Un Estado desprotegido
«El sanchismo ha despenalizado los golpes de Estado ejecutados sin violencia o, dicho de otra forma, el referéndum secesionista del 1-O»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EP
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes lo que el relato gubernamental llevaba semanas empeñado en soslayar: el sanchismo ha despenalizado los golpes de Estado ejecutados sin violencia o, dicho de otra forma, los referéndums secesionistas como el que tuvo lugar en Cataluña en octubre de 2017.
Mediante la concesión del indulto parcial a los golpistas catalanes en junio de 2021, el Gobierno se propuso demostrar a sus socios independentistas que no existe nada por encima de la voluntad del jefe del Ejecutivo, ni tan siquiera la división de poderes. Pedro Sánchez se permitió tildar al Supremo de vengativo y señaló a la justicia como obstáculo para la convivencia entre los catalanes. Con la derogación de la sedición y reforma de la malversación el pasado diciembre, el Gobierno pretendió no sólo corregir de nuevo al tribunal sentenciador, sino abaratar a sus apoyos parlamentarios las consecuencias penales de una nueva consulta.
«Es posible que los procesistas afectados lleven el asunto al Constitucional, donde es más que probable que la mayoría progresista acoja sus pretensiones»
Pero al igual que ha sucedido con la infausta ley del sólo sí es sí, la ineptitud legislativa de este Gobierno les ha vuelto a jugar una mala pasada en lo que a la rebaja de las penas por malversación se refiere. Efectivamente, y al contrario de lo que el sanchismo pretendía, financiar con dinero público un referéndum ilegal no permite aplicar el nuevo tipo atenuado de malversación, lo que hubiera determinado la extinción de las condenas por inhabilitación que se mantuvieron con el indulto. Al igual que mantuvo Llarena, sostiene la Sala presidida por Marchena que desviar fondos para fines delictivos no puede merecer un tratamiento penal más favorable que el apropiárselos para enriquecerse: «Sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica -en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente- pueda ser castigado con una pena de multa».
Es muy posible que los procesistas afectados lleven el asunto al Constitucional, donde es más que probable que la nueva mayoría progresista liderada por Conde Pumpido acoja sus pretensiones y avale que, desaparecido el carácter delictivo de la actividad financiada tras la derogación de la sedición, el carácter medial de la malversación cometida determina la aplicación de las penas rebajadas previstas en la última reforma del Gobierno. Cierto es que no puede descartarse un nuevo indulto o hasta una nueva modificación de la sedición, porque con el sanchismo cualquier cosa puede pasar. Pero no creo que Pedro quiera manchar sus manos de esa manera en periodo electoral cuando si para algo colocó a Cándido en el TC fue, precisamente, para que le hiciese este tipo de trabajos sucios.
«Matar a escobazos a un ratón será delito, pero proclamar la república catalana desde el balcón de la Generalidad de Cataluña, ya no lo es»
Malversaciones e inhabilitaciones aparte, a mí me llena de preocupación que, como he venido escribiendo en este medio desde hace meses, los referéndums secesionistas que se celebren sin mediar violencia o intimidación no sean ya merecedores de ningún reproche penal en nuestro país: matar a escobazos a un ratón será delito, pero proclamar la república catalana desde el balcón de la Generalidad de Cataluña, ya no lo es. Durante esta legislatura, Sánchez ha pervertido la proporcionalidad sobre la que se construía nuestro Código Penal para complacer a sus socios de gobierno y apoyos parlamentarios y los resultados son y van a ser infames.
La implacable sentencia en la que culminó el procés, y el buen hacer de quienes intervinieron en su redacción, constataron ante Europa y el mundo que España es un Estado de derecho consolidado y garantista capaz de responder firmemente ante quienes pretendían subvertir el marco constitucional, pero sin apartarse ni un milímetro de la legalidad. El sanchismo ha demolido ese magnífico trabajo a cambio de unos meses más en la poltrona.
