La peligrosa ideología del 'solo sí es sí'
«La agitación por el caso de La Manada perseguía hacer irreconciliables las reivindicaciones del feminismo con las garantías del Estado de Derecho»
Manifestación feminista en Madrid. | Europa Press
Que el eslogan del solo sí es sí sea al fin ley nos ha salido muy caro a todos, pero especialmente a las víctimas, cuya ansiedad y desazón ante la posibilidad de que su violador sea el siguiente en ver revisada la condena debería ser motivo suficiente para que dimitiesen todos y cada uno de los que, con su voto en el Congreso, permitieron que se aprobase la ley insignia de Igualdad.
Pero nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad por el daño cometido y se han enfrascado en una trifulca electoralista: el PSOE se lava las manos achacando los «efectos indeseados» de la ley a las carencias legislativas de la ministra Irene Montero, mientras que desde la formación morada se insiste en las bondades de la ley. Todo ello recurriendo a argumentos preñados de desvergonzadas e insultantes mentiras que se solapan entre sí, cuando no les llevan a incurrir en manifiestas contradicciones.
Pero como ya he dicho y escrito mucho al respecto, prefiero dedicar estas líneas a dar respuesta a una pregunta que me formuló mi compañera de podcast, Esperanza Aguirre, tras convenir ambas el sinsentido y la falsedad de las excusas dadas por los ministerios de Justicia y de Igualdad para justificar la ley: ¿por qué ese empeño en reformar los delitos sexuales?
Contrariamente a lo que la propaganda gubernamental sostenía y sostiene, la modificación jamás persiguió colocar el consentimiento de las mujeres en el centro de la regulación penal, más que nada porque ya estaba en el centro. Siempre estuvo ahí y para comprobarlo bastaba abrir un Código Penal o consultar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta cantinela del consentimiento es la coartada con la que pretenden diluir sus respectivas culpas y distraernos de la verdad: la reforma de los delitos contra la libertad sexual era innecesaria y los motivos que la impulsaron no eran jurídicos, sino políticos.
«Para la abanderadas de aquel ‘Me Too’, el orden liberal oculta un ‘contrato sexual’ que se nos impone a las féminas»
Toda la artificiosa agitación social creada en torno al caso de La Manada perseguía trasladar el relato de una sociedad española machista arbitrada por los designios de un patriarcado judicial que desprotegía a las mujeres, haciendo irreconciliables las reivindicaciones del feminismo identitario con las garantías del Estado de Derecho.
Efectivamente, para las abanderadas de aquel Me Too, las reglas del juego del orden liberal se construyen sobre los cimientos de una economía de mercado sustentada sobre un concepto de igualdad que oculta un «contrato sexual» que se nos impone a las féminas. Uno de los referentes filosóficos de este movimiento es Carole Pateman, muy crítica con las democracias liberales, que afirma que el derecho patriarcal de los hombres sobre las mujeres se establece a partir de un pacto, de un contrato social, de forma que la libertad civil no es universal, sino un atributo masculino que depende del derecho patriarcal: «Para las feministas la democracia no ha existido jamás».
Prueba de que todo este artefacto ideológico se trasladó al BOE utilizando la ley del solo sí es sí como vehículo, es que en el anteproyecto se contemplaba la exigencia de un consentimiento explícito cuya prueba recaía en el acusado, vulnerando así la presunción de inocencia. Su manifiesta inconstitucionalidad determinó su supresión, si bien sólo de la parte punitiva.
En la llamada parte administrativa de la ley, el eslogan de «hermana, yo sí te creo» está muy presente, hasta el punto de que para acceder a las numerosas prestaciones económicas y asistenciales que contempla la ley, basta que la mujer manifieste ante los servicios sociales que está considerando interponer una denuncia. Ni tan siquiera una sentencia absolutoria es óbice para obtener estas ayudas, entre las que se encuentra un pago único -que ronda los 3.000 euros-, el acceso preferente a la vivienda, o la obtención de un permiso temporal de residencia si la solicitante está en situación irregular.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de primar una resolución administrativa emitida inaudita parte a las sentencias dictadas tras un juicio celebrado en el seno de un procedimiento judicial con todas las garantías. Conseguir con la burocracia aquello que la legislación penal liberal no les permite: institucionalizar el Me Too y degradar socialmente la presunción de inocencia, principio civilizatorio liberal ausente en cualquier sistema totalitario. Pero jugar a la revolución cultural usando el BOE como herramienta está teniendo consecuencias nefastas.
«Cuantos más incentivos perversos se generen para formular la solicitud, más escasez de recursos sufrirán las que lo necesitan»
Al igual que ha sucedido con la reforma penal, esta parte de la ley acabará perjudicando a quienes siempre debieron estar en el centro del pensamiento de nuestros legisladores: las víctimas. Cuantos más incentivos perversos se generen para formular la solicitud, más esperas, trabas y escasez de recursos sufrirán las que de verdad lo necesitan.
Los alegatos a favor de la colectivización de los delincuentes sexuales que realizó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en el aquelarre organizado por Podemos el pasado domingo para santificar la ley del solo sí es sí, son peligrosos: tanto la víctima como su agresor tienen que ser individualizados, para que la asistencia a la primera y la respuesta penal y penitenciaria al segundo sean los que les corresponden. La colectivización de la responsabilidad del delito, amén de nauseabunda, profundiza a menudo en la injusticia y en la distracción de los medios personales y materiales necesarios para prevenir y reparar.
La regulación de los delitos sexuales del Código Penal del 95 era buena, estaba bien hecha. Prueba de ello es que el mismo PSOE que vendió la ley del solo sí es sí como una victoria del movimiento feminista que venía a agravar las penas a los violadores, parece ahora habérsela leído y concluido que el modelo anterior era mejor. Porque la reforma que proponen implica, básicamente, recuperar no los nombres, pero sí la estructura y las horquillas de las penas.
Eso sí, por muy necesaria que sea esta reforma de la reforma, me permito disuadir a la oposición de dejarse arrastrar por la tentación de apoyarla si el cauce parlamentario elegido no es el del proyecto de ley, en la medida en que en su seno se dará voz a todos los consejos y comités que fueron ignorados con el solo sí es sí. Es primordial que esta ley se construya sobre la opinión de los verdaderos expertos y no del cortoplacismo electoralista que ahora interesa a los socialistas.
