¿Cuándo hemos votado que hay que destruir las presas?

Nada más llegar al poder Zapatero se cargó el Plan Hidrológico Nacional que el Gobierno de Aznar había elaborado en 2001 con el objetivo de dar un tratamiento racional y nacional a la utilización del agua en España. Zapatero, por medio de un Real Decreto-Ley (¡cuidado que a los socialistas les gustan los decretos-leyes!) en junio de 2004, o sea, recién llegado a La Moncloa, suspende, y en la práctica deroga, el Plan Hidrológico Nacional.

Desde entonces en España tenemos una legislación que desprecia el sentido común en materia de agua porque evita que se pueda hacer con ella lo que cualquier persona hace en su economía privada, que es guardar sus ahorros cuando puede para afrontar los momentos difíciles que luego pueden llegar. Es decir, construir y cuidar presas y embalses en los que se guarde el agua que sobra, cuando sobra, para usarla cuando falte. Y, muy importante, desarrollar una política de trasvases para evitar que unas regiones tengan mucha agua, que se pierde, y otras muy poca.

De la buena utilización del agua depende gran parte de nuestra economía agraria, que, no se olvide, es importante y trascendental, porque de ella tenemos que comer todos y de ella viven nuestros agricultores y ganaderos. Algunas cifras muy significativas: en España ahora se usan 10.000 hectómetros cúbicos para regar unos tres millones de hectáreas. El Ebro vierte al Mediterráneo unos 13.000 hectómetros cúbicos al año. Y el Duero y el Tajo vierten al Atlántico unos 17.000 hectómetros cúbicos.

Según el Tratado de Albufeira, firmado en 1998 entre España y Portugal, España se compromete a que las cuencas de los ríos que pasan a Portugal lleven un mínimo anual de 2.700 hectómetros cúbicos. Es decir, que, entre unas cosas y otras, desaprovechamos unos 27.000 hectómetros cúbicos al año, que, si los utilizáramos bien, podrían duplicar la superficie regada en España, con las espléndidas consecuencias que tendría para nuestra economía y para el desarrollo de nuestra agricultura y ganadería.

«En 2021 han sido 108 las presas destruidas; en 2022, 148, y en lo que va de 2023, 43»

Pero los fieles de la Agenda 2030 que nos gobiernan no están dispuestos, de ninguna manera, a considerar la posibilidad de hacer trasvases. Y, no sólo eso, sino que también han iniciado una política, absolutamente incomprensible, de destrucción de embalses y presas, que tan necesarias son para el buen uso del agua. En 2021 han sido 108 las presas destruidas; en 2022, 148, y en lo que va de 2023, 43, en nombre siempre de las Tablas de la ley wokista, que nos quieren imponer.

El capítulo 34 del Éxodo nos cuenta cómo Dios, que ha llamado a Moisés al Monte Sinaí, le entrega las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos que han regido el mundo judeocristiano hasta ahora.

Desde entonces no había habido ninguna persona ni institución que se hubiera atrevido a dictar unas leyes de obligado cumplimiento con tanta autoridad como la que Yahvé mostró en la cumbre de aquel monte. Hasta que en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas (institución formada por casi todos los países del mundo, entre los que las democracias plenas son escandalosamente excepcionales) estableció 17 objetivos, que llamó de desarrollo sostenible «para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos».

Estos 17 objetivos son una manifestación de buenas intenciones, con las que es imposible no estar de acuerdo. Porque ¿cómo alguien puede estar en contra del primer objetivo, que es, nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo»?

Pero la declaración de las Naciones Unidas no fue neutra. En el texto en el que se van especificando los objetivos, casi punto por punto, se añade la palabra «sostenible». Una palabra que, como ha pasado tantas veces en la historia, ha perdido el valor neutral que debía tener para convertirse en un concepto propiedad de la izquierda. Y cuando digo la izquierda me estoy refiriendo a los restos del naufragio del comunismo, reunidos en ese «socialismo del siglo XXI», que ha demostrado una especial habilidad para resucitar el virus del totalitarismo con el wokismo como ideología dominante.

Porque, si hacemos caso a la Real Academia «sostenible» tiene dos acepciones: 1. adj. Que se puede sostener. Y 2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.

Con esta definición de «sostenible» también parece imposible que nadie esté en contra de procurar que todas las actividades humanas tengan siempre presente la defensa del medio ambiente.

«Si se quiere ‘sostener’ el medio ambiente hay que reconocer que su mejor defensa ha sido siempre la propiedad privada»

Pero, claro, para conseguir los objetivos que se propuso la ONU en 2015, la historia nos ha enseñado que no todos los sistemas políticos y económicos han dado el mismo resultado. Fijémonos en dos de estos objetivos, que, probablemente, son los más importantes. Para acabar con la pobreza o, al menos, para disminuirla, la historia ha demostrado que el capitalismo y el libre mercado son infinitamente más eficaces que las fórmulas socialistas y no digamos que las comunistas. Lo mismo se puede decir de la defensa del medio ambiente.

Cuando veo a un comunista (y en el Gobierno de España hay demasiados) hablar de defensa de la Naturaleza mi asombro no tiene límites porque han sido los comunistas los que, desde que irrumpieron en el gobierno de países, no han parado de destruirla. Y ahí están los destrozos que ocasionaron en la Europa del Este, o en los territorios de la Unión Soviética o lo que ahora hacen los comunistas chinos. Si de verdad se quiere «sostener» el medio ambiente es imprescindible que se reconozca que la mejor defensa ha sido siempre la propiedad privada.

Pero reconocer que la libertad y la propiedad son los mejores caminos que ha descubierto el hombre para progresar y para defender la Naturaleza está muy lejos de ocurrir. Al revés, aquella declaración de la ONU, que, además, proponía que los objetivos se alcanzaran antes de 2030, de ahí el nombre de Agenda 2030 que se le ha dado, está absolutamente inspirada por los herederos del totalitarismo comunista, que han hecho y siguen haciendo de ella lo que hizo Dios con las Tablas de la Ley. De manera que el que no cumple con los 17 preceptos que contiene es condenado al infierno de la descalificación más absoluta.

Los preceptos y, lo que es más grave, la forma de alcanzarlos, tienen que ser los que marcan los inquisidores del pensamiento único de la izquierda, de la que los sanchistas, los comunistas y sus variantes filoterroristas y golpistas, son sus representantes en España. Pero no sólo, porque también entre los burócratas de la Unión Europea abundan los fieles inquisidores de esa Agenda 2030, que, si no reaccionamos, va a acabar con nuestra libertad y, también, con el avance económico de los ciudadanos del mundo y, como ha ocurrido en los países comunistas, con el medio ambiente.

Creo que hay que tener en cuenta todo esto a la hora de contemplar lo que está pasando en España con la política hidráulica. En nombre de uno de esos dogmas que contiene la Agenda 2030 se ha elaborado el curioso e inconcreto concepto de «caudal ecológico». Y con la excusa de defender ese «caudal», además de impedir los trasvases, este Gobierno está destruyendo presas y embalses, sin que sepamos cómo y cuándo los españoles hemos votado ese disparate.