Sedición: otro atropello legal irreversible
«La derogación de la sedición ha creado un vacío punitivo cuya consecuencia es la despenalización de los referéndums secesionistas sin violencia»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al 'president' Pere Aragonès ante Ada Colau. | Europa Press
Tengo la angustiosa impresión de que los españoles no son conscientes de la trascendencia que tiene para nuestro país lo declarado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el auto dictado el pasado lunes. En la resolución se advierte que la derogación de la sedición ha creado un vacío punitivo cuya principal consecuencia es la despenalización de los referéndums secesionistas sin violencia. Lo que traducido del lenguaje jurídico al eslogan político vendría a ser algo así como que los golpes de Estado como el que tuvo lugar en Cataluña en octubre de 2017 ya no son delito.
Otra vez el poder judicial desmontando el relato gubernamental que nos pretendía convencer de que esto no iba de impunidad para los socios de Sánchez, sino de llamar desórdenes públicos agravados a lo que, desnortadamente, calificábamos como sedición. La reforma nos iba a homologar con Europa. Menuda patraña.
Y he dicho «otra vez» porque con esto de la sedición pasa algo parecido a lo acontecido con la ley del solo sí es sí: mientras éramos pocas las voces que insistíamos en la importancia de mantener la distinción penal entre abuso y agresión sexual, políticos y medios celebraban de manera casi unánime que «el consentimiento se colocase, por fin, en el centro» y que cualquier delito contra la libertad sexual pasara a considerarse agresión. Las advertencias sobre las inconsistencias de la ley y las rebajas de penas a violadores y pederastas fueron menospreciadas con complacencia. Nadie nos creyó hasta que la realidad explotó en la cara de muchos cuando la justicia comenzó a revisar las primeras condenas. Ya van más de 500 beneficiados según los datos publicados por algunos tribunales, aunque en realidad son y serán bastantes más. Y nada puede hacerse para revertirlo.
Podría decirse que experimento cierta sensación de déjà vu cuando me esfuerzo por transmitir las graves implicaciones de la despenalización de los referéndums independentistas no violentos. Al igual que sucediera con la reforma de los delitos contra la libertad sexual, la sociedad española parece ensimismada, dando muestras de una apatía preocupante. Se ve que la estrategia sanchista de embarrar el terreno de juego recurriendo a opinadores de todo pelaje para que le vendan la mercancía funciona a las mil maravillas.
«Con el actual marco penal, Pere Aragonés podría comparecer mañana para anunciar que proclama la república catalana»
Mientras los que hace unas semanas defendían lo de los desórdenes públicos se dedican ahora a afirmar que las respuestas penales a los referéndums no violentos son poco menos que antidemocráticas, los cuatro gatos que nos anticipamos a lo que pudiera pasar sufrimos cierto síndrome de Cassandra: nuestra credibilidad no puede competir con la de quienes insisten en que todo esto no es más que una nadería, una excentricidad de los ultraderechistas, por más que la hemeroteca evidencie sus falsedades en numerosos temas. La gente prefiere al mentiroso que le regala los oídos con eslóganes facilones y mentiras reconfortantes que al honesto que les expone la crudeza de la realidad.
Pero lo cierto es que, con el actual marco penal, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, podría comparecer mañana para anunciar que proclama la república catalana, que los actuales consejeros pasan a ser sus ministros y que los Mossos de Escuadra se transforman en una suerte de Policía Nacional republicana. Todo ello aderezado con la llamada a una gran manifestación «pacífica» para que se respete la voluntad del pueblo catalán. Le añaden la propaganda de las embajadas catalanas funcionando a pleno rendimiento y ya estaría.
Al contrario de lo que sucedió en 2017, la justicia no podría intervenir para frenar la nueva intentona golpista y quienes han planeado todo esto lo saben. Tampoco la tipificación exprés de la sedición servirá de nada si la independencia se proclama antes de que esté en vigor, ya que sólo puede aplicarse de forma retroactiva la ley más favorable al reo. Sé que están pensando en el art. 155 de la Constitución, pero no es una herramienta punitiva que accione el poder judicial, sino un instrumento político al que puede recurrir el Gobierno con la mayoría absoluta del Senado, pero que no faculta para detener a nadie, ni para juzgarlo, ni mucho menos para condenarlo.
La despenalización de la sedición, además de un dislate punitivo, posiblemente sea uno de los acontecimientos más graves de nuestra historia democrática. No se trata de un nuevo «ridículo jurídico del Gobierno», como ha señalado frívolamente el popular Núñez Feijóo, sino de la inauguración legislativa de la vía por la que va a transitar el cambio de régimen que está por venir. En este tablero de ajedrez, las piezas están colocadas para dar el jaque mate al marco constitucional del 78: garantía de impunidad para los golpistas y mayoría sanchista en el Constitucional bajo la batuta de Pumpido. Volverán las plañideras descargando su responsabilidad sobre los jueces y lamentando que nadie les informase al respecto. Pero otra vez será mentira, amén de irreversible.
