Sobre los patriotas
«El Gobierno debería dedicarse a proponer políticas públicas que eviten la fuga de más empresas multinacionales en lugar de obstinarse en atacar a los empresarios»
Nadia Calviño. | Atilano García (Europa Press)
¿Quién podía adivinar que la vicepresidenta Nadia Calviño, leal mano derecha del conservador luxemburgués Jean Claude Juncker durante su presidencia de la Comisión Europea entre 2014 y 2019, se rebelaría contra de uno de los pilares fundacionales del mercado común? Pues sí, parece que la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios que garantizan la movilidad de las empresas y profesionales en la Unión Europea no es del agrado de la vicepresidenta de Economía. Lejos de actuar de muro de contención de las políticas populistas del Gobierno de coalición PSOE-UP, como se esperaba de ella tras su incorporación al Ejecutivo de Sánchez, Calviño se ha convertido en uno de sus miembros más demagogos. En lugar de entender la decisión como una llamada de atención para mejorar la legislación que limita el crecimiento de la cotización de las grandes empresas nacionales con fuerte presencia en el extranjero o promover una respuesta europea que contrarreste el colosal programa de ayudas a su industria por parte de EEUU, el Gobierno ha optado por atacar de forma feroz a la compañía y a su presidente, Rafael del Pino, en un insólito choque directo entre el Ejecutivo y la empresa privada.
«¿Ha encontrado acaso el Gobierno un filón electoral enfrentándose a las grandes empresas?»
El presidente Pedro Sánchez se sumó con gusto a la cacería contra Ferrovial iniciada por su vicepresidenta. Y lo hizo en plena gira europea. Que si la constructora debe «todo al Estado», que si es una actuación antipatriótica que demuestra poco compromiso con España. Los mismos argumentos falaces usados por Calviño. Quizás al presidente no le vendría mal repasar su tesis sobre Diplomacia Económica con la que consiguió el título de Doctor en Economía. Porque es difícil entender esta deriva. ¿Ha encontrado acaso el Gobierno un filón electoral enfrentándose a las grandes empresas? Puede que las encuestas avalen esta estrategia y que con ella el PSOE rasque votos a su izquierda, pero los ataques dañan la seguridad jurídica que los empresarios españoles y los inversores extranjeros necesitan.
¿Puede haber más empresas que secunden la decisión de Ferrovial? Lamentablemente y ante las amenazas lanzadas desde el Gobierno por la ministra, Ione Belarra, esa posibilidad no es descartable. «¡Que nos devuelvan las subvenciones!», dicen. ¿Cuáles? Las contratas se ganan en concurso público y el Estado paga por las obras realizadas por una empresa privada que en el caso de Ferrovial en España da trabajo directo a 5.413 empelados (sin contar con todos los indirectos) sobre los cerca de 25.000 empleados que tiene en el mundo. «¡Que la junta de accionistas se rebele contra esta decisión antipatriótica!», dice la vicepresidenta Yolanda Díaz a la que le han asegurado el mantenimiento de los puestos de trabajo. «Que nos devuelvan el dinero público que les dimos en los tiempos difíciles», insiste Belarra. Todo es un despropósito. Y revela una ignorancia supina. Y ya que se rasguen las vestiduras acusando a Del Pino de no ser patriota es casi una broma de mal gusto para unos tipos que pactan leyes con los partidos enemigos de la Constitución y cuyo principal proyecto político es separarse de España.
Ellos son los patriotas. Rafael del Pino, que se debe a sus accionistas como empresa privada, es el traidor a la patria. Es para reírse si no fuera porque la decisión es una muy mala noticia para el país. El Gobierno hace bien en preocuparse, pero su respuesta es del todo equivocada. Debería tomarse la decisión como una llamada de atención y preguntarse qué es lo que está haciendo mal. ¿Por qué no pelean en Europa por una mayor armonización fiscal antes de acusar a los Países Bajos de dumping fiscal? ¿Por qué no amplían las opciones para que las empresas multinacionales españolas puedan cotizar en mercados bursátiles extranjeros de mucho mayor volumen? ¿Cree realmente Calviño que una ADR (los títulos con los que las empresas españolas cotizan en la Bolsa de Nueva York) es lo mismo que cotizar directamente en el índice americano? Las diferencias en volumen y liquidez son abismales. Pero desde el Gobierno prefieren acusar de traición a una empresa como Ferrovial, cuya facturación depende en un 86% del negocio extranjero. ¿Es preferible amenazarla con medidas que penalicen su expansión? ¿En qué creen que consiste el modelo de una economía abierta del que España se ha beneficiado tanto desde su ingreso en 1986 en la Comunidad Europea?
Y en el contexto actual, con unos Estados Unidos embarcados en, allí sí, subvencionar la modernización de su economía con ingentes cantidades de dinero (cerca de cuatro billones de dólares), ya sea la CHIPS Act, la inversión en infraestructuras o la Inflation Reduction Act (IRA), que permite a empresas extranjeras cotizadas en la bolsa americana beneficiarse de las ayudas públicas para desarrollar proyectos que transformen la economía en este último caso hacia energías más verdes, la UE aún no ha sabido responder. Es una oportunidad para que el Gobierno de Sánchez, que en el segundo semestre de este año toma el relevo de la presidencia europea, tome la iniciativa y presente una propuesta para contrarrestar ese intervencionismo americano que está teniendo un tremendo efecto llamada sobre las empresas europeas.
El Gobierno debería dedicarse a proponer políticas públicas y reformas que eviten la fuga de más empresas multinacionales españolas en lugar de obstinarse en la destructiva táctica de señalar y atacar a los empresarios para contentar a una parte de su electorado. El deseo de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder a cualquier precio choca de nuevo con los intereses de España. Y ya conocemos de sobra por lo que opta el presidente.
