El enésimo «escudo social»
«Este nuevo paquete de asistencialismo tiene defectos de planificación, dispersión de medidas y determinadas injusticias sociales»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Había anunciado el presidente del Gobierno una comparecencia con dos objetivos que, respectivamente, eran realizar su balance de 2022 y anunciar las nuevas medidas anticrisis aprobadas en Consejo de Ministros. La verdad es que da una considerable pereza someterse a la tortura de escuchar las valoraciones que de sí mismo y de su gabinete suele realizar Pedro Sánchez, pues supone siempre asistir a un déjà vu. Todo lo realizado por él y su Gobierno está bien hecho y si algo ha salido mal, ya se sabe, es culpa de la oposición. Tiene bemoles que acusara repetidamente a esta de incumplir la Constitución tan solo escasos días después de que el Tribunal que vigila su cumplimiento haya tenido que evitar una maniobra del Gobierno de Sánchez contraria a la Carta Magna. Sí tenía interés escuchar las medidas que hubiera aprobado el Gobierno para conformar su enésimo «escudo social» para combatir los efectos de la crisis y, ciertamente, no por esperadas casi todas, deja de tener interés una reflexión sobre ellas.
Empezando por los cambios en el IVA, Pedro Sánchez anunció su supresión temporal en la venta de alimentos de primerísima necesidad, así como la reducción del tipo de gravamen -del 10% al 5%- en el aceite y en la pasta. Bienvenidas sean ambas decisiones, si bien la segunda se queda corta al no aplicarse a otro tipo de alimentos básicos. En todo caso, es obligado recordar que la rebaja del IVA fue propuesta y solicitada hace semanas resultando entonces ninguneada por el Gobierno y su entorno. Lo que entonces era regresivo hoy es progresista, curiosidades del sanchismo. Adicionalmente, el escaso periodo de tiempo en el que los ofertantes deben ajustar los precios de los productos para aplicar las rebajas creará dificultades que hubieran podido evitarse con una acción de gobierno más previsora.
Siguiendo con las medidas, Sánchez anunció la entrega de un nuevo cheque -esta vez de 200 euros- a los más vulnerables como ayuda para afrontar la elevación del precio de la cesta de la compra, afirmando que los beneficiados serán cinco millones de españoles. No está de más recordar que, con motivo de otro cheque-ayuda que anunció este verano, afirmó que iban a ser dos millones los agraciados y finalmente lo recibieron solo medio millón de ciudadanos. Veremos si esta vez prima la eficacia en la gestión o el marketing político. También comunicó Sánchez la continuidad del aumento del 15% en el ingreso mínimo vital y en las pensiones no contributivas.
Por cierto, con este carrusel de cheques, ayudas, y subsidios, y en función de como se delimita el derecho a su percepción, es más que probable que el Gobierno esté cometiendo una gran injusticia social al provocar el llamado «error de salto» en la renta disponible de los españoles. Me explico, existe un gran número de personas que por superar solo ligeramente los límites fijados para la percepción de estas regalías se quedan privados de todas ellas, pudiendo suceder -personalmente creo que así sucede- que, una vez repartidas, aquellos que disponían de rentas inicialmente inferiores a las suyas pasan a tener finalmente una renta efectiva mayor. Es lo que tiene hacer las cosas mal y de manera dispersa. Pero eso sí, esta inflación de sucesivas, reducidas y dispersas ayudas puede acabar siendo socialmente injusta, pero en términos de marketing político para Sánchez tiene un considerable valor, y de eso se trata.
«No es discutible que arrendar una vivienda es caro en las ciudades españolas, pero el problema social que ello supone no deben sufragarlo los propietarios»
También se confirmó ayer que, cediendo a la presión de Podemos, el Gobierno Sánchez ha decidido prolongar el castigo a la multitud de pequeños propietarios de viviendas adquiridas tras muchos años de ahorro con objeto de complementar su sueldo o su pensión con el importe del arrendamiento. Pues bien, la prórroga del injusto límite del 2% en la actualización del precio del alquiler supone que todos ellos seguirán viendo disminuir en términos reales la renta que genere su ahorro. El Gobierno presume de ayudar así a unos ciudadanos -los inquilinos- cuando el coste de la fiesta la pagan otros -los propietarios. No es discutible que arrendar una vivienda es hoy ciertamente caro en los grandes municipios españoles, pero el problema social que ello supone no deben sufragarlo los propietarios. Además, una intervención tan grosera en el mercado de alquiler supondrá -está suponiendo- una reducción en la oferta de viviendas para arrendar y una exigencia de precios más altos en los nuevos arrendamientos, cuestiones ambas que agravan el problema de fondo. Una vez más, lejos de ir al quid de la cuestión, el Gobierno se queda en la propaganda, amén de dañar injustamente los derechos de muchos ahorradores españoles.
Por lo demás, se ha decidido prorrogar medidas ya vigentes como la rebaja del IVA de la electricidad y del gas -otra propuesta de Núñez Feijóo-, y la gratuidad en determinados trayectos de RENFE o la rebaja del 30% precio del transporte público urbano e interurbano según los casos. No obstante, condicionar la aplicación del citado 30% a que la correspondiente Comunidad aplique una rebaja complementaria resulta insólito, pues supone que el Gobierno de España dará un tratamiento diferente a los españoles según el territorio en el que residan. Por el contrario, desaparece con carácter general la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, subsistiendo solo para determinados sectores económicos.
En definitiva, se trata de un nuevo paquete de asistencialismo, sí, pero con defectos de planificación, con dispersión de medidas y con determinadas injusticias sociales. Pero estos defectos no impedirán que se despliegue otro volcán de marketing político desde la Moncloa y, a lo peor, eso es lo que más le importa a nuestro presidente de Gobierno.
