El dilema de México

Todos los días, el Gobierno de México vulnera las leyes de la democracia representativa con las que fue electo. Un clásico del populismo. La avalancha es tal, que produce parálisis en la opinión pública, las organizaciones civiles y los partidos de oposición. También, por la forma benevolente con que aún se juzga su gobierno en el extranjero. Todas las semanas se podría escribir el mismo texto: López Obrador cruza otra frontera. La de esta semana fue la intervención de Ferrosur, la empresa ferroviaria de Grupo México que cubre un tramo clave del istmo de Tehuantepec y que había ganado en buena lid tras concurso público. La empresa fue tomada por el ejército tras publicarse el decreto de expropiación. Bienvenidos a la república bolivariana de México. 

Para muchos de sus críticos, López Obrador encabeza un gobierno de ocurrencias, incompetencias e improvisaciones. Nada más alejado de la realidad. La destrucción es planificada y el proyecto no se limita a la presente administración, pese a que la reelección está prohibida. López Obrador necesita ganar las elecciones del año que viene, por interpósita persona, a cualquier costo. Y todo su empreño cotidiano está centrado en ese propósito, vulnerando a diario las leyes electorales de la república. La democracia mexicana puede, maltrecha, resistir seis años de populismo, pero no doce. 

En México la elección de presidente es simultánea a la del Congreso, pero con una salvedad: la legislatura se inaugura el primero de septiembre, con la toma de posesión de los nuevos congresistas (diputados y senadores) y la presidencia termina el primero de octubre. En ese mes, si el partido en el poder gana la presidencia y obtiene mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución, López Obrador dará el golpe definitivo a la democracia mexicana con el que sueña desde que llegó a Palacio Nacional. 

«Todo López Obrador cabe en tres rubros fijos: política de concentración del poder, política de perpetuación en el poder y política de imposición de una agenda ideológica»

Insisto: el aluvión de acciones, los distractores constantes y el dominio del relato no deben impedirnos una lectura de conjunto. Todo López Obrador cabe en tres rubros fijos: política de concentración del poder, política de perpetuación en el poder y política de imposición de una agenda ideológica. Y tiene uno transitorio, al que se aferran los ingenuos, facilitadores y cómplices: los pactos temporales con poderes iguales o superiores al suyo.

El asalto al poder empezó con la creación de Morena no como un partido político (que se asume como parte de un todo) sino como un movimiento («de regeneración nacional», que representa al pueblo y se asume como el todo frente a una parte privilegiada). Voluntad del pueblo que, por supuesto, habla a través suyo y que solo él sabe interpretar. La ideología de López Obrador es una mezcla de Luis Echeverría Álvarez –la otra experiencia populista de México (es decir, nacionalismo tercermundista y una visión maniquea de la Historia)–, Salvador Allende y Fidel Castro, númenes titulares de su juventud, aderezada con un fuerte componente conservador en temas morales y libertades civiles. Lo peor de cada casa. Su benjamín se llama Jesús Ernesto, por Cristo y por el Che. Eso explica la alineación con el Foro de Sao Paulo (rebautizado como Grupo de Puebla), la ayuda intervencionista a Evo Morales y a Pedro Castillo, el apoyo financiero y diplomático a la dictadura de Cuba, el demagógico ataque a la España democrática (como si México hubiera existido desde siempre como una arcadia feliz vulnerada por la conquista) y la vergonzosa postura sobre la guerra de agresión rusa en Ucrania. 

Concentrar el poder y perpetuarse en él se basa en tres ejes: control del discurso, militarización de la sociedad y pacto con el crimen organizado.

Todos los días, a las siete de la mañana, López Obrador convoca a una falsa conferencia de prensa, transmitida en directo por no pocos medios públicos, bautizada coloquialmente como «la mañanera». Tras un «posicionamiento político», que tiene como fin el control la agenda pública, abre paso a preguntas de los periodistas acreditados, casi todos afines al régimen. Según el analista de medios Luis Estrada, ha dicho en estos cuatro años y medio de gobierno cerca de 70.000 mentiras. Las declaraciones presidenciales son repetidas por las radios y televisoras del país a lo largo del resto del día, normalizando sus aberraciones. Lo más graves es que usa el nombre de «conferencia de prensa» para atacar sistemáticamente la libertad de expresión, como el ministerio de la verdad de Orwell es usado en 1984 para difundir todas las mentiras. En «las mañaneras» señala, con nombres y apellidos, desde el privilegio impune de la investidura presidencial, a sus críticos y adversarios (la lista es tan larga que incluye a este columnista), poniendo en riesgo sus bienes, su reputación y su vida. Jueces, intelectuales, empresarios, líderes de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos extranjeros, funcionarios públicos de administraciones pasadas, pero sobre todo periodistas, puestos en la picota por el presidente de la República.  

La imposición de un discurso único incluye la descalificación de toda instancia, pública y privada, que genere información y conocimiento, tanto estadístico, como académico o científico. Ello demuestra también su máximo desprecio por la vida intelectual, sus logros y rituales. 

La militarización no sólo incluye la transferencia anticonstitucional de las labores de policía y guardia nacional, sino la compra de la lealtad militar con concesiones lucrativas y ajenas al escrutinio público, algunas de valor estratégico: puertos, aduanas, aeropuertos, pasos fronterizos, refinerías, trenes, labores de inteligencia. Esto le permite un generalato leal, distinto al cuerpo formado por los lentos ascensos militares, y una nueva oficialidad, leal, joven y radical, con altas calificaciones profesionales, que puede ver realizadas sin competencia civil sus carreras y ambiciones económicas. También le brinda una enorme fuente de dinero en efectivo, al margen de la fiscalización de Hacienda y los medios, tanto para su movimiento y sus planes políticos como para la seguridad económica de su entorno familiar y su círculo rojo civil. 

El pacto con el crimen organizado otorga toneladas de efectivo a Morena y le garantiza el control político de sus feudos territoriales. La violencia criminal amenaza la crítica libre (en alianza con el poder político local es el responsable de los crímenes contra los periodistas) y dificulta el poder correctivo de las elecciones. También limita, por el cobro de piso, la extorsión y el secuestro, la vida económica autónoma de muchas lugares y familias, obligándola s a pactar protección (lo que incluye el voto cautivo por Morena) o a depender de los subsidios públicos. Una vida económica libre y autónoma brinda una libertad de elección no deseable. De ahí el encono contra la clase media. La operación del crimen organizado está vinculada a la saturación de dólares en el mercado legal (e ilegal), lo que da estabilidad al peso, y también a las remesas, tanto a las que de verdad llegan del sudor de los mexicanos en Estados Unidos como las que son simple pantalla de un masivo lavado de dinero. 

Ante este desolador panorama se requiere una alianza opositora con un candidato presidencial de consenso y con una plataforma con dos puntos: democracia y desmilitarización. La sociedad civil no puede dejar su responsabilidad en los partidos políticos ni puede refutarlos en aras de la pureza ideológica o moral. La antipolítica alimenta al gólem del populismo. Si se pierde en las elecciones federales del 2024, el daño será irreversible. Y no sólo para México.