«…financiar con dinero público un referéndum ilegal no permite aplicar el nuevo tipo atenuado de malversación…» dice el TS y la articulista lo repite. Pero a uno y a otra, pese a ser todos letrados (los primeros, de alto copete) se les olvida explicarnos a los legos por qué no se puede. También se le olvida a Zarzalejos hoy en El Confidencial, y eso que también es jurista. A lo mejor es que no es tan fácil inventarse una razón para no aplicar una ley en vigor. Se recuerda (eso lo sabemos hasta los que no somos abogados) que los tribunales, incluido el TS, ni son comentaristas políticos ni hacen las leyes sino que, en teoría al menos, se deben limitar a aplicarlas.
Entre los seguros efectos negativos de esta peculiar sentencia, además de que irán en sentido contrario a lo que los sentenciadores pretenden con ella, destaco esto: el fallo contribuirá a unir de nuevo a unos separatistas hoy reñidos unos con otros y hará mucho más difícil que la justicia europea acceda a las nuevas peticiones de Llarena. Al tiempo.
Sra, si bien es cierto que es el gobierno, también es que constitucionalistas como su compañero en este medio han contribuido desde hace mucho a que este país se convierta en otra Yugoslavia o Ucrania. Pregunte al constitucionalista De Carreras por el informe que firmo elaborado por Santiago Muñoz para «solucionar el conflicto político». O si no quiere haga la pregunta a Cayetana que lo critico en su blog y en un medio tras su publicación en el C. C. de Opinión donde estaban De Carreras, Zarzalejos «el confi» y Muñoz entre otros firmantes.
Sra, no haga trampas y señale a todos no solo a los que a usted la interesa, eso es muy malo para ser usted abogada.
Sra. ya que puede hable con De Carreras que le explique y que yo solo la informo de lo que el dijo.
«Francesc de Carreras y Núria de Gispert, en la comisión parlamentaria»
«Francesc de Carreras ha presentado, este martes en el Parlamento autonómico, su propuesta por la que se desencallaría el órdago presentado por los partidos nacionalistas en relación a la intención de convocar un referéndum de independencia….. ha planteado la opción de llevar a cabo «una consulta» no vinculante jurídicamente pero sí «políticamente» en Cataluña a través del artículo 92 de la Constitución. »
«Si en esta consulta ganase el sí, Gobierno y Generalitat tendrían que sentarse a negociar la forma en la que se llevaría a cabo la secesión. Tras el acuerdo, se tendría que reformar la Constitución. »
«De Carreras, que ha acudido a la comisión a petición del PSC
el catedrático ha planteado lo que desde su punto de vista sería una salida al embrollo propuesto por los partidos nacionalistas. Esta se basaría en utilizar el artículo 92 de la Carta Magna y permitir que se celebre una consulta en Cataluña, una consulta no vinculante, para conocer «el apoyo que puede tener la independencia» y que serviría «solo» para saber «la opinión de los catalanes, más allá de sondeos electorales y manifestaciones».
«Para que esta consulta tuviera lugar legalmente, De Carreras ha señalado que habría que pactar unas condiciones previas (porcentaje de participación, porcentaje de aprobación, pregunta clara, posible negociación posterior…) y crear unas condiciones de «información» a la ciudadanía de las consecuencias del sí y del no. Unas condiciones que ahora mismo no se darían en Cataluña.»
«Tras esta consulta, y en caso de que ganase el sí cumpliendo las condiciones pactadas, el Gobierno y la Generalitat tendrían que sentarse a negociar.» «Apliquemos los criterios de la doctrina canadiense, negociemos: activos y pasivos, las fronteras, las garantías por parte de Cataluña de que firmará todos los tratados internacionales de respeto a los DDHH…», ha añadido.
«Si se llegase a un acuerdo entre las dos partes, sería necesario e imprescindible la reforma de la Constitución por el trámite largo, es decir, disolución de las Cortes Generales y elecciones, ratificación de las nuevas cámaras y referéndum a la ciudadanía.»
«un derecho te lo tiene que dar una ley; si no hay ley, no hay derecho”