El brazo constitucional del sanchismo
«Esta huida del derecho hacia la política propiciada por Pumpido nos aboca a una dictablanda en la que la Constitución será poco más que un títere»
El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La Justicia es un principio civilizador que sólo pueden procurar los jueces imparciales. Esta máxima sobre la que se sustentan las democracias liberales contemporáneas está siendo controvertida por quienes, en nombre de la soberanía popular, exigen de los tribunales un compromiso con el cambio social.
Las aspiraciones de igualdad de la sociedad española están siendo retorcidas para introducir sesgos en la labor juzgadora, con el propósito evidente de transformar su función interpretativa en una pseudo-legislativa que permita a nuestros dirigentes encontrar acomodo a sus necesidades de poder dentro del marco legal vigente sin tener que acudir a gravosos procesos de reforma.
Se trata de una espiral de degradación democrática menos traumática que la revolucionaria, pero igual de efectiva, en tanto que desnaturaliza la esencia de los contrapesos al poder y profundiza en la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones del Estado. Montesquieu, padre de la separación de poderes, ya nos advirtió de que no existe mayor tiranía que la se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia.
Cuando el sanchismo consumó la toma del Tribunal Constitucional incorporando a quien fue su ministro de Justicia y a una alto cargo de Moncloa, forzando una mayoría progresista que garantizase el nombramiento de Cándido Conde Pumpido como su presidente, consiguió transformar al órgano de garantías no sólo en un aval eficaz para sus variados derrapes legislativos, sino en un colaborador necesario del proceso de cambio de régimen por la puerta de atrás. Una puerta que cada día se ensancha más para dar cabida a auténticos dislates jurídicos cuyo objetivo es habilitar nuevas herramientas transformadoras de nuestro marco constitucional, dotando de apariencia de legalidad a aquello que, objetivamente, no puede considerarse sino una aberración.
En apenas unos meses de andadura han anunciado la convalidación de las leyes y reformas más controvertidas de Sánchez, desde la de eutanasia hasta la ley Celaá, incluso contraviniendo la jurisprudencia del propio Tribunal sobre esa materia en cuestión. Con una de sus últimas resoluciones han convertido el art. 86 de la Constitución, regulador de la figura del Decreto-ley y de sus límites, en poco menos que papel mojado: un instrumento concebido para que el Ejecutivo pudiera atender a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad se ha tornado en una herramienta legislativa ordinaria.
«Los procedimientos y las formas importan mucho, pues se erigen en contrapesos formales del sistema»
Enarbolando la noble causa de la igualdad efectiva y la no discriminación, el Constitucional ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que formuló el Partido Popular por la ausencia del presupuesto habilitante del art. 86.
Aunque la norma se aprobó cuando se estaban tramitando varias proposiciones de ley en relación a esa misma materia, el ponente de esta sentencia -que no podía ser otro que Pumpido- argumenta que la demora insoportable en la realización efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres «exigía una acción normativa absolutamente inmediata» pues «la acción pública orientada al logro de esos objetivos no admitía ningún retraso», dada la íntima conexión de las medidas adoptadas con la esfera individual de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.
Llegados a este punto, se preguntarán ustedes en qué consiste el contenido de ese articulado para que al presidente del Constitucional se le antoje tan perentorio, pues de él depende el poner fin, de una vez por todas, a unas discriminaciones existentes en el ámbito laboral entre varones y hembras. Se sorprenderán cuando sepan que las principales medidas adoptadas por este Real Decreto son la creación de planes de igualdad en las empresas que superen cierto número de trabajadores y la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad.
Yo no voy a entrar a valorar el fondo o la idoneidad de estas medidas, sino simplemente a cuestionar el aval por parte del Constitucional al instrumento legislativo escogido, porque si estas cuestiones encajan en el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que habilita al Gobierno a recurrir al Decreto-ley, cualquier cosa encajará. Ya hará Cándido para que encajen, aunque sea de la forma burda y tosca con la que se ha despachado en este recurso.
«La apatía con la que los españoles están afrontando esta gravísima situación es, ahora mismo, el mayor aliado de los populistas»
Imagino que ustedes pensarán que se trata de una mera formalidad, que no es para tanto. Pero los procedimientos y las formas importan mucho, pues se erigen en contrapesos formales del sistema en tanto que coadyuvan al control de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Que el Decreto se asimile a la Ley tiene como ineludible consecuencia la desnaturalización del poder legislativo del Parlamento, pues éste pasa a convertirse en una atribución más del Ejecutivo.
Esta huida del derecho hacia la política propiciada por el constructivismo jurisprudencial de los de Pumpido nos aboca a una dictablanda en la que la Constitución será poco más que un títere, susceptible de ser retorcida y pervertida para acomodarla a las exigencias del poder hasta que quede vacía de contenido, inerme. La apatía con la que los españoles están afrontando esta gravísima situación es, ahora mismo, el mayor aliado de los populistas que persiguen dinamitar nuestra ya frágil democracia. La firme reacción social para frenar esta deriva es lo que verdaderamente se me antoja de extrema y urgente necesidad.
