Amnistía, el sacrificio de la verdad
«Si se confirma la amnistía, el Gobierno de España habrá consumado la cesión más importante de la historia: la cesión de la realidad»
Puigdemont, Junqueras y otros políticos independentistas, el 27 de octubre de 2017. | Europa Press
Ayer fue un día irónico: Maruja Torres habló de las «momias del PSOE» y Pedro Sánchez declaró formidables ganancias por derechos de autor. Mientras tanto, el equipo olímpico de oficialismo sincronizado ejecutaba en los medios las últimas consignas de su patrón: la amnistía es constitucional y deseable, y sólo los partidarios del inmovilismo, el retroceso o el rencor son incapaces de verlo. En general, preferían el término ‘dinosaurio’ a ‘momia’ para los viejos socialistas que se han opuesto a la penúltima claudicación ante el nacionalismo, pero eso es lo de menos. Lo importante es cómo atornillan el relato.
Si se confirma la amnistía, el Gobierno de España habrá consumado la cesión más importante de la historia: la cesión de la realidad. Ha llegado el momento en que las verdades públicas —los hechos y principios sobre los que se asienta la convivencia— muten para ajustarse a los intereses de Pedro Sánchez. Si el precio a pagar para lograr su investidura es ceder las competencias sobre la verdad a un mentiroso delirante como Puigdemont, que así sea. Pero la cesión no será inocua para la convivencia. Puigdemont, aun delirante, sabe que la mejor manera de posicionarse para el futuro es controlando el pasado. De esto va la amnistía: de legitimar lo que fue para legitimar lo que viene. Y esta legitimación consiste en validar la versión puigdemoniaca de la realidad.
«Ya no hablamos de transferir competencias, condonar deudas o firmar. Hablamos de convertir un hito democrático en una vergüenza nacional»
Esa versión dice que desde el 11 de septiembre de 1714 Cataluña es poco menos que una colonia de España. Desde entonces hasta hoy, el Estado ha parasitado la riqueza de Cataluña mientras trataba de disolver su identidad cultural mediante una estrategia de ocupación y un plan centralista de nacionalización. Pero Cataluña ha aguantado heroicamente las innumerables embestidas de la bárbara España; ha conservado su riqueza, su tradición y su lengua, pese a los planes de disolución cultural que el estado español —particularmente durante el franquismo— ha perpetrado. El llamado procés fue una revolución pacífica, democrática y legítima —como nación, Cataluña tiene derecho a decidir su futuro— y lo ilegítimo fue la reacción —tan violenta en lo policial como en lo judicial— del Estado español. Las Cortes que aprueben la ley de amnistía habrán de hacerlo asumiendo la verdad de este relato: los instigadores no tienen que pedir perdón por atentar contra la legalidad constitucional. Al contrario, son los guardianes de la Constitución quienes han de disculparse ante ellos en nombre del Estado que injustamente los reprimió.
Ya no hablamos de transferir competencias, condonar deudas o firmar. Hablamos de convertir un hito democrático —la defensa de la Constitución frente a sus asaltantes— en una vergüenza nacional. Todo, para satisfacer las ambiciones de un solo hombre.
