Supongamos que pasara
«De poco sirve condenar las coacciones de una minoría que quiere romper con España si a la hora de impedir sus privilegios se mira para otro lado»
Emiliano García-Page.
Supongamos que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, en solidaridad con el compañero y presidente de esa comunidad autónoma, Emiliano García-Page, se plantearan votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez, al entender que las obligadas concesiones al fugado Puigdemont dañan los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos que les dieron su apoyo en las urnas. Imagínense que los ocho representantes electos del PSOE en el Congreso rompieran la disciplina de voto y dieran prioridad –como prometieron en la campaña electoral- a los intereses de sus conciudadanos, frente al empeño por perpetuarse en el poder de Pedro Sánchez.
Porque de poco sirve condenar las coacciones y extorsiones de una minoría que quiere romper con España, si a la hora de impedir los privilegios y concesiones a Cataluña y al País Vasco se esconde la cabeza debajo del ala o se mira para otro lado.
Porque, vamos a ver, Page dice que no quiere una legislatura controlada desde Waterloo, con un mando a distancia, por Puigdemont. Todos aplaudimos que se atreva a expresar públicamente su desacuerdo con las exigencias –algunas inconstitucionales- de una minoría independentista. Muchos elogiamos sus argumentos, cuando denuncia que los impuestos de todos los españoles no pueden servir para pagar a los traidores. Pero, nunca dice, a continuación, que el problema de la compra de voluntades estaría resuelto si el PSOE y el PP así lo decidieran, poniéndose de acuerdo y llegando a un pacto de investidura.
Puestos a suponer, supongamos que, de una vez por todas, se decidiera acabar con la deriva a la que nos lleva nuestra ley electoral. Supongamos que los votos valieran lo mismo en cualquier parte de España. Supongamos, por otra parte, que en la democracia española se impusiera el sentido común y se atendieran los deseos y afanes de más de dos terceras partes de los ciudadanos con derecho a voto, en lugar de que esa amplia mayoría de electores sea sometida a los caprichos y deseos de una minoría insolidaria, a la que preocupan muy poco los problemas económicos o sociales de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o la Comunidad Valenciana.
Nuestra democracia –en la que no creen Puigdemont y compañía– no puede subvencionar los objetivos de quienes se han puesto al margen de la ley y de la Constitución. De quienes viven alejados de los intereses generales de los españoles. A ellos –es otro suponer– les preocupa mucho más la amnistía de quienes tienen causas pendientes con la justicia, por los sucesos de octubre de 2017. O las reformas pertinentes para volver a convocar un nuevo referéndum de independencia, esta vez con las debidas garantías y con el respaldo de las instituciones del Estado.
Supongamos que se produjera alguna carambola en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, convocada para los días 26 y 27 de septiembre, y que los partidos nacionalistas e independentistas dejaran de tener agarrado por salva sea la parte –de eso entiende bastante Luis Rubiales– al nuevo gobierno que saliera de la misma. No caerá esa breva, pero serviría para mejorar, al menos, nuestra salud democrática.
Mientras tanto, seguiremos pendientes de cómo cambia de canal y mueve Puigdemont su mando a distancia. Y que no se preocupe si se le agotan las pilas, porque Sánchez tiene también el repuesto preparado.
