Qué cara está la vida

La inflación es el proceso de aumento rápido, generalizado y sostenido de los precios; y está provocado siempre por razones monetarias: «Sin dinero no hay inflación». La inflación representa una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, si bien se adaptan peor las rentas salariales que los profesionales autónomos. Supone una reducción del valor de los activos, que penaliza sobre todo a los financieros, mientras que los inversores inmobiliarios mantienen mejor el valor frente a la inflación. La inflación es un impuesto, ilegal, puesto que reduce la renta disponible de las familias, pero que no ha sido aprobado por ningún parlamento. Además, según el profesor Donges, significa la expropiación de la propiedad privada. Los procesos inflacionistas penalizan el ahorro y favorecen al deudor. El sector público se beneficia de la inflación puesto que esta aumenta su recaudación fiscal, más de 30.000 millones de euros en 2022, y reduce en términos reales la deuda pública

Durante la pandemia, los precios se hundieron, sobre todo los de la energía por la fuerte caída de la demanda. La inflación llegó a situarse en terrenos negativos hasta el inicio de la recuperación en 2021. Al aliviarse las restricciones tanto de oferta como de demanda, junto a las mayores posibilidades de movilidad de las personas, los precios comenzaron a elevarse de forma brusca. 

Al finalizar el año 2021, la inflación ya presentaba un desequilibrio muy grave en la mayoría de los países. El inicio de la guerra de Ucrania a finales de febrero de 2022 provocó un encarecimiento adicional de los precios de la energía, sobre todo del gas natural y de los cereales -Ucrania es el granero del mundo-, con el efecto multiplicador que genera sobre el conjunto de los precios de los alimentos.

«En nuestro país la subida de los precios industriales alcanzó el 46,6% en marzo del 2022»

El IPC en EEUU pasó del 1,4% a finales del 2020 al 9,1% en junio de 2022. En la UEM del 0,1% al 10,6% en octubre; y en España del -0,5% al 10,8%, en julio del pasado año. En nuestro país la subida de los precios industriales alcanzó el 46,6% en marzo del 2022. Esta subida se está trasladando en parte al IPC y supone una clara pérdida de competitividad de nuestro país.

La desaceleración del crecimiento mundial, un invierno menos frío de lo esperado y el mantenimiento de la oferta ha provocado una gran reducción de los precios de los productos energéticos. El petróleo ha caído de los más de 120 dólares en abril de 2022, a los 75 dólares el barril y el precio del gas natural se ha derrumbado de los más de 300 euros en mayo del pasado año a menos de los 40 euros/Mwh. 

Estas bajadas han provocado un cambio de tendencia en el IPC, que actualmente y con datos de febrero 2023, está situado en el 6% en EEUU, en el 8,5% en la UEM y en el 6% en nuestro país. Ya con cifras provisionales de marzo en España, aunque el IPC ha subido un 0,4% respecto al mes anterior, en términos interanuales ha bajado al 3,3% por el efecto Ucrania o escalón. Además, la inflación subyacente, aquella que excluye los precios de la energía y de los alimentos frescos, el núcleo duro de los precios, sigue siendo muy elevada. Se ha situado en febrero de este año en el 5,5% en EEUU y en el 5,6% la UEM; y, con datos provisionales de marzo, en el 7,5% en España, tan solo una décima menos que el mes anterior.

Uno de los epígrafes que más afecta y penaliza a las rentas bajas y medias es el fuerte incremento del precio de los alimentos frescos y elaborados. El último dato publicado en España, correspondiente a febrero de 2023, refleja una subida del 16,6% en esta partida.

Existen diferentes causas que originan un rebrote inflacionista. Lo inhabitual en estos momentos es que se produzcan de forma muy pronunciada y simultánea varias de ellas. Podemos hablar de inflación de demanda, inflación de costes y de inflación estructural.

La inflación de demanda se produce por un aumento del consumo de bienes y servicios, que no va acompañado de una respuesta adecuada de la oferta. Con el desarrollo del comercio internacional, desde la década de los 70 del siglo pasado, un aumento de la demanda de bienes provocaba un aumento de la oferta; sobre todo de los países asiáticos, que evitaban las tensiones inflacionistas por sus menores costes de producción. 

