Linchamientos verticales

Nuestro gobierno progresista de coalición prodiga eufemismos. Allí donde Sánchez ve paz social y convivencia, yo sólo veo rendición: la mal llamada concordia catalana se ha construido sobre la impunidad delictiva de sus dirigentes y la renuncia del Estado a restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. Donde más se hace patente lo impostado de esta nueva cordialidad es en los linchamientos institucionales a los ciudadanos que se salen del canon de lo que se considera políticamente tolerable, bien sea por instar el cumplimiento de una sentencia para que un hijo reciba el 25% de sus clases en castellano, o bien por criticar en una red social la exigencia del C1 de catalán a los enfermeros. Los simpatizantes del independentismo han normalizado la delación al crítico o al disidente, al que no sólo se le margina socialmente, sino que se le machaca institucionalmente.

Mas nos llevaríamos a engaño si limitásemos este comportamiento pseudomafioso y mamporrero a Cataluña, pues los mismos patrones están cada día más presentes en el ámbito de la política nacional. Como he escrito en otras ocasiones para este mismo medio, el PSOE ha asumido tanto el discurso como los fines del independentismo.

Están transformando nuestro Estado de Derecho en una herramienta represora que ya no sólo ostenta el uso legítimo de la violencia para castigar actos delictivos, sino que se ha arrogado la potestad de disciplinar ideológicamente a sus ciudadanos mediante linchamientos institucionales y mediáticos, penosamente celebrados por una masa nada desdeñable de votantes acríticos. El modus operandi es por todos ya conocido: un ministro, un secretario de Estado o alto cargo afín a Moncloa señala, la jauría social y mediática se lanza contra la presa escogida y, en el calor de la hiperventilación, se pone en marcha el aparato institucional tanto para amedrentar al discrepante como a quienes estuviesen tentados de imitarle o apoyarle.

«Los linchamientos a ciudadanos y empresas han pasado a formar parte ya de nuestra cotidianeidad»

Este empeño institucional por disciplinar no se ciñe a los periodistas críticos con el Ejecutivo o a los jueces que, por dictar resoluciones contrarias a los intereses gubernamentales, son tildados de golpistas, machistas, vengativos, prevaricadores o fachas con toga: los linchamientos a ciudadanos y empresas han pasado a formar parte ya de nuestra cotidianeidad. La lista que les expongo a continuación no es taxativa, pero considero que merece ser recordada en el actual contexto de volatilidad electoral que nos aboca a la inmediatez:

–Los padres de los niños de las mal llamadas «madres protectoras» que han tenido que soportar que una ministra, una secretaria de Estado, diputados y periodistas los acusasen de maltratadores, abusadores o pederastas, mientras a ellas, condenadas en firme por el delito de sustracción de menores, no sólo las indultaban, sino que además las disculpaban.

-Los cánticos erótico-festivos de los jóvenes alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja -que no ofendieron a sus destinatarias sino a quienes se arrogaron unilateralmente su representación- se saldaron con la expulsión de algunos estudiantes tras ser señalados directamente por Pedro Sánchez y Grande Marlaska. Hasta la fiscalía abrió diligencias a instancia del ministro.

–Los numerosos descalificativos y ruindades que, desde el Gobierno, se han lanzado contra Amancio Ortega o Juan Roig. Al que fuera presidente de Inditex, lo llamaron evasor fiscal o insinuaron que sólo estaba dispuesto a bajar la «calefacción en los barracones del servicio». Al de Mercadona, la ministra Belarra lo acusó de ser un «capitalista despiadado» por estarse «haciendo de oro» inflando sus beneficios a costa de subir los precios en la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Pensarán ustedes que esto es sólo cosa de los de Podemos y que el PSOE simplemente mira para otro lado, pero no es así: la supuestamente moderada Nadia Calviño ha anunciado la creación de un observatorio para vigilar los márgenes empresariales.

-A la cantante seleccionada para representar a Eurovisión el año pasado, Chanel, la intentaron censurar porque, a juicio de la neoinquisición feminista, el vestuario, el baile y la letra de la canción cosificaban a la mujer. Para desgracia de quienes intentaron cancelarla, subió al podio y dejó a nuestro país en muy buen lugar.

–El presentador televisivo Pablo Motos o el streamer conocido como El Xocas fueron caricaturizados en una campaña del Ministerio de Igualdad financiada con dinero público para denunciar actitudes o comportamientos machistas. Es curioso que rebuscasen entre personajes críticos con las políticas del Ejecutivo y no entre las filas de sus propios partidos, donde se ve que el patriarcado ha sido derrocado a pesar de la omnipresencia de los machos alfa.

– La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció públicamente el inicio de actuaciones inspectoras contra el presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, para investigar si estuvo trabajando para la CEOE como falso autónomo.

–Una bodega berciana recibió un requerimiento del Instituto de las Mujeres, dependiente de Igualdad, para retirar un cartel que representaba la imagen pintada de una joven mirando al mar de espaldas, con un bikini de corazones. Consideraban que: «La actividad de la Bodega no justifica la cosificación femenina que emana del anuncio, presentando a la mujer como objeto sexual». Para más inri, la valla publicitaria reproducía la etiqueta de un vino que lleva comercializándose más de diez años.

–Ana Obregón ha sido lapidada institucional y mediáticamente por recurrir a la gestación subrogada para alumbrar a su nieta. Al margen del debate legal sobre esta técnica reproductiva en particular, no han sido pocos los cargos públicos que se han sumado al linchamiento de la popular actriz y presentadora recurriendo a eslóganes efectistas o a falacias del tipo «está comprando a un niño».

«Aquellos llantos por la merma de libertades que suponía la ‘ley mordaza’ no eran más que postureo insustancial»

–Lo del acoso y derribo contra Ferrovial tras anunciar el cambio de domicilio a los Países Bajos ha sublimado el esperpento de toda la campaña de odio contra el empresariado rico y próspero en la que lleva embarcada nuestra izquierda gubernamental desde el inicio de la legislatura. Mucho se ha escrito ya sobre este particular, pero me permito remitirles a la lectura del fantástico artículo de opinión de Benito Arruñada: Ferrovial como síntoma.

-En las últimas horas hemos sabido que miembros del grupo Frente Obrero han recibido una propuesta de sanción al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana -llamada por la izquierda ley mordaza– por irrumpir en un mitin de Patxi López en Valencia al grito de «Sáhara Libre». Se les atribuye, nada más y nada menos, la perturbación de la seguridad ciudadana en un acto público.

Ya ven, queridos lectores: aquellos llantos por la merma de libertades que suponía la ley mordaza no eran más que postureo insustancial. Los mismos que denunciaban los bozales legislativos para silenciar a la disidencia han obligado a las instituciones a abandonar su necesaria neutralidad y las han transformado en una herramienta para amansar a los ciudadanos que se resisten a consentir la monopolización del debate público: sólo aplaudir o callar te eximirá del señalamiento.

Cierto es que se trata de un proceso multifactorial y multicausal, pero no me cabe duda de que estos linchamientos verticales, desde el poder hacia los ciudadanos, son una de las manifestaciones más alarmantes de la degradación democrática en la que está inmersa nuestro país. Cuando el aparato del Estado se erige en el principal enemigo de las libertades de los ciudadanos que en él habitamos, obligándonos a medir nuestras palabras o actos aun estando formalmente amparados por la legalidad, significa que la seguridad jurídica se ha desnaturalizado y deteriorado de forma difícilmente recuperable.