La trama Forestalia incumplió la ley de blanqueo para ocultar el rastro del alto cargo de Ribera
La Ucoma sostiene que Domínguez se valió de un sistema de ocultación para recibir «contraprestaciones»
Eugenio Domínguez y la exministra Eugenio Domínguez. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Guardia Civil ha puesto el foco en dos operaciones de la trama Forestalia. Ambas conciernen a Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica. La Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) sostiene que se valió de sistemas de ocultación para recibir «contraprestaciones» de la empresa de Fernando Samper por facilitar licencias. Los investigadores sostienen que la fórmula habría sido diseñada por los hermanos Pérez Águeda, que también intervinieron en operaciones del propietario de Servinabar y de la familia Sumelzo. Otro operador necesario sería un notario que incumplió la ley de prevención del blanqueo de capitales.
La Ucoma apunta en un atestado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que Domínguez se aprovechó de su posición, primero como subdirector de Evaluación Ambiental y luego como asesor del secretario de Medio Ambiente, para lucrarse. Mientras se encontraba en esos puestos, habría facilitado, «incurriendo en numerosas irregularidades», la emisión de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), indispensables para que Forestalia desarrollara sus proyectos de energías renovables «a pesar de su alto impacto ambiental».
Para ocultar las «contraprestaciones» recibidas, el ex alto cargo del departamento de Ribera se valió de una empresa administrada por su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco, y usó un contrato de compraventa que no se elevó a público con la connivencia del notario. Esa maniobra evitó conocer a los verdaderos titulares de las empresas que participaron en una transacción de acciones a las que, posteriormente, se otorgó un préstamo de 5,2 millones de euros que, en realidad, sería una presunta mordida a favor de Domínguez.
La galaxia Forestalia
Los investigadores señalan que el antiguo subordinado de Ribera, uno de los seis detenidos el pasado 3 de marzo, llegó a poseer participaciones de empresas que desarrollaban proyectos que necesitaban de su autorización. Domínguez se habría servido para cobrar las presuntas mordidas de Dherco, creada en julio de 2023. En la sociedad aparece como administradora única su mujer, Montserrat Heredero, y como socios sus cuatro hijos.
Los agentes destacan «su nula actividad» y el objeto social de la empresa, dedicada al diseño, a la decoración de viviendas y locales y a la realización de estudios de impacto ambiental. «Resulta técnica y lógicamente insostenible que una empresa de decoración de interiores se presente simultáneamente como consultora técnica para realizar complejos proyectos de energías renovables, salvo que su función real sea servir de pantalla para canalizar los pagos vinculados al cargo público», afirma la Ucoma.
La trama se sirvió de Caliope Innova, una mercantil constituida por Eduardo Pérez Águeda presuntamente para actuar como intermediario entre las relaciones societarias de Domínguez y Forestalia. Los investigadores aseguran que la arquitectura de Caliope Innova se puede definir como «un carrusel societario». La empresa se constituyó para dedicarse a la gestión de centros de psicología, selección de personal y servicios de limpieza, pero cambió su objeto social hacia la intermediación de activos energéticos.
Los miembros de la trama ejecutaron el 27 de septiembre de 2023 «una maniobra de opacidad deliberada» en la notaría de Javier de Lucas Cadenas, otro de los detenidos el pasado 3 de marzo. Lo hicieron gracias a un «acta de depósito», utilizada para «ocultar» la compra de participaciones sociales de las mercantiles Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, que posteriormente adquirían acciones de Babieca Investment Renewable, sociedad de la galaxia Forestalia.
La creación de Dherco
Los investigadores revelan que la ocultación habría tenido lugar con dos contratos de compraventa. El primero, entre Caliope Innova y Estudio de Asesoramiento Dherco para la adquisición de participaciones en Caliope Energy Greem. En el segundo contrato, y a diferencia del anterior, intervino Domínguez, al que se le identifica como «empresario», y su mujer. Ambos firmaron un contrato privado para comprar participaciones de Caliope Smart Energy. Los contratos no se anexaron a la escritura pública.
«Se introdujeron en sobres cerrados custodiados en la caja fuerte de la notaría, impidiendo cualquier rastro en el Índice de Actividad Notarial estándar. A juicio de esta instrucción, este mecanismo podría estar vinculado a una clara operativa compatible con el blanqueo de capitales. Esto permite que la transmisión de participaciones que conforma el presunto pago permanezca oculta, evadiendo los sistemas de control y transparencia, de forma que no se puede conocer el verdadero titular de las empresas Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy», destaca la Ucoma.
Los agentes reclamaron los contratos de esas compraventas. El notario solo adjuntó el primero. Ante las sospechas de una ocultación deliberada, miembros de la Ucoma se personaron en su despacho el 9 de enero. De Lucas les indicó que, al ser un depósito físico, no tenía la obligación de incorporarlo al acta pública. Ante la «evidente falta de transparencia y cooperación», la Guardia Civil expuso la situación al juez que investiga el caso Forestalia, que acordó precintar los sobres para asegurar la cadena de custodia de las pruebas.
El notario habría obviado «numerosas obligaciones» que debería haber cumplido, ya que Domínguez tenía responsabilidades públicas y tanto él como sus familiares estaban obligados a aplicar medidas reforzadas de antiblanqueo. La Ucoma sostiene que De Lucas habría permitido con esa omisión deliberada la ocultación de pagos, un delito de cohecho. Los investigadores sostienen que el ex alto cargo con Ribera copió el método del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que presuntamente habría cobrado mordidas a través de Servinabar, de la que dispondría de un 45% de las acciones según un contrato privado.
Domínguez se convirtió en subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental al final del mandato de Isabel García Tejerina (PP), pero Ribera lo mantuvo tras ser nombrada ministra en junio de 2018. El ex alto cargo detenido se jubiló en junio de 2023, pero, para evitar su salida del Ministerio, fue contratado hasta diciembre de ese año como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Teruel Existe ha pedido su cese o dimisión.