Posteriormente el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación -TICs- globalizaron los mercados de servicios, permitiendo relacionar a todo el mundo en tiempo real; con lo que produjo un perfeccionamiento de estos mercados, que también redujeron sus tensiones inflacionistas.

La inflación de costes se debe a la subida de los gastos de producción, de sus inputs y del transporte y comercialización de estos. Tras el freno provocado por la covid-19, la elevación de los costes energéticos fue intensa desde la recuperación de la actividad. Este incremento se intensificó enormemente en el caso del gas por la guerra de Ucrania, que limitó el abastecimiento procedente de Rusia. El conflicto diplomático de España con Argelia, por el súbito cambio en la postura española sobre el Sáhara también encareció el gas que importamos. Se registró igualmente un fuerte incremento de los costes de transporte, así como de numerosas materias primas no energéticas. 

«A finales del 2022 en España más de 140.000 ofertas de trabajo estaban sin cubrir»

El envejecimiento de la población y la falta de mano de obra cualificada incrementa también los costes y están incidiendo negativamente en las ganancias de productividad. Adicionalmente, los subsidios públicos y los cambios de proyecto de vida en muchos jóvenes están provocando fuertes tensiones adicionales de costes. Es sorprendente el proceso de gran dimisión que se registra entre los jóvenes profesionales en EEUU, que se está contagiando a Europa, provocando importantes salidas de mano de obra cualificada del mercado de trabajo. A finales del 2022 en España más de 140.000 ofertas de trabajo estaban sin cubrir, según el INE. 

En nuestro país, la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros por 14 pagas y en algunos sectores por 15, así como la elevación de las cotizaciones sociales, están alimentando el incremento de costes, sobre todo en la agricultura, comercio minorista, limpieza, servicio doméstico y hostelería, en las que además escasea la mano de obra

La inflación estructural se debe a razones profundas y permanentes, en gran medida establecidas por normativa regulatoria o fiscal. Las restricciones medioambientales y la fiscalidad verde, como la nueva ley de envases, están generando graves procesos inflacionistas, al incrementarse los costes de producción. La implementación de la Agenda 2030 es un factor que explica claramente una parte importante de las fuertes elevaciones de precios, sobre todo en los países desarrollados.

Si los agentes económicos no asumen el empobrecimiento real que provoca la inflación, se pueden producir fuertes subidas de salarios y de precios para intentar mantener el poder adquisitivo y los márgenes de beneficio. Esto produce un efecto multiplicador, la llamada «espiral precios salarios» o inflación de segunda ronda, muy difícil de controlar, incidiendo especialmente sobre la inflación subyacente, como reflejan sus últimos datos publicados.

El precio del dinero, en términos reales, se reduce significativamente por la inflación, tornándose negativo en algunos momentos. En los últimos años, la política monetaria ultra expansiva del BCE y la FED provocó que en algunos casos se tornasen negativas en términos nominales también; sin ningún tipo de tensiones inflacionistas.

En última instancia, la inflación y su transmisión es una causa monetaria, por la que el mecanismo más eficiente para luchar contra ella es la política monetaria restrictiva por parte de los bancos centrales.

«Los bancos centrales deben poseer una gran autonomía respecto a los Gobiernos de sus respectivos países»

Para ser eficientes e independientes, los bancos centrales deben poseer una gran autonomía respecto a los Gobiernos de sus respectivos países o zonas monetarias como la UEM dado el coste social y la impopularidad de algunas de las medidas que deben aplicar.

Una política monetaria de los bancos centrales orientada a reducir la inflación debe limitar la cantidad de dinero en circulación, la llamada oferta monetaria, elevando los tipos de interés de intervención, restringiendo la concesión de créditos, y de compra de deuda pública y de empresas; incluso puede vender en los mercados deuda de su balance para drenar liquidez del sistema. En cualquier caso, su efectividad dependerá del nivel de tipos que se establezcan. Hay que tener presente que existe un desfase de unos nueve meses entre la toma de estas decisiones y la evolución de la tasa media de inflación. 

