Por un IRPF negativo

Estamos en precampaña, y se nota. Particularmente en Twitter, se nota mucho. Se nota tanto que el otro día tuve que argumentar a un grupo más o menos organizado de soldados de Su Sanchidad que el actual Gobierno había subido los impuestos.

No les bastaba el hecho de que la recaudación de impuestos hubiera subido cerca de un 15% en 2022, casi 35.000 millones más que en 2021. Lloviendo sobre mojado, ya que en 2021 la recaudación había subido un porcentaje similar respecto del año anterior. Según ellos, el actual Gobierno solo había subido impuestos, y pocos, a ricos y empresas, sin afectar a la población general. 

Haciendo un repaso nada exhaustivo me vienen a la mente:

• Incremento de cotizaciones sociales en un 0,6%. Un 0,1% a cargo del trabajador, y el otro 0,5% también a cargo del trabajador como poco parcialmente (porque aunque oficialmente sean las empresas las que se hagan cargo de ese incremento, cuando una empresa tiene que incrementar las cotizaciones, evidentemente la cantidad disponible y empleada en incrementos salariales se reduce en la inmensa mayoría de los casos).

• Subidas de cuotas de autónomos. Sin entrar en muchos pormenores, la «tarifa plana» para nuevos autónomos pasará de 60 euros a 80 euros mensuales. Un modesto incremento del 33%.

• No deflactación de los tramos del IRPF. Esto afecta a todos los trabajadores a los que han subido el sueldo, típicamente menos que la inflación, y que verán incrementados los impuestos a pagar pese a que, en términos reales y para la inmensa mayoría, su sueldo sea inferior al año anterior por la subida de la inflación.

• Impuestos especiales a los plásticos de un solo uso. En cada producto que compramos que lleva ese tipo de plástico, cada español paga un poco más de lo que pagaría sin esa figura impositiva. A no ser, claro está, que uno sea tan infantil o tan soldado sanchista como para pensar o defender que el impuesto lo pagarán en exclusiva las empresas, que en ningún caso lo repercutirán a los consumidores en forma de incremento de precio.

• Pese a que la UE y nuestro actual Gobierno intentan por todos los medios que no se vendan coches nuevos, aún se matriculan en España más de 800.000 nuevos vehículos cada año (la mitad que hace 15 años, dato que quizá debería hacernos reflexionar un poco, siendo como somos un país con una aún significativa industria de la automoción). La inmensa mayoría, por supuesto, de gasoil o gasolina. Bueno, pues desde el advenimiento del gobierno «progresista» que nos dirige, el impuesto de matriculación ha provocado, él solito, que el precio de cada coche se eleve en más de 1.000 euros. Claro que quien compra coche nuevo en la actual España quizá deba ser ya considerado como rico, por lo que quizá los trolls socialistas estuvieran en lo cierto.

• Sin embargo, no sé si podrían ser considerados como millonarios todos aquellos que hoy tienen contratado un seguro de coche, o un seguro multirriesgo para su hogar, comercio o industria. O los miembros de las comunidades de propietarios que pagan el seguro del edificio. O el que contrata un seguro para que sus hijos tengan menos costes al enterrarlo en caso de fallecimiento. O los profesionales que requieren de un seguro de responsabilidad civil. Pues bien, todos ellos se han visto afectados por un incremento del 33% en el impuesto sobre las primas de seguros, que subió hace un par de años del 6% al 8%.

«El incremento de presión fiscal no parece haberse traducido en una mejora de nuestros servicios públicos»

No soy experto en temas fiscales, pero creo que probablemente podría completar varias páginas con los incrementos fiscales del Gobierno socialpodemita. En cualquier caso, no podrá nadie decir que no estaba avisado: llegaron diciendo que iban a armonizar la presión fiscal con la de los países más avanzados de la UE, con los que había un gap de casi seis puntos porcentuales, y ya en 2021 habían reducido ese gap a menos de la mitad. Desafortunadamente, ese incremento de presión fiscal no parece haberse traducido en una mejora de nuestros servicios públicos, que ya ni te reciben sin cita previa, ni tampoco en un acercamiento de nuestro PIB per cápita al de las economías más avanzadas de la UE. De hecho, nuestro PIB es aún inferior al que era en 2019 (prácticamente el único de la Unión Europea), y en términos per cápita no hay ninguna probabilidad de que recupere los valores prepandemia antes de 2024, siendo optimistas.

