La propiedad privada, en peligro

El respeto de la propiedad privada es uno de los valores esenciales para el adecuado funcionamiento de una sociedad moderna y democrática. Se trata de un derecho fundamental que permite incentivar la actividad económica. Las constituciones de todos los países democráticos garantizan este derecho, fundamental para garantizar la libertad individual. 

En estos momentos, el ataque a la propiedad privada se está intensificando mediante la tributación sobre el capital, incrementando los tipos impositivos y creando nuevos gravámenes. Para proteger la propiedad de los ciudadanos, además de las garantías del Estado de Derecho hay que eliminar definitivamente el Impuesto de Patrimonio, que nació con carácter de control, y que con los actuales tipos de interés puede llegar a ser confiscatorio. Lógicamente también hay que eliminar el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas.

La protección de la propiedad privada supone además asegurar la posibilidad de donarla o dejarla en herencia. Para ello es necesario derogar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones; que se queda con parte del trabajo y ahorro de toda una vida de esfuerzo. Este impuesto supone volver a gravar rentas que ya tributaron en el momento de su obtención.

La fuerte elevación de la presión fiscal, hasta niveles confiscatorios para muchas personas, desincentiva decisiones de ahorro y trabajo, favorece la deslocalización y penaliza el crecimiento económico. El Tribunal Constitucional Alemán dictó una sentencia modélica sobre la relación entre la presión fiscal y la propiedad. Consideró que nadie debe dedicar más del 50% de su esfuerzo de trabajo a pagar sus impuestos. Por encima de esta cifra se consideran confiscatorios y por tanto apropiación de la renta privada. En España, en términos generales esta cifra es superior, por lo que los impuestos en nuestro país van en muchos casos en contra de la propiedad privada.

«Más del 80% de las familias de nuestro país residen en su propia vivienda»

En España una gran parte del ahorro de muchos ciudadanos está materializado en forma de propiedad inmobiliaria. Más del 80% de las familias de nuestro país residen en su propia vivienda. Muchas familias hacen esfuerzos para conseguir una segunda residencia, normalmente localizadas en el campo o en la playa. El Tribunal Constitucional considera morada habitual a la vivienda propia y a la segunda residencia; por lo que en caso de ocupación se debe considerar como un allanamiento. La realidad actualmente es que en muchas circunstancias el desahucio es lento y complicado, lo que significa una clara indefensión de la propiedad privada. 

Otra forma de ataque a la propiedad privada es la consideración por parte del regulador como «viviendas vacías» aquellas destinadas al alquiler y que no se encuentran ocupadas. La ocupación de estas «viviendas vacías» se considera tan solo una usurpación, delito leve según nuestro Código. En este caso, el desalojo es muy lento y complicado, y no garantizado, por lo que se trata de una flagrante vulneración del derecho de propiedad. 

Un país que defienda la propiedad privada no puede definir el concepto de «vivienda vacía». Es su propietario legitimo quien debe decidir libremente su destino y uso en todo momento. Esta inseguridad jurídica, se ha agravado por las limitaciones a las subidas de los alquileres. Estas limitaciones por decreto lastran la inversión, tanto individual como la institucional; con lo que se limita el número de viviendas en alquiler, se penaliza a los inquilinos potenciales, se impulsa la economía sumergida y se elevan los precios de los alquileres. La situación es especialmente preocupante en nuestro país, que carece de un parque suficiente de viviendas de alquiler, y en el que el turismo representa el 14% del PIB. 

«Cuestionar a las empresas o directamente a los empresarios, significa una limitación muy importante para el desarrollo de un país»

Para el progreso de la sociedad y la mejora del nivel de vida resulta fundamental disponer de empresas privadas eficaces, que sean competitivas, que produzcan de forma eficiente bienes y servicios, que creen empleo y que paguen sus impuestos. Cuestionar a las empresas o directamente a los empresarios, significa una limitación muy importante para el desarrollo de un país, puesto que lastra la inversión nacional, la extranjera y la creación de empleo. La anunciada posible intervención de los precios, especialmente en la distribución comercial, constituye un grave error de política económica, que va en contra de la asignación de la oferta y de la libertad de empresa. 

Los recientes impuestos sobre la banca y las eléctricas son otro ejemplo de ataque al Estado de Derecho y a la propiedad privada. Dichos impuestos no solo pueden ser ilegales, sino que atentan contra los legítimos beneficios de las empresas y los derechos de sus accionistas, que somos muchos ahorradores particulares. Esta misma semana, la empresa Ferrovial ha anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos, en busca de una mayor seguridad jurídica y una menor fiscalidad.

Todos los análisis teóricos y la realidad empírica demuestran la mayor eficiencia de las empresas privadas en comparación con las públicas. En un sistema en competencia no tiene lógica la existencia de empresas públicas, cuando el mercado garantiza la producción eficiente de bienes y servicios, incluidos los servicios públicos. Lo que sería lógico, máxime con el fuerte endeudamiento que sufre el sector público, es que se volviesen a impulsar procesos de privatización; como el de las torres de control de los aeropuertos. Muchos de estos procesos no se están llevando a cabo por razones puramente ideológicas.

La garantía de los derechos de propiedad beneficia a los propietarios legítimos directos y al conjunto de la sociedad, a través del aumento de la confianza colectiva, del incentivo a la inversión generadora de empleo, y de la adecuada producción de bienes y servicios para el conjunto de los ciudadanos. 

En definitiva, no hay política social más justa y eficiente que la defensa institucional de la propiedad privada como fuerza impulsora del progreso económico y social.