Vox, el fascismo y la democracia
«Está muy bien que a algunos les parezca mal que el PP pacte con Vox, pero habría que preguntarse cuál es la alternativa si el PSOE se niega a un acuerdo»
Ya tenemos desatada la alerta antifascista. El pacto del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha la maquinaria propagandística del Gobierno para intentar movilizar a su electorado con vistas al próximo 23 de julio. La consigna oficial es hablar de «pacto de la vergüenza». Da igual cuáles sean las alternativas o qué se haya pactado exactamente.
Las encuestas suelen indicar que una mayoría de ciudadanos prefiere que los extremos estén fuera de las instituciones, pero la realidad es la que es, no la que nos gustaría que fuera. Mientras los españoles sigamos votando variadas opciones y esquivemos las mayorías absolutas, la responsabilidad de nuestros políticos será buscar los pactos pertinentes para garantizar la gobernabilidad. Son las reglas de la democracia.
En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, ¿qué alternativa proponen exactamente los que están tan preocupados con el fascismo? El PP ofreció al PSOE al día siguiente del 28-M un pacto para que gobernase la lista más votada, pero Pedro Sánchez lo desechó de inmediato. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Repetimos las elecciones hasta que gane el PSOE?
Lo más alucinante de todo esto es que, mientras Sánchez rechaza llegar a algún tipo de acuerdo con el PP, critica con dureza que los populares busquen otras alternativas a su derecha. El PSOE, ese partido que es capaz de pactar con Podemos, Bildu, ERC y nacionalistas de todo pelaje y condición, dando lecciones al PP. Lo que nos faltaba por ver.
Para colmo, el mismo día del acuerdo en la Comunidad Valenciana resulta que el PSC, el hermano catalán del PSOE, pactó dos diputaciones provinciales con Esquerra Republicana, partido cuyo líder fue condenado hace bien poco por un delito de sedición. Que sepamos, Santiago Abascal todavía no tiene semejante hoja de servicio, y el único condenado en sus listas ha sido convenientemente apartado para poder pactar con el PP. Por cierto, es curioso que algunos exijan abandonar la política por un delito de hace 20 años, pero toleren sin rechistar que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, siga en su cargo tan pancha a pesar de haber sido condenada la semana pasada por el Tribunal Supremo. La vara de medir se ve que no es igual para todos.
Es muy tramposo exigir al PP que no pacte con Vox cuando al mismo tiempo no se le tiende la mano para buscar una solución. Al PP no le queda otra alternativa. Todo lo contrario que al PSOE de Sánchez, que siempre ha tenido a Alberto Núñez Feijóo ofreciéndole una tabla de salvación para desvincularse de sus pactos con los anteriormente citados, pero que nunca la ha aceptado. Por tanto, no es lo mismo. Sánchez no se ha visto obligado a echarse al monte, lo ha hecho en todo momento por voluntad propia. En el caso de Feijóo, es pura necesidad aritmética: en la mayoría de lugares no tiene a nadie más con quien pactar.
Seamos claros: Vox es un partido perfectamente legal. Nos puede gustar más o menos, pero le acaban de votar un millón y medio de personas el 28-M. El PP tiene todo el derecho del mundo a buscar un pacto allí donde lo necesite. Otra cosa es qué políticas pacta y cómo las aplica. Y por supuesto los medios de comunicación estaremos ahí denunciando si se transgrede alguna línea roja fundamental. Como se ha visto en la legislatura de Sánchez, España es un Estado de Derecho y los contrapoderes, por lo general, funcionan pese a los descarados intentos por controlarlos.
De momento, conviene recordar que en Castilla y León ya llevan gobernando juntos PP y Vox desde hace más de un año y, aunque hay continuas broncas entre ellos, la realidad es que no se ha acabado el mundo, el Ejecutivo regional no ha obligado a las mujeres a llevar burka… y tampoco consta que los consejeros de Vox, por muy pintorescos que sean, se hayan saltado la ley.
Como las elecciones del 28-M han demostrado sobradamente, el acuerdo con Vox no ha penalizado al PP. Todo lo contrario: ganó las municipales en toda España y precisamente en Castilla y León ahora está en disposición de recuperar alcaldías importantes como Valladolid o Burgos.
La alerta antifascista, pues, parece que ya no funciona. Es sorprendente que el PSOE se agarre a ella otra vez, pero debe ser que no tiene nada más interesante que ofrecer a los electores para el 23-J.