Pero, como decía al principio, estamos en campaña electoral. Toca hacer promesas, también fiscales. Y por alguna razón que no alcanzo a comprender, sigue teniendo muy buena venta entre millones de votantes lo de «subir impuestos a ricos y a empresas», así que los partidos de izquierda, y los izquierdosos de todos los partidos, vuelven a la carga con la matraca. 

Entre ellos la nueva estrella mediática del panorama progresista, Yolanda Díaz. Hace unos días, y como parte de las medidas para financiar la paguita («herencia adelantada») de 20.000 euros que recibiría cada nuevo votante («ciudadano») al cumplir los 18 años, propuso la división del actual tramo del IRPF de 60.000 euros a 299.999 euros en cinco nuevos tramos, con objeto de incrementar los tipos fiscales sobre esos tramos. Supongo que la vicepresidenta es consciente (sus votantes quizá no) de que son precisamente esos trabajadores los que, con mayor facilidad, pueden reubicarse en otros países de la Unión Europea con un régimen fiscal más favorable, sin ir más lejos Portugal, con lo que el pretendido incremento de recaudación seguramente será muy inferior al previsto, como sucede con todos aquellos hachazos fiscales «a los ricos».

«El IRPF debería tener una tarifa plana que, a partir de ciertos niveles, se fuera reduciendo»

Y como tantas cosas últimamente, esa propuesta me hizo pensar en mi padre (que como los que me leen habitualmente sabrán que era un tipo inteligente y al que le gustaba pensar out of the box). Recuerdo cómo hace más de 30 años mi padre me comentó, medio en broma medio en serio, que el IRPF debería tener una tarifa plana que, a partir de ciertos niveles, se fuera reduciendo. Es decir, y poniendo números actuales, que todas las rentas superiores a 15.000 euros tuvieran un IRPF del 25%, por decir algo, y que a partir de 60.000 euros se crearan nuevos tramos en los que el tipo marginal, en vez de aumentar disminuyera. Es decir, que el IRPF tuviera tipos regresivos (lo que no significa que el que más gane pague menos: con este sistema, el que más gane siempre pagará más que el que menos gane).

Con eso, argumentaba, se conseguirían al menos tres efectos:

1. Disminución del fraude (si ganando más pagas menos impuestos habría menos incentivos para transformar una retribución blanca en negra).
2. Poner a los trabajadores a trabajar con más intensidad. Actualmente, y a partir de niveles como el de 60.000 euros antes indicado, las ganancias salariales adicionales se reparten más o menos a pachas entre el trabajador y el montoromontero de turno. Por tanto, el incremento de carga de trabajo y responsabilidad asociado a esos niveles salariales puede no ser interesante para muchos, reduciéndose potencialmente la productividad laboral y el crecimiento económico. Incluso a niveles más modestos, ¿quién no ha escuchado las amargas quejas de algún trabajador cuando ante cierto aumento de salario aumentan también las retenciones de IRPF y por lo tanto el «neto» mensual ingresado es similar o inferior al que tenía? Con la propuesta de IRPF «regresivo», muchos trabajadores estarían deseando ascender, ya que el incentivo económico sería mucho más atractivo.
3. Evitar la fuga de trabajadores de alta remuneración al extranjero y atraer trabajadores extranjeros de alta remuneración a España.

El del IRPF que penaliza desproporcionadamente al que más ingresa (nuestros tipos marginales máximos son de los más altos de Europa a igualdad de nivel salarial) no es el único ejemplo de desincentivación al crecimiento económico en nuestro país. No hay más que ver el altísimo número de pymes que facturan casi seis millones de euros, y el bajísimo número de ellas que facturan poco más de seis millones de euros. La obsesión por penalizar al «rico» y a «las grandes empresas», sea fiscalmente o con mayores exigencias burocráticas y regulatorias, reduce nuestro crecimiento potencial e incrementa el fraude. Convendría que repensáramos nuestro sistema económico para poner el crecimiento en el centro del mismo, pues sin crecimiento no son posibles ni mejores servicios, ni mejor medio ambiente, ni menor desigualdad ni menor pobreza.

Quizá, como casi siempre, mi padre tuviera como poco parte de razón.