450 euros para arreglar la sanidad pública
«Que dejen de tomarnos el pelo con la demanda de una mejor sanidad pública, que reconozcan que, como todo el mundo, prefieren ganar más y trabajar menos»
Médicos de Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias sujetan pancartas durante una manifestación en Madrid. | Carlos Luján (Europa Press)
La mayoría de las huelgas de empleados del sector público, funcionarios o no, tienen una apariencia muy similar que, sin ser demasiado mal pensados, tiende a ocultar, bajo el manto de una santa y altruista defensa del sistema correspondiente, la sanidad, la educación o la justicia, el interés personal de los convocantes, por legítimo que fuere. El ciudadano común asiste asombrado al despliegue reivindicativo, a las mareas de diversos colores, a las declamaciones contra la perversísima privatización, etc. y soporta, pues no tiene otro remedio, los costos de la huelga en sus filosóficas espaldas, de modo que cuando la huelga se acaba siente tal satisfacción que no suele reparar en la incongruencia entre los fines proclamados y la solución aceptada.
En el caso reciente de Madrid, la huelga sanitaria que proclamaba en sus Mareas blancas la defensa de la sanidad pública («la sanidad no se vende», «la sanidad se defiende») ha terminado con una aceptación bastante incoherente con los fines proclamados: todos los profesionales ganarán 450 euros más cada mes y se ha limitado el número de citas diarias que pueden atender, según se ha publicado, pero no hay manera de entender qué relación puedan guardar estas mejoras salariales con la defensa de la sanidad, mientras que se entiende muy bien que los profesionales en huelga buscaban mejores condiciones de trabajo.
¿A qué viene tanta retórica de servicio público cuando lo que se pide es más dinero y menos pacientes en la consulta? La petición de mejores retribuciones puede ser del todo lógica, pero se da de bruces con los motivos invocados. Este tipo de mejoras de los sistemas públicos es tan original como tramposo.
Cuando los trabajadores del sector privado se ponen en huelga, lo que piden, con razón o sin ella, pero en cualquier caso con fundamento, es participar en un grado más alto en los beneficios que contribuyen a generar, porque saben muy bien que sin beneficios en la empresa no sería posible ningún empleo, pero también han aprendido que, si los empresarios no mejoran a los trabajadores, el capital corre el riesgo de perder más de lo que deja de ganar mejorando los salarios y las condiciones. Se produce, no sin tensiones, un acuerdo en pro de una ganancia mayor para todos.
¿Alguien cree que la subida salarial madrileña hará que las esperas médicas se acorten, que la salud pública mejore o que la próxima vez que haya una pandemia el servicio madrileño de salud va a estar en mejores condiciones de preverlo y actuar con celeridad? ¿Dan para tanto los 450 euros? Muy seguramente no. Uno se sentiría tentado a pedir a los sindicatos y entidades que convocan estas huelgas que no abusen de nuestra candidez y que dejen de tomarnos el pelo con la demanda de una mejor sanidad pública, que reconozcan que, como todo el mundo, prefieren ganar más y trabajar menos, aunque no haya forma de explicar qué relación guardan estas conquistas con el mejoramiento del sistema sanitario.
Si esto es como supongo, habría que preguntarse también por la razón capaz de explicar cómo es que la Comunidad de Madrid no ha otorgado antes esas mejoras salariales, que se supone se podrán asumir por la Comunidad, lo que hubiera evitado un perjuicio cierto a los pacientes madrileños, meses de dolor y desespero. La respuesta puede que esté en el efecto contagio, en saber cuánto tardará la marea reivindicativa en asentarse en otros sectores, la educación, por ejemplo. Los profesores tienen tanto derecho a proteger la educación pública como el personal médico a defender la sanidad y es fácil apostar que no tardarán en caer en la cuenta de su injusta situación a la vista de las mejoras que han llovido sobre los sanitarios.
