El aborto que vino para quedarse

«Aborto hubo y habrá», me soltó mi abuela Lola, manchega nacida a principios del siglo XX, cuando le conté que las feministas españolas iban a exigir una ley para la interrupción legal del embarazo. Era una tarde de 1981 en su casa. No levantó ni una ceja, menos aún se mostró alarmada. Pensó un poco, me miró y dijo: «Mientras aprueban la ley, que sepas que si algo va mal, en la parte alta de Barcelona hay clínicas donde abortas sin desangrarte». Me quedé pasmada. Mientras merendábamos migas con uvas, seguí con mi tabarra progre: que iba a ser gratuito, en la sanidad pública, que las mujeres íbamos a ser libres y que las farmacias repartirían anticonceptivos sin trabas… Siguió sin inmutarse, con su eterna media sonrisa escéptica. Nunca creyó mucho en las leyes de los hombres ni en las de Dios. Sobrevivía y no juzgaba. 

Mientras la nueva norma se debatía y la Transición avanzaba, decidí dejar España y me asenté en Londres, donde el aborto estaba legalizado desde 1967. Como iba y venía, acabé convertida en conductora de embarazadas que no habían conseguido una receta de anticonceptivos a tiempo. En cada viaje entre Barcelona y Londres, alguna amiga me pedía plaza en el coche y cama para recuperarse en mi piso compartido. Es lo que había: mucha juventud, bastante ignorancia, amores cortos y apasionados, falta de educación sexual, familias muy carcas, miedo a pedir  preservativos en la farmacia… Qué les voy a contar. 

La nueva norma, que legalizaba solo algunos supuestos, se aprobó en 1985, pero tardó años en ponerse en marcha. Recuerdo un artículo de El País de entonces titulado  El aborto que viene. Era de un médico que  hablaba de la mujer libre y responsable, la que puede decidir entre seguir con el embarazo o interrumpirlo. Yo pensaba que, con el tiempo y los innumerables cambios de aquella España nuestra, el aborto sería menos necesario, se utilizaría  en circunstancias puntuales. Los anticonceptivos, la sanidad gratuita y la educación contribuirían a ello. La realidad es que vino para quedarse, aunque algunas ministras, se empeñan hoy en vendernos derechos ya conquistados hace décadas.   

«Solo el 15% de los abortos se realizan en la sanidad pública»

Durante el mandato de Rodríguez Zapatero, en 2010, esa primera y complicada norma de supuestos se cambió por la Ley de Plazos, que permite abortar libremente durante las primeras 14 semanas y hasta la 22 si hay riesgo para la vida de la embarazada o anomalías fetales graves. Eso sí, la mayor parte de los centros que llevan a cabo las interrupciones siguen siendo  privados o concertados. Solo el 15% de los abortos se realizan en la sanidad pública. Entiendo que algunos médicos, enfermeras o parteras prefieran objetar. Están, también ellos, en su derecho. 

Al siglo XXI y hasta la ley de Zapatero llegamos sin grandes problemas judiciales o políticos en torno al aborto. Luego, diversos partidos volvieron a abrir la caja de Pandora. Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del PP,  intentó en 2013, acabar con la norma de plazos y volver a una de restringidos supuestos. Sus creencias religiosas, también algo de tozudez, le costaron la cartera. Mariano Rajoy entendió que no valía la pena ir contra buena parte de sus votantes (mujeres y jóvenes), aunque el PP mantuvo su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Plazos. Llevamos 12 años esperando sentencia. 

La normativa actual, más allá de las convicciones de cada cual, ha funcionado sin generar problemas. Pero en octubre la ministra Irene Montero anunció una propuesta, que aún ha de pasar por el Senado, en la que acaba con la necesidad de que las embarazadas menores de edad informen a sus padres antes de abortar. O sea, que a los papis solo se les avisará si la intervención se pone fea. Esa idea irrita a buena parte de votantes del llamado bipartidismo. 

Para acabar de rematar el lío, a los líderes de Vox en Castilla y León se les ha ocurrido que, en su comunidad, las mujeres escuchen los latidos del feto antes de abortar y que las ecografías sean en 4D. Una iniciativa que solo complicaría la vida de médicos, comadronas y centros de salud. 

«Según una encuesta de Ipsos, el 83% de la población española está a favor de mantener una legislación que permita el aborto»

Últimamente, en esos días que me parecen años, quiero que los políticos se estén quietos, que no inventen ni creen problemas. En definitiva, que se abstengan de inventar leyes, de cambiar las que funcionan a toda prisa y antes de las elecciones. Según una última encuesta de Ipsos, el 83% de la población española está a favor de mantener una legislación que permita el aborto. Son cuatro puntos menos que hace cinco años, pero sigue siendo un porcentaje alto. La mayoría de expertos en opinión pública consideran, con razón, que la actitud ante el aborto, al igual que la eutanasia, no es de izquierdas ni de derechas, sino una cuestión moral. 

La próxima semana está previsto debatir la sentencia al recurso de la Ley de Plazos en un Tribunal Constitucional renovado y de mayoría progresista. A los dos grandes partidos, PP y PSOE, les convendría un acuerdo que dejara la ley en paz. De hecho, casi todos los países europeos tienen normas de plazos parecidas.  

Llegué a pensar que, con educación sexual en los colegios, libre acceso a los anticonceptivos y  fácil receta para la píldora del día después, las interrupciones de los embarazos disminuirían. Pero estamos estancados en unos 90.000 abortos al año. En vez de dedicar el tiempo a escuchar latidos o a redactar normas que pasan por encima de las familias, convendría invertir más recursos en sanidad y en educación. Expliquen a las adolescentes que el aborto no es un anticonceptivo, sino una operación traumática física y mentalmente. El aborto es un derecho desde los años 80 y seguirá siéndolo; pero a ninguna mujer le gusta pasar por eso.