El eslabón perdido de la transición energética
«En los próximos meses veremos hasta qué punto se avanza hacia una transición energética inexorable pero inteligente»
Ursula Von Der Leyen. | EP
Lo que todos conocemos como ‘transición energética’ proviene de la generalización del discurso del cambio climático de finales de los noventa, cuando mediante el Protocolo de Kyoto en 1997 se ponen encima de la mesa las primeras medidas para reducir la contaminación. Desde el primer momento se colocó al sector energético en primera línea mediante un razonamiento muy simple basado en las estadísticas entonces existentes. En la Unión Europea en 1990, la producción de energía suponía 1.869 millones de toneladas equivalentes de CO2 de un total emitido de 5.650 millones. Con lo cual, sería prioritario actuar sobre el sector energético para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así continuó este discurso (y en paralelo la acción regulatoria) hasta erigirse en el principal pilar de la política europea desde la toma de posesión del actual Colegio de Comisarios en 2019. El denominado ‘EU Green Deal‘ perseguía una reconversión total de la economía comunitaria para estar en la vanguardia global de la lucha contra el cambio climático. Acompañaban todos los factores: financiación a costes muy bajos, almacenamientos de combustibles críticos llenos, precios muy bajos de las materias primas energéticas y un nivel alto de capitalización de las compañías energéticas, buenos resultados financieros y expansión internacional.
Sin embargo, el rumbo se torció en marzo de 2020. Una pandemia global con millones de muertos y una economía paralizada durante meses, un fallo generalizado de las cadenas globales de valor que vació los inventarios de bienes energéticos e industriales intermedios, varios conflictos geopolíticos jugando con los combustibles fósiles o las materias primas críticas para las cadenas de suministro energético como armas para defender sus posiciones, una expansión monetaria que provocó la salida masiva de liquidez hacia el mercado provocando inflación…
En definitiva, una tormenta perfecta que está obligando a cambiar el eje sobre el que pivotaba la transición energética desde los años 90. Ha llegado el momento de tomarse muy en serio la nueva regulación y los planes de las empresas de las diferentes partes de la cadena de valor, poniendo en el centro el criterio técnico y económico y dejando fuera las pretensiones ideológicas, tácticas y biempensantes. Éstas han colonizado la acción política desde 2019: desde el discurso desubicado del vicepresidente europeo Timmermans hasta la gran mayoría de iniciativas, como la Estrategia de Biodiversidad, la Estrategia del Campo a la Mesa o el ‘Fit for 55’, entre otras. El denominador común de todas ellas era pensar que las condiciones de productividad, competitividad, beneficios e inversiones eran neutrales a la acción regulatoria, cosa que obviamente no es así.
«Hasta la fecha, no existe una alternativa sólida y consistente para fijar precios que cubran tanto los costes variables como los costes fijos de inversión»
La acumulación de shocks tanto de oferta como de demanda, unida a las consecuencias de la acción regulatoria ya puesta en marcha como los planes a futuro, ha dejado un mercado energético europeo con graves problemas de funcionamiento, evidenciándose en los precios mayoristas y minoristas de la electricidad, gas y carburantes. Para evitar una mayor desestructuración y empezar a poner en orden los términos, la Comisión Europea ha publicado su plan de reforma del mercado eléctrico europeo sobre una base muy concreta: evitar que los Estados Miembros y ella misma continúen haciendo intervenciones puntuales sobre determinados aspectos que, lejos de arreglar los problemas, los agravan a futuro.
El documento parte de algo tan sensato como la reafirmación de los principios fundamentales de la Unión Europea: unidad de mercado, coordinación regulatoria, políticas pro-competitividad, no retroactividad que pueda provocar inseguridad jurídica… A partir de estos principios generales, asienta otros no menos importantes como es la necesidad de mantener el actual sistema de fijación de los precios de la electricidad, más conocido como ‘sistema marginalista’. Hasta la fecha, no existe una alternativa sólida y consistente para fijar precios que cubran tanto los costes variables como los costes fijos de inversión. Si no se amortiza la inversión, no existe ningún incentivo para construir nuevas instalaciones, y todavía menos aún si se regula mediante un precio fijo determinado por el Estado en un denominado ‘contrato por diferencias’ (CfD).
Por tanto, a partir de una base tan sencilla como conservar el sistema de fijación de precios y el papel del mercado como cruce libre y voluntario de oferta y demanda, se estructura todo lo necesario para hacer la transición garantizando el suministro y reduciendo emisiones. Para ello, es imprescindible reforzar dos herramientas fundamentales: por un lado, los PPA o contratos de compraventa de energía a largo plazo, donde es imprescindible apoyar su desarrollo eliminando barreras actuales como el riesgo de contraparte. Y, por otro lado, profundizar en los mercados organizados a plazo, pudiendo anchar su área de actuación a otras zonas geográficas (‘áreas de oferta’) para incrementar su liquidez. Mercados organizados, regulados y líquidos ofrecen siempre redundan en el beneficio del consumidor final.
«Es necesario ir más allá, concretamente al ‘eslabón perdido’ de la transición energética: el almacenamiento»
Y, en paralelo, la propuesta pone coto a las intervenciones con carácter extraordinario ante momentos de crisis, con el objeto de evitar que cada país pacte condiciones particulares que puedan ser ventajosas contra otros Estados Miembros. No contempla que las medidas de intervención sobre la generación (limitación de precios a las tecnologías infra marginales como la nuclear o las renovables, impuestos sobre los ingresos de las generadoras o la ‘excepción ibérica’ basada en el precio máximo del gas natural) sean parte del diseño de mercado, aunque sí permite que en momentos de grave crisis existan precios regulados por debajo de coste, con una cantidad limitada de energía y compensando a las comercializadoras por las pérdidas que les puede ocasionar.
Todas estas propuestas de la Comisión son fundamentales para poner orden y derribar mitos. Sin embargo, es necesario ir más allá, concretamente al ‘eslabón perdido’ de la transición energética: el almacenamiento. Profundizar en un sistema eléctrico basado en energías renovables pasa de manera obligada por una correcta gestión a través del almacenamiento (sea mediante hidroeléctrica reversible, sea en baterías), el balanceo de red y la gestión de la demanda. Las tres cosas necesitan de un marco estable y una retribución de mercado que contemple el coste de inversión y las mejores alternativas técnicas y económicas en cada momento.
En los próximos meses conforme la discusión avance entre Comisión, Parlamento y Consejo veremos hasta qué punto se avanza hacia una transición energética inexorable pero inteligente. Aunque, en cualquier caso, aquí los países tienen mucho que decir (y avanzar).
