Historia de dos corrupciones

Corrupción es cuando te pillan. Si la historia pasa más o menos desapercibida, no es corrupción. Es política, realpolitik. A veces te pillan y la cosa queda en nada. Lo importante es no sobrerreaccionar. El Gobierno de Pedro Sánchez quiso en sus inicios aparentar una inflexibilidad con respecto a la corrupción. Era un Gobierno muy débil y obsesionado con las encuestas, que se movía por espasmos demoscópicos. Siempre lo ha sido. Pero por entonces tenía un miedo tremendo a la crisis reputacional. Por eso Sánchez expulsó a Màxim Huerta por una falta nimia, también a su ministra de Sanidad por un supuesto plagio. Eran casos muy europeos, y Sánchez era un presidente que quería ser muy europeo: ¡en Alemania dimiten hasta por cruzar en rojo! No podemos ser menos. 

Esa actitud duró poco. Sánchez se dio cuenta de que la mejor estrategia frente a la corrupción es no cambiar la estrategia. El coste de una dimisión es mucho más alto que el de ignorar a la prensa y hacer como si nada. Vivimos en una economía de la atención. Si la atención se desplaza a otro lado, estás a salvo. A veces esa atención permanece, pero compite con muchos otros estímulos. 

Es uno de los problemas mediáticos de la corrupción, el seguimiento: las causas tienen muchas ramas, la prensa serializa los casos pero el ciudadano pierde el hilo. Sánchez se dio cuenta de que daba igual la gravedad del caso. El ciudadano está anestesiado; es difícil distinguir entre el ruido y la señal. Toda noticia parece universalmente trascendental y al mismo tiempo irrelevante. Y da igual la gravedad del asunto. 

«Delgado maniobró para que uno de los fiscales que metió en la cárcel a Villarejo no permaneciera en su cargo»

Hay dos casos de corrupción del actual Gobierno que han tenido mucha cobertura mediática, pero sus consecuencias políticas han sido casi nulas. Son historias notorias, pero a veces es importante repasarlas. El primer caso tiene que ver con la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Delgado fue ministra de Justicia del Gobierno de Sánchez entre junio de 2018 y enero de 2020. Entonces el presidente la nombró fiscal general, contraviniendo la regla no escrita de que su cargo debe ser independiente: si había sido ministra de Justicia, su imparcialidad como fiscal era cuestionable. Al poco tiempo de ser nombrada fiscal, Delgado maniobró todo lo posible para que Ignacio Stampa, uno de los fiscales anticorrupción que metió en la cárcel al comisario Villarejo, no permaneciera en su cargo. Lo consiguió.  

Villarejo es un personaje célebre (para el que lo conozca pero no sepa en profundidad sobre él, como me pasaba a mí, el estupendo podcast de Álvaro de Cózar V. Las cloacas del Estado hace un repaso exhaustivo de él). Excomisario de policía, espía, trabajó durante décadas para el Estado y también contra él. Ha trabajado para el CNI y para traficantes de armas, para banqueros y empresarios, para dictadores como Teodoro Obiang y acosadores sexuales. Cuando Delgado era ministra Justicia, la prensa desveló su relación personal con él. Ella lo negó, a pesar de que varios audios demostraban lo contrario (en el más famoso de ellos, llama «maricón» al ministro de Interior Grande-Marlaska).

Delgado no solo era cercana a Villarejo. Su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, también mantenía una relación muy cercana con el excomisario (hay audios en los que el exjuez lo trata como a un amigo cercano). Y su bufete de abogados, ILOCAD, es quien defiende a varios investigados relacionados con Villarejo. El conflicto de intereses estaba claro. 

Delgado acabó dimitiendo, alegando problemas de salud. Su dimisión debió ser por otro motivo. Hoy es fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. El fiscal Ignacio Stampa volvió a ejercer en Canarias, donde comenzó su carrera, en una especie de exilio à la Napoleón en Santa Elena. En el excelente podcast El país de los demonios, cuyo último capítulo se estrenó esta semana en Spotify, Álvaro de Cózar y Eva Lamarca cuentan la historia de un fiscal íntegro y valiente que se enfrentó prácticamente solo a las cloacas del Estado. 

