los socios independentistas condenados por sedición y malversación por la intentona de golpe posmoderno del otoño de 2017: la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por el delito de malversación. Y un cambio en el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que reescribe la previsión constitucional sobre ese órgano clave de nuestro sistema institucional, con el obvio propósito gubernamental de vaciar su papel de árbitro y someterlo (también) a su férreo control. 

Como los asuntos no son nimios y el método para aprobarlos hurtaba el estudio y debate necesarios, y tal como se ha hecho con cuestiones mucho menos relevantes en el pasado, el PP y -posteriormente- Vox recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional, que es el árbitro a quien la Constitución encarga dirimir estas disputas. 

¡Ah, no! ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¡Recurrir al árbitro! ¡Qué escándalo! Uno tras otro, los socios del PSOE en su amplia coalición «en la dirección del Estado» iniciaron un concurso de improperios contra los magistrados del Tribunal Constitucional con la infame cantinela compartida de tildarles de «golpistas con toga». Es un escalón más desde el «fachas con toga» que la coalición dedica a los jueces que no son, a su juicio, suficientemente progresistas. 

La cosa podría haber quedado ahí si el PSOE, como socio fundamental del Gobierno y partido de larga trayectoria constitucional, se hubiera quedado al margen. Pues no. Entró de hoz y coz. En la Tribuna del Congreso se ocupó el diputado Felipe Sicilia, como designado portavoz para la ocasión. 

Sicilia dijo textualmente: «Hace 41 años la derecha quiso parar un Pleno del Congreso y parar también la democracia. Y lo hizo con tricornios. Hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido». Ahí es nada. Un diputado del PSOE reescribiendo el golpe del 23-F, que se dio contra un Gobierno de UCD (centro-derecha). En la memoria gráfica que los españoles tienen de ese día se ve cómo Adolfo Suárez (presidente del Gobierno) y Manuel Gutiérrez Mellado (ministro de Defensa) se encaran a los golpistas, que llegan a zarandear al ministro. Por cierto, se estaba debatiendo la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo tras el anuncio de dimisión de Suárez; los dos de UCD. Pues da lo mismo. Según el diputado Sicilia «la derecha quiso parar un Pleno del Congreso y también la democracia. Y lo hizo con tricornios». 

Para que no quedara duda de que Sicilia es solo un peón de Sánchez, muy pocas horas después su jefe abundó en las acusaciones. Sánchez habló de «complot» de la oposición, de «secuestro del Tribunal Constitucional», de «un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la derecha política sino también la judicial», y se erigió a sí mismo como último garante de la democracia. 

Él es el garante, pero no sólo. También es el creador. El sábado nos contó que la Constitución es obra del PSOE: «Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa». 

El alumbramiento, como es bien sabido, tuvo siete padres y solo uno, Gregorio Peces-Barba, era del PSOE. No lo eran los tres de UCD: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y José Pedro Pérez Llorca. Tampoco lo era Manuel Fraga, de AP. Ni Jordi Solé Tura, del PCE. Ni tampoco Miguel Roca, de Minoría Catalana. De los siete, al menos cuatro eran de esa derecha que Sánchez denosta porque «estaba a otra cosa». El alumbramiento también contó con dos matronas: Alfonso Guerra, quizá el socialista hoy más crítico con Sánchez, y Fernando Abril Martorell, de UCD. Pues nada; «a otra cosa». 

Tan prolífica reescritura de la historia constitucional española hace mucho ruido pero, posiblemente, el barullo no sea su único propósito. No es impensable que sea una forma de pavimentar una nueva historia constitucional que, con elegante suavidad, avanzó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en su discurso del día de la Constitución. Es una nueva historia que está previamente adelantada en el Manual de resistencia que firma Sánchez y nadie ha leído. Y es, sobre todo, una nueva historia que cumple con las exigencias de los rupturistas que perdieron hace 46 años.

El capítulo ‘Continuar la historia‘ del célebre ‘Manual de resistencia‘ empieza así: 

«Siempre he pensado que necesitamos una renovación del pacto constitucional». Luego dice que «el PSOE es el único partido que puede hacerlo». Faltaba más. Pero después viene algo más relevante. Se pregunta cómo hacerlo y se contesta: «Le doy más importancia al contenido que a la forma de llevarlo a cabo». O sea, no esperemos enterarnos de que estamos en una legislatura constituyente hasta que ya esté todo hecho. Más claro: «No hay que cerrar una reforma en cuatro años. Abramos un proceso que se inicie ahora y acabe en seis, ocho o diez años, pero que se vayan dando pasos». ¡Qué kafkiana afición le tienen a «los procesos»!

Enseguida aclara que la reforma constitucional que él quiere «no puede ser un entendimiento PP-PSOE porque eso equivaldría a no haber entendido el mensaje de la ciudadanía». Y, luego, otra clave: «Se trata de pasar de una Constitución institucional -que fue imprescindible para consolidar nuestra estabilidad democrática- a una Constitución más ciudadana». Por eso le sobra el Tribunal Constitucional, entre otros… ¿Sobra el Rey? Casi seguro. En una democracia plebiscitaria no hacen falta ni árbitros ni instituciones. En realidad, tampoco hace falta el imperio de la ley, porque tendríamos el Imperio de Su Persona, Garante de la Democracia.

El Manual aún cuenta más cosas: federalismos, Constitución del siglo XXI y no del siglo XX, ser un ejemplo para Europa… En fin, pasar a la historia por algo más que por desenterrar a Franco. 

Quizá -ojalá- estemos solo ante las ensoñaciones de un megalómano enamoradísimo de sí mismo. Pero él sueña su MiLey, en la que no caben «la derecha y la extrema derecha». Su MiLey cumplirá el sueño de los rupturistas del 76. No padecerá instituciones del siglo XX, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Será una MiLey con un Parlamento tan hueco como su PSOE, porque en ambos habrá completado la taxidermia en la que es experto. En su MiLey, como en la de cualquier Puigdemont de la vida, podrán proclamarse repúblicas de ocho o muchos más segundos. 

Eso sí, seremos cada día más pobres. Esto es lo único que está plenamente garantizado. Y no solo porque el menguante patrimonio de los españoles tendrá que financiar boyantes matrimonios a lo Nadia Calviño. Eso ya ocurre. Incluso sin el advenimiento de su MiLey somos más pobres que antes de la pandemia… Imaginen con el feliz advenimiento de su MiLey.