La legislatura 'desconstituyente'
«Lo que vamos a ver es una completa transformación -ejecutada por la vía de los hechos- de la arquitectura legal de nuestro modelo de convivencia»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La tenue esperanza de que no llegara a fraguarse el Frankenstein-Plus imprescindible para que Pedro Sánchez pueda seguir en La Moncloa se evaporó muy poco después de las ocho de la mañana de este aciago 17 de agosto de 2023. A esa hora, los de Junts anunciaron su acuerdo con el PSOE, quizá previo y silenciado. La esperanza era tenue, pero no insensata, porque hay que tener muy amplias tragaderas para asumir que el Plus de este Frankenstein exige conceder al fugado Carles Puigdemont los mandos desde Waterloo: el «mando a distancia», por utilizar la expresión del socialista Emiliano García Page. Pero con Pedro Sánchez el juego no es de sensatez sino de poder, de ejercicio del poder. Y eso, desde su No es no contra Mariano Rajoy, le obliga a sumar todo el independentismo a las menguantes fuerzas de la izquierda a su izquierda.
El problema (no menor) es que el separatismo tiene su agenda política, y la XV Legislatura que arrancó este desdichado 17 de agosto tiene todas las papeletas para ser la que nos imponga esa agenda indepe a todos. Unos la llamarán «legislatura constituyente», otros de «superación del candado del 78», alguno más de «reforma radical» para «adaptarnos a la diversidad federal y plurinacional de España». Lo que haga falta. Lo que vamos a ver (¡ojalá no!) es una completa transformación -ejecutada por la vía de los hechos- de la arquitectura legal de nuestro modelo de convivencia.
Empieza una legislatura desconstituyente, con Sánchez como presidente consentido por quienes exhiben los diversos propósitos enunciados en sus variadas fórmulas de no-acatamiento de la Constitución: los que pretenden la república vasca, ora comunista, ora solo nacionalista, los que prefieren la república catalana que rinde pleitesía al fugado, y quienes la desean sin rendírsela, los que se declaran republicanos de cualquier república, y los que pasaban por ahí.
«Sánchez se habría comprometido a poner en marcha alguna ley de punto final que borre cualquier huella de delito de los condenados»
De momento, como primer paso en la voluntad desconstituyente que a todos reúne, Sánchez se habría comprometido a poner en marcha alguna ley de punto final que borre cualquier huella de delito de los condenados (y, sobre todo, de los fugitivos) por la intentona golpista del otoño de 2017. A esto ellos le llaman «desjudicializar el 1-O». ¡Será por eufemismos! Además, el presidente en funciones habría aceptado investigar la conspiranoica relación que los de Puigdemont dicen ver entre el CNI y los atentados de las Ramblas de agosto de aquel 2017. Es decir, habría asumido como legítimo investigar si España es un Estado criminal. Y, para que no falte detalle, el candidato socialista también habría admitido reactivar la comisión de investigación sobre el Pegasus. Y no, no se refiere a quién, por qué y para qué pudo infectar los móviles del presidente del Gobierno y de buena parte del Consejo de Ministros con el software Pegasus, sino a los lógicos seguimientos policiales (con autorización judicial) de las comunicaciones de investigados por sedición y malversación en el mundo indepe.
Como todo esto es muy desagradable, conviene hacer ruido con algo más inocuo a la par que molesto. La flamante nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo anunció tras el acatamiento (o atacamiento, según los casos) de la Constitución por parte de sus señorías. Ella permitirá el uso libérrimo de cualesquiera de las lenguas cooficiales. ¿Con o sin pinganillo con traducción simultánea? De momento, sin nada. Tampoco hace falta entenderlo todo.
Llama la atención que Armengol concluyera su personalísima presentación como tercera autoridad el Estado con un merecido recuerdo a Félix Pons, su predecesor en el cargo en tiempos del felipismo. Le mencionó justo después de haber dado por buenos los creativos juramentos de los diputados indepes (¡y no sólo!), cuando uno de los momentos estelares del mandato de Pons en la Presidencia del Congreso se produjo en 1989: invitó a los parlamentarios electos de Herri Batasuna a abandonar el hemiciclo tras negarles la condición plena de diputado por el simple hecho de haber prometido la Constitución «por imperativo legal». ¡Solo «por imperativo legal» y les echó! Aceptaron ser expulsados y quedaron como «diputados ausentes» toda la Legislatura. ¡Qué tiempos! En breve, tendrá más fácil la expulsión quien se atreva a jurar o prometer una Constitución muy pronto demodé.