«La cesión constante a las demandas de Marruecos es extraña: el pez pequeño chantajea al grande»

El otro gran caso de corrupción que me interesa rescatar es más cercano. Tiene que ver con Marruecos. Esta semana, el periodista de El Confidencial Ignacio Cembrero desveló que Marruecos pidió al Gobierno español el 2 de julio de 2021 que destituyera a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Una semana después, Sánchez la expulsó de su Gobierno. Laya había aceptado que el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo grave de covid, fuera hospitalizado en España. Fue una operación a escondidas. La prensa marroquí, afirma Cembrero, convirtió a Laya en su bestia negra.

En su toma de posesión, el ministro de Exteriores español que sustituyó a Laya, José Manuel Albares, subrayó la necesidad de «reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del sur». Fue el único país que nombró. Poco después, el Gobierno español cambió su estrategia con respecto al Sáhara Occidental y apoyó la propuesta de Marruecos, que consideró «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa». 

Como han señalado algunos analistas, la cesión constante a las demandas de Marruecos es extraña: el pez pequeño chantajea al grande. Desde el Gobierno, se defienden diciendo que no es más que realpolitik. Hace un año, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo sobre el tema que «lo que no es realpolitik no es política. Será otra cosa. Será un manifiesto […] La política o es real o no es política. Uno puede decir ‘no, yo no me muevo de mis posiciones morales, sentimentales, ideológicas’. Pero así no se solucionan los conflictos, como la historia demuestra». No hay que olvidar que uno de los principales blanqueadores del régimen de Maduro en Venezuela es Zapatero, que siente una enorme atracción por las autocracias. 

La realpolitik es a veces inevitable, pero es como la tecnocracia: su legitimidad descansa en sus resultados. Si uno defiende una postura realista moralmente delicada, al menos debe demostrar que es útil, aunque sea para los intereses más instrumentales. ¿Qué está ganando el Gobierno cediendo constantemente ante Marruecos, un país que sigue chantajeándolo, amenazando con recuperar Ceuta y Melilla, ciudades que considera «colonias», y tensando la cuerda? 

«Moratinos ha acudido a foros de derechos humanos en el país, que es como ir a una fiesta vegana en un matadero de pollos»

El PSOE tiene un problema marroquí. Hace poco la exministra de vivienda de Zapatero, María Antonia Trujillo, dijo que Ceuta y Melilla «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos» y que «la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España». Es una afirmación delirante. El propio Ignacio Cembrero fue demandando por el Reino de Marruecos por publicar que él era una de las personas a las que espiaban mediante el programa Pegasus. Finalmente fue absuelto, pero era la cuarta vez que Marruecos lo demandaba.

En enero de este año, los eurodiputados socialistas españoles votaron en contra de una resolución que aprobó el Parlamento Europeo en la que se pedía a las autoridades marroquíes que respetaran «la libertad de expresión y prensa, y garantizar a los encarcelados un juicio justo». Otro exministro de Zapatero, López Aguilar, dijo con respecto a Marruecos que «si toca tragar sapos, se tragan». El exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos ha recibido premios de Rabat por ser un «gran amigo de Marruecos» y ha acudido a foros de derechos humanos en el país, que es como ir a una fiesta vegana en un matadero de pollos. 

El Gobierno se ha plegado completamente a los intereses de Marruecos, hasta un punto humillante. Son conocidas las redes de espionaje marroquí y su potente lobby en España, como explican en este estupendo podcast de El Orden Mundial. ¿Cómo es capaz de dictar tan directamente la política exterior de su vecino, más rico y aparentemente más poderoso? O como dice el célebre poema, «Ya no me quedan lágrimas, / mis ojos están secos, ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?».