Las políticas monetarias restrictivas de lucha contra la inflación se instrumentan, en la mayoría de los casos elevando los tipos de interés de intervención. Este mes el BCE ha subido el 0,5%, situándolos en el 3,5% y la FED un 0,25%, estableciéndolos en el 5%, a pesar de la crisis bursátil del sector bancario. Estos altos tipos se han trasladado con menor a mayor intensidad, en función de la seguridad de los activos y liquidez de estos a casi todos los sectores, empezando lógicamente por el crédito y su principal referencia como es el euríbor en Europa. 

Desde el punto de vista financiero, estas subidas han provocado un encarecimiento de los créditos hipotecarios, a tipos de interés variables, lo que incide negativamente en el consumo, por la reducción de la renta disponible de las familias y de su poder adquisitivo. Las nuevas compras inmobiliarias también se ven frenadas por el encarecimiento de la financiación.

El consumo familiar también se ve penalizado por el encarecimiento del crédito al consumo; puesto que la mitad aproximadamente del gasto de las familias se realiza a crédito, como la compra de automóviles, muebles, electrodomésticos e incluso viajes y educación. Lógicamente la inversión productiva es el sector más perjudicado, puesto que se produce un encarecimiento de los costes de financiación y, por tanto, incide negativamente a la rentabilidad del proyecto.

Las decisiones de los agentes económicos con tipos de interés más elevados que en el pasado están desacelerando ya significativamente el crecimiento del PIB. 

«Las subidas de tipos en EEUU ya han cumplido su objetivo de desacelerar la demanda agregada»

Es deseable que los tipos se mantengan en estos niveles o veamos subidas mucho más pausadas, por los graves problemas que podrían generar nuevas elevaciones, agravando la crisis de confianza en los bancos y deteriorar más las carteras de renta fija pública. Los últimos datos publicados en EEUU muestran que las subidas de tipos ya han cumplido su objetivo de desacelerar la demanda agregada. De hecho, la oferta monetaria en este país se ha reducido un 1,7% en enero; la mayor caída desde el inicio de la serie en 1960.

En estos momentos es necesario complementar la política monetaria con otras medidas de política fiscal a adoptar por los gobiernos. Estas políticas deben consistir en reducir el gasto público y bajar los impuestos a las empresas para reducir sus costes y a los ciudadanos para aumentar su renta disponible. Los gobiernos deben llevar a cabo reformas estructurales que permitan un incremento de la eficiencia del sistema económico. Para ello debe aumentar la competencia en los mercados, reduciendo las barreras de entrada y salida de oferentes y flexibilizando el mercado laboral.

Asimismo, debe garantizar la disponibilidad de infraestructuras de agua, energía, transportes y comunicaciones que permitan aumentar la competitividad de la economía. También es necesario, sobre todo para los países dependientes del exterior, aplicar una política energética que garantice los suministros a costes asumibles por la estructura productiva y para los ciudadanos.

Inmersos actualmente en la transición hacia una «política energética más sostenible»; la reducción de los impuestos medioambientales, de la burocracia administrativa y la agilización de permisos sería deseable para acometer las inversiones industriales competitivas, que empiezan a escaparse de Europa y de España con destino a Estados Unidos.

Es imprescindible conseguir nuevamente la estabilidad de precios para mejorar el potencial de crecimiento y favorecer el bienestar del conjunto de los ciudadanos, para lo que también resulta imprescindible replantearse todos los costes vinculados a la sobrerregulación, incluidos los medioambientales. Frente a estas necesidades, la política fiscal se ha orientado a propuestas populistas que aumentan el déficit público y la deuda, restan competitividad a la economía y empobrecen a las futuras generaciones. Limitar o topar los precios en la energía, los alimentos o los alquileres de viviendas provocan redistribuciones perversas de renta, generan una contracción de la oferta e impulsan el desabastecimiento. En juego está la calidad de vida presente y futura de los residentes en España.