Ayuso y la realidad
«Menos impuestos y mayor protección al contribuyente -temas que reflejan las necesidades de los ciudadanos- son los ejes de la política fiscal de la presidenta»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Probablemente una de las virtudes que más caracterizan a Isabel Díaz Ayuso sea su extraordinaria capacidad de sintonizar con la realidad social y con las necesidades económicas de la población. Sin duda, por eso ambos espacios le hacen justicia devolviéndole unos resultados espectaculares.
Nadie como la presidenta de Madrid supo ver los anhelos de los españoles cuando apostó por conciliar las precauciones que exigía la pandemia con un imprescindible margen de libertad individual. Nadie como ella fue capaz de apreciar anticipadamente la pulsión de cambio existente en la sociedad española irritada por los excesos del sanchismo. Y nadie como ella ha conectado con sus conciudadanos ofreciéndoles un modo de gestión diferente e ilusionante que sitúa la defensa del individuo en el norte de las políticas públicas. Así lo ha reconocido y apreciado la sociedad madrileña que le otorgó un clamoroso triunfo electoral en 2021 y parece dispuesta a ampliárselo el próximo día 28.
No es menor el éxito que está cosechando Isabel Díaz Ayuso en el área económica. Su política liberalizadora que aúna la reducción de impuestos a los individuos, disminuyendo los cedidos y eliminando los propios, con el favorecimiento de la actividad empresarial, valgan como ejemplos como la libertad de horarios comerciales y la ley autonómica de mercado abierto. El efecto no puede ser más positivo habiendo logrando que Madrid consolide su posición de liderazgo económico entre las comunidades autónomas. Ya se mida por el PIB, el déficit o la deuda autonómicos, por la tasa de empleo o por la renta per cápita, la comunidad madrileña está siempre situada en la cabeza del ranking autonómico que se considere. También encabeza y pese a lo diga la ágrafa ministra de Hacienda -insolvencia o mala fe-, la clasificación de solidaridad por ser la mayor aportante al Fondo Autonómico con el que se financian los servicios públicos básicos de las 12 comunidades autónomas que son receptoras del mismo.
«La presidenta de Madrid ha propuesto reducir el IRPF un 0,5% en cada tramo de la escala autonómica del impuesto»
Pero yendo a la actualidad más rabiosa, la presente campaña electoral nos ofrece una nueva muestra de la habilidad de Isabel Díaz Ayuso para interpretar los anhelos sociales de cada momento, circunstancia que es significativamente perceptible observando el contenido de su programa electoral en materia fiscal que incorpora varias propuestas especialmente sugerentes. Así, ahora que todos los españoles sufrimos la agresividad tributaria del ministerio que dirige María José Montero, la presidenta de Madrid ha presentado su propuesta de reducir el IRPF a todos los madrileños, un 0,5% en cada tramo de la escala autonómica del impuesto. Por cierto, haciéndolo así la rebaja será proporcionalmente mayor conforme menor sea la renta de cada individuo, pues para aquel cuyo tipo medio de tributación sea un 10%, la rebaja supondrá un 5%, en tanto que para el que tributa al 20%, la reducción será un 2,5%.
Para que luego afirmen los sanchistas -insolvencia o mala fe- que la política tributaria de Ayuso va destinada a favorecer solo a las rentas altas. Ahora que la política fiscal de Sánchez ahuyenta a las inversiones y a los inversores, Díaz Ayuso ha anunciado su propósito de incentivar fiscalmente en el IRPF autonómico a aquellos que realicen sus inversiones en el territorio de la Comunidad de Madrid con capital radicado hasta entonces fuera de la región, instrumento que aumentará la actividad económica regional, por ende el empleo y que, finalmente, revertirá en mayor recaudación tributaria futura.
Junto a las cuestiones expuestas, Díaz Ayuso ha manifestado también su propósito de aprobar una futura Ley de Defensa del Contribuyente de Madrid, idea que contrasta con la creciente belicosidad de la Agencia Tributaria estatal, muy alejada ya del espíritu de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes aprobada en 1996 y hoy derogada. Según ha avanzado Ayuso, el contenido de la proyectada norma regulará un procedimiento alternativo para la resolución administrativa de los litigios tributarios con objeto de superar el lacerante incumplimiento por parte de los órganos del Ministerio de Hacienda del plazo fijado legalmente previsto para resolverlos.
«También se prevé instaurar un sistema de asesoramiento tributario gratuito para los contribuyentes con menor nivel de ingresos»
De tener éxito, se reducirá el periodo de tiempo durante el cual el contribuyente ha de soportar la ejecutividad de las liquidaciones tributarias que acaban siendo anuladas. Es una propuesta ilusionantemente rompedora que se dirige claramente a mejorar la posición jurídica del contribuyente. También se prevé instaurar un sistema de asesoramiento tributario gratuito para los contribuyentes con menor nivel de ingresos, en parte similar al conocido turno de oficio mediante el que reciben gratuitamente asistencia letrada aquellos individuos sin capacidad económica para pagarla. Se trata de una iniciativa claramente social que encuentra su razón de ser en el auténtico arcano en el que se ha convertido el Ordenamiento tributario en España.
En definitiva y básicamente, menores impuestos y mayor protección al contribuyente constituyen los dos ejes de la política fiscal anunciada, cuestiones ambas que conectan con la realidad social que refleja el deseo y las necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Esa es la praxis de Ayuso, la que ha iluminado su acción de gobierno hasta ahora y la que, según parece, seguirá iluminándola tras las próximas elecciones si los madrileños le renovamos la confianza que en su día le depositamos y que ella no ha traicionado.