«Muchas de estas movidas gremiales las acabamos pagando los simples mortales que estamos muy mal organizados y seguimos creyendo en algo así como los Reyes Magos»
Esto apunta, desde luego, al potencial organizador de los que mueven estas cosas y a las oportunidades del calendario electoral, habilidades que dominan con maestría los miles de liberados sindicales que tienen todo el tiempo del mundo, y una remuneración segura, para dedicarse a perfeccionar todo tipo de acciones reivindicativas. Son unos genios, sin duda, consiguen repetir siempre que conviene el truquito de los teros que «Para esconder sus niditos: / En un lao pegan los gritos / Y en otro ponen los güevos», según canta Martín Fierro.
Lo sorprendente es que el público en general no sea capaz de caer en la cuenta de que muchas de estas movidas gremiales las acabamos pagando los simples mortales que estamos muy mal organizados y seguimos creyendo en algo así como los Reyes Magos. No es que la sanidad no tenga problemas, tiene muchos más de los que somos capaces de imaginar, pero como nos han contado tantas veces esa pepla de que nuestro sistema es el mejor del mundo, pues no terminamos de creer, por ejemplo, que un historial médico no pueda pasar de un hospital a otro, no digamos ya de una provincia a otra, una ineficiencia que clama al cielo.
Se puede manejar nuestra cuenta corriente desde un simple teléfono, pero la informática sanitaria parece incapaz de conseguir que las historias clínicas estén disponibles ante cualquier acto médico, como si en una sucursal de banca de una provincia no pudiésemos operar con nuestra cuenta corriente porque la tenemos en otra. Pero estas reivindicaciones de mejora de la sanidad no parecen conmover a los líderes sindicales del sector que se conforman con incordiar a hora y a deshora a los gobiernos menos simpáticos y sacar alguna ventajilla de vez en cuando para el colectivo que los soporta.
Cualquier español que haya tenido la menor incidencia con la Agencia Tributaria sabe muy bien hasta qué punto conocen nuestras propiedades e ingresos, pero nada semejante se ha hecho con la sanidad, que sigue en un estado más propio de la Ínsula Barataria que de cualquier Estado serio y no es porque sean pocos los operarios del sistema que no saben un pimiento de medicina y se dedican a tareas de administración, o eso dicen.
Visto de otro modo, algo muy raro pasa cuando Pedro Sánchez ha incrementado en más de 400.000 el número de empleados públicos desde que se hizo cargo del Gobierno en 2018, un récord absoluto. ¿Alguien ha notado una mejora sustantiva en los servicios públicos como consecuencia de tamaño crecimiento? Que podamos gozar de un 12% más de personal al servicio del público no debiera pasar inadvertido, del mismo modo que una subida del petróleo o la guerra de Ucrania se notan de inmediato en el precio de los huevos y del pescado, pero ¡oh milagro! los funcionarios siempre son más y los servicios casi nunca son mejores, se ve que la administración no tiene la capacidad de formar como es debido a sus nuevos expertos, pero no querría dar ideas a nadie sobre este punto.
Lope hablaba de la cólera del español sentado, es obvio que eran otros tiempos; ahora nuestra mansedumbre se ha hecho proverbial, todo lo público nos parece bien, bendecimos con las dos manos el crecimiento de las universidades, de los colegios y de los hospitales, nunca parece haber bastante, pero es porque no nos tomamos la molestia de calcular un poco, de comparar lo que nos cuesta con lo que recibimos, puesto que no hay nada gratis. Nos parece bien que se pague mejor a los médicos, pero nos parecería mal que un médico quisiera cobrarnos por sus servicios, hasta ahí podíamos llegar, así que bien mirado hay que dar gracias a Dios porque el electricista que nos cobra 50 euros por arreglar un interruptor no sea funcionario.
Mientras tanto, regocijémonos porque la sanidad pública madrileña se ha arreglado bastante bien con solo 450 euros al mes, casi un milagro.
