La lengua como identidad

«La extrema derecha y la derecha extrema» (son palabras de Pedro Sánchez) amenazan con ganar las elecciones generales del 23 de julio y, entonces, ¿qué pasará? Que las libertades retrocederán y perderemos derechos porque abolirán las leyes progresistas del Gobierno de Sánchez.

¿Y qué leyes progresistas son esas? Esto lo ha descrito con la ironía que lo caracteriza Fernando Savater: «Pues muy sencillo: la del solo sí es sí, la eliminación del delito de sedición, la que redujo la malversación o la que dotó a los animales de derechos que antes estaban reservados a los humanos». Y sobre todo, añade Savater, «si se llena el Parlamento de gente de esa calaña, los ultras exigirán que se pueda elegir la lengua vehicular en todos los niveles de la enseñanza. ¡Es que no te enteras! ¡Así perderemos nuestro sagrado derecho a prohibir el español en las aulas!».

Quienes se han ciscado en la Constitución en las leyes y en las sentencias de los tribunales han sido (con el consentimiento y apoyo de los gobiernos autonómicos sanchistas) los que hoy nos gobiernan, olvidando que el español es la lengua común de todos los españoles.

Y, la verdad, esto último va a llevar a muchos españoles a votar en las urnas a favor de que se cumpla en este asunto lingüístico el artículo 3 de la Constitución y la norma del 25% de las clases en español.

Así es, la imposición de la lengua autonómica –siempre minoritaria- se ha convertido en la esencia de la identidad como antes lo fue la raza. Este nuevo racismo es algo que se debe combatir ideológica y políticamente hasta, a medio plazo, acabar con semejantes despropósitos, que sólo conducen a negar a muchos españoles los derechos que le otorga la Constitución. En efecto, tanto en Valencia como en Baleares, los nuevos gobiernos autonómicos de «extrema derecha y de derecha extrema» parece que sí están dispuestos a traer otra vez la Constitución a la enseñanza.

«Volver a la Constitución es volver al sentido común y a la concordia»

Conviene recordar a este propósito el caso de Salvador Iglesias en las Islas Baleares. Este señor tenía una hija a la cual se le impedía recibir el 25% de la enseñanza en español. El padre llevó ante la Justicia al Gobierno autonómico de Armengol por vulnerar ese derecho del uso del español en las aulas. Cansado de reclamar para su hija ese mínimo del 25% sin que esa demanda se resolviera, el demandante acabó enviando a su hija a Estados Unidos. Este caso, apoyado por la asociación Hablamos Español, se unió al de otras reclamaciones individuales y colectivas, como la del Colectivo de Profesores Plis Educación, uno de los más combativos en la defensa del español en las aulas baleares.

Otro foco del conflicto creado por el nacionalismo (con el consentimiento y el apoyo del sanchismo) se centra en los servicios sanitarios catalanes exigiendo que médicos y enfermeros se dirijan a sus enfermos en catalán, con lo cual se pretende expulsar de las oposiciones a estos puestos de trabajo a quienes no sean catalanoparlantes. Y ya veremos cuando semejantes distorsiones se pretendan imponer en el País Vasco, con una lengua tan latina como es el euskera. Ya lo he escrito: el idioma español es el que corresponde al conjunto de los españoles, que tienen el deber de conocerlo y del derecho a usarlo.

Volver a la Constitución es volver al sentido común y a la concordia, algo que los separatistas no están dispuestos a admitir pero, a lo mejor, entran en razón. Y si no que la ley les haga entrar en otro sitio más oscuro. En la cárcel.