Ferrovial como síntoma

El Consejo de Ferrovial ha propuesto a sus accionistas trasladar su sede social a los Países Bajos, y sus accionistas están en su derecho de decidir lo que mejor convenga a sus intereses particulares. 

Como revela la reacción bursátil de estos días, el traslado puede resultarles provechoso, y ello por varios motivos. Lo de menos es que, a diferencia del actual Gobierno de España, el de los Países Bajos no se dedique un día sí y otro también a utilizar a sus empresarios como recaudadores para sus ocurrencias impositivas, o a despotricar contra ellos para tapar sus propios fiascos y corruptelas, una actitud ésta que sólo confirma lo acertado del traslado. 

Lo esencial es que los Países Bajos ofrecen un marco legislativo más flexible y estable, junto con unos reguladores bursátiles y unos jueces mercantiles fiables; y que, a diferencia de España, es un país solvente y bien dirigido. Son tres pilares del buen gobierno corporativo y, como consecuencia, permiten contratar a mejor precio operaciones de capital, ya sean de fondos propios o ajenos. 

No sólo lo dice Ferrovial. Tanto si atendemos al índice de calidad del estado de derecho (el Rule of Law Index) como al componente específico del Global Competitiveness Report sobre la eficiencia del sistema jurídico-judicial para resolver conflictos societarios, la puntuación de los Países Bajos es notablemente superior a la de España, e incluso a las de Italia y Francia. Por añadidura, puntúan muy por encima en cuanto a la aplicación real del ordenamiento y no a su rigor teórico, como sucede respecto a la responsabilidad de los administradores. Son el Delaware europeo. 

No debe extrañarnos esta ventaja en materia de sociedades mercantiles. A lo largo de la historia, los Países Bajos fueron grandes innovadores en este campo, desde la creación en 1602 de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Lo mismo en el siglo XX, con el invento de nuevas fórmulas de cooperación internacional, como fue la fundación de Shell en 1907, mediante la unión de dos empresas como dual-listed companies, imitada más tarde por Unilever, o, más recientemente, con el desarrollo de numerosas fusiones e iniciativas transfronterizas, desde Airbus o Euronext a pymes españolas como Wallbox o Lleidanet, que han optado por cotizar en Wall Street a través de los Países Bajos. Las acciones de Ferrovial podrán incluso entrar en los principales índices estadounidenses, beneficiándose así de la ingente inversión que canalizan los fondos indexados. 

«Esa amenaza es un riesgo que nuestros actuales gobernantes desprecian para mantener a sus votantes dopados con un gasto público insostenible»

Igualmente, a la hora de endeudarse, la nacionalidad de nuestras empresas les perjudica en la medida en que, con independencia de que ya tengan poco negocio en España (el 18% en el caso de Ferrovial; similar al de nuestras grandes empresas), mucho inversor extranjero las asocia a un país cuya deuda pública sólo se sostiene con la muleta que le presta el Banco Central Europeo. Lógico que no quieran repetir los apuros que sufrieron durante la pasada crisis financiera, cuando, al dispararse nuestra prima de riesgo, hubieron de pagar más por refinanciar su deuda. Esa amenaza es un riesgo que nuestros actuales gobernantes desprecian para mantener a sus votantes dopados con un gasto público insostenible. Pero todo administrador prudente debe preverlo; y su cobertura es, si no imposible, cuando menos costosa. Máxime para una empresa que pronto debe afrontar refinanciaciones importantes de deuda. 

Por último, los Países Bajos también cobran efectivamente menos impuestos a los beneficios societarios, y han sido incluso tildados de paraíso fiscal. Bonifican en su totalidad los beneficios obtenidos en el exterior mientras que España sólo lo hace al 95 %, lo que podría representar hasta 40 millones de euros anuales. Además, el fisco neerlandés no suele tener muchos reparos en negociar trajes a medida para grandes empresas. También suele ser menos arbitrario y más previsible en el tratamiento de las operaciones vinculadas y los precios de transferencia, un mecanismo que permite minimizar la carga fiscal total. 

Pero observe, por un lado, que aprovechar esas diferencias no es una opción legal: es una obligación de todo buen administrador con sus accionistas. Considere, por otro lado, que la imposición sobre los beneficios empresariales, amén de tener efectos muy discutibles, se está demostrando incompatible con un mercado global. Por último, la mayor parte de estas diferencias fiscales son ya obtenibles mediante sociedades instrumentales y filiales neerlandesas, sin necesidad de trasladar la sede social, por todo lo cual no es probable que el factor fiscal sea decisivo. 

En todo caso, la existencia, cuantía y reparto (entre grupo de control y minoritarios, por ejemplo) de estos beneficios particulares de trasladar la sede debe preocupar tan sólo a sus accionistas. Lo que el resto de los ciudadanos debemos preguntarnos es si ese traslado entraña más costes que beneficios para el conjunto de la sociedad.  

Siendo realistas, la respuesta ha de ser negativa, porque sería mucho peor para casi todos (excepto, amén del Gobierno, algunas consultoras y grandes firmas de abogados) que Ferrovial tuviera que seguir soportando un entorno político, regulatorio y fiscal que lastra seriamente sus posibilidades de desarrollo. En especial, la empresa ha prometido seguir usando España como «principal fuente de desarrollo de talento». Es creíble, porque no es casualidad que tengamos varias multinacionales dedicadas a construir obra pública y gestionar infraestructuras, probablemente por contar con escuelas de ingenieros relativamente buenas. Ese talento saldrá beneficiado con el mayor crecimiento que pueda experimentar Ferrovial cuando contrate desde Ámsterdam. El híbrido de ingenieros españoles y reguladores neerlandeses promete aprovechar mejor sus respectivas ventajas comparativas; y Estados Unidos, dado su insólito déficit de infraestructuras, es un buen terreno para aplicarlas. 

Los costes sociales del traslado serían mayores que los beneficios sólo si, abandonando la realidad, nos convirtiésemos en idealistas. Esto es, si confiásemos en que, si no hoy, al menos mañana viviremos en un país en el que las empresas no sean demonizadas por el Gobierno por el gran pecado de lograr beneficios, o sea de producir más de lo que consumen; un país en el que las leyes sean elaboradas siguiendo procedimientos reglados y con un mínimo de sensatez; y un país en el que los gobiernos, los jueces y los reguladores sean imparciales, rápidos y competentes. 

En esa situación ideal sí que sería un drama que empresas como Ferrovial emigraran. Pero no se preocupen: también sería un error, un error tan claro y grave que ninguna de las ferroviales que ahora medita cuándo emigrar estaría tentada a cometerlo.