Deterioro legislativo

La degradación legislativa es causa y consecuencia de la degeneración democrática e institucional. Los mismos españoles que jamás se pondrían en manos de un panadero o de un interiorista para someterse a una intervención quirúrgica, encomiendan fervorosos la legitimidad para ordenar las pautas de nuestra convivencia a quienes carecen de los conocimientos y de la voluntad para hacerlo. Porque legislar es como operar: no debería hacerlo cualquiera. Tanto es así que la cantidad y la calidad legislativa son un termómetro democrático, pues de ambos parámetros depende en buena medida la virtualidad de uno de los principios informadores de nuestro ordenamiento: la seguridad jurídica.

En un buen legislador han de concurrir importantes dosis de formación técnica, de experiencia profesional, de sentido común y de escrúpulos. Pero mientras que las dos primeras cualidades se pueden adquirir mediante el trabajo y el estudio, las dos últimas son innatas a la persona. Que nuestros representantes electos en las Cámaras legislativas no reúnan los requisitos técnicos no debería de ser un inconveniente, pues existe una élite de servidores públicos a la que pueden recurrir para dar forma normativa a su voluntad legisladora: asesores, comisiones de codificación, consejos consultivos, etc.

El problema llega cuando quien decide legislar no sólo carece de la pericia necesaria para hacerlo, sino del discernimiento para asumir tal limitación, lo que le conduce a despreciar a los expertos y reemplazarlos por activistas y palmeros. El resultado es, como no puede ser de otra manera, nefasto. Porque las malas leyes tienen malas consecuencias, más aún si su objeto guarda relación con cuestiones sensibles. Una ley de calidad deficiente aleja inversiones, cierra negocios, censura opiniones, rebaja penas a violadores condenados y despenaliza los golpes de Estado que se ejecuten sin violencia.

«Auténticos agitadores cuya principal misión es convertir el BOE es una herramienta revolucionaria»

Tras leyes como la del solo sí es sí o la llamada ley trans, se oculta un profundo desprecio tanto por el sistema de producción legislativa que diseñó el marco constitucional, como por los profesionales que lo integran. Por eso este proceso de colonización institucional en el que vivimos inmersos no se caracteriza simplemente por el reemplazo de unos técnicos más o menos afines por otros, sino por la colocación de auténticos agitadores cuya principal misión es convertir el BOE es una herramienta revolucionaria que dote de virtualidad a sus delirios ideológicos y allane el camino a sus aspiraciones de poder.

Nuestros actuales legisladores prefieren el real decreto a la ley o la proposición de ley al proyecto de ley porque asumen que la mayoría parlamentaria que ostentan les habilita para repudiar a los contrapesos que también existen en los procedimientos de producción normativa, desnaturalizando así su función. Según publicaba el pasado mes de noviembre Maldita.es, Pedro Sánchez lleva aprobados un total de 132 reales decretos leyes en poco más de cuatro años, seguido por Felipe González con 129, si bien éste estuvo 13 años y medio en el cargo. Dime cómo legislas y te diré cómo gobiernas.

Y si durante la tramitación del proyecto de ley del solo sí es sí soslayaron las numerosas advertencias de los diferentes consejos consultivos, para la modificación del Código Penal que beneficia a sus socios catalanes optaron por la proposición de ley para evitar que aflorasen los argumentos técnicos que pudieran desmontar el relato sobre el que pretenden sostener la infamia: la europeización punitivista.

Llarena ya ha institucionalizado en el nuevo auto de procesamiento contra Puigdemont y cía lo que muchos se han negado a reconocer: que la secesión unilateral y sin violencia de parte del territorio español ya no es un delito. Ni encaja en la rebelión ni en los nuevos desórdenes públicos agravados. España es un país con respuestas punitivas para quien conduce un vehículo tras haber perdido los puntos del carné (art. 384 del Código Penal), pero no para un presidente autonómico que convierte una autonomía en república y nombra ministros a sus consejeros. 

Se consagra así una incoherencia interna de nuestro sistema penal que profundiza en la desproporcionalidad y en la desigualdad: los que afirman gobernar para «la gente» han despenalizado conductas en beneficio de esa casta política que decían venir a combatir.

«La ‘ley del solo sí es sí’ he revisado las condenas de más de 250 agresores sexuales»

Pero el empeño en eludir dictámenes e informes críticos les puede haber jugado la misma mala pasada que cuando aprobaron la ley de libertad sexual ignorando todas las advertencias: que el efecto de aplicar la reforma de la malversación no sea el inicialmente buscado. Si la ley del solo sí es sí ha revisado las condenas de más de 250 agresores sexuales, la rebaja de la malversación puede que no consiga aligerar las penas por corrupción a los golpistas catalanes, afirma Llarena que el nuevo subtipo atenuado no resulta de aplicación a los independentistas, pues no se limitaron a dar al dinero una «aplicación pública diferente» a la que estaba destinado, sino que se empleó en fines ilícitos, concretamente para la comisión de un delito.

Cierto es que cabe interpretar que, desparecido el delito en el que se empleó el dinero, Puigdemont y los suyos sí que podrían invocar retroactivamente la aplicación del tipo rebajado de malversación.

En manos de la Sala Segunda recae ahora la decisión de confirmar el auto de Llarena tanto en lo tocante a la malversación como a la posibilidad de reconducir la sedición a desórdenes públicos, como solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En cualquier caso, se trata de un debate que no deberíamos de estar manteniendo porque la infamia de asaltar el Código Penal para procurar una suerte de amnistía encubierta a sus socios de gobierno jamás se tendría que haber producido.

Sé que la moda pasa por escribir sobre el aborto, los latidos fetales y las propuestas electorales, pero en lo que a mí respecta, es como pedirme que hable sobre el dedo que nos distrae para que no miremos a la Luna. Lo que han hecho y están haciendo con nuestro Estado de Derecho es de extrema gravedad y me temo que la mayoría no es consciente del alcance y de las implicaciones que muchas de estas reformas van a tener en aquello que nos debería realmente preocupar: el actual deterioro legislativo ha fracturado el marco de la convivencia constitucional y por la brecha que se ha abierto pretenden regresar antiguos conocidos, tan familiares como indeseables.