Marlaska ve desproporcionada y contraria a la UE la reforma que endurece los retornos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado este jueves de que el acuerdo alcanzado esta semana por la Unión Europea para endurecer la política de retornos y consolidar la creación de centros de deportación en terceros países para inmigrantes irregulares llegados a suelo comunitario incluye disposiciones a su juicio desproporcionadas y que chocan con los valores y principios de la Unión.

«Hay medidas de ese reglamento que pueden conculcar los principios de la Unión Europea, valores de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, así como legislación internacional», ha resumido Marlaska en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Interior de la UE que se celebra en Luxemburgo.

El ministro se refiere en concreto a la base legal que crea el acuerdo para permitir la creación de centros de deportación en terceros países para externalizar fuera de la Unión la gestión de las expulsiones de los migrantes llegados a suelo comunitario pero a los que no se concede el asilo, siguiendo el modelo que Italia negoció con Albania y que bajo las reglas actuales de la UE resultaría ilegal.

España, que ya se posicionó en contra de este enfoque para la reforma cuando los Veintisiete coordinaron su posición negociadora en la reforma pactada con el Parlamento Europeo, «no acepta la redacción» del reglamento de retorno, ha dicho el ministro.

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y de la Eurocámara lograron esta semana un acuerdo sobre el reglamento de retorno que reemplazará una directiva anterior que data de hace casi 20 años, y, aunque necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete para salir adelante, el Gobierno no podrá frenar su tramitación pese a no respaldarlo ya que no requiere unanimidad.

En concreto, el nuevo reglamento crea el encaje legal necesario para que los gobiernos puedan negociar con terceros países la creación de centros de deportación en ese territorio, a donde trasladar migrantes a los que se ha denegado el asilo una vez llegados a la UE y que están a la espera de ser expulsados a su país de origen o uno de tránsito.

Estos acuerdos con terceros países no son compatibles en la actualidad con el Derecho de la Unión, pero el nuevo reglamento establece las condiciones para que lo sean, permitirá a uno, varios países o incluso a la UE negociar con un Estado tercero para instalar bajo su jurisdicción los centros, con la condición de que cumplan los Derechos Humanos, respeten el Derecho internacional y cumplan el principio de non-refoulement, es decir, que no realicen devoluciones en caliente.

Sin embargo, España entiende que podría vulnerar «no sólo los valores de la Unión Europea, sino también la legislación internacional, como por ejemplo un principio esencial y básico de la protección internacional, como es la no devolución sin justificación alguna y poniendo en riesgo a las personas».

En este sentido, también preocupa al Gobierno que la creación de estos centros de deportación se puedan pactar a través de «convenios no vinculantes» y a que ellos puedan ser trasladadas incluso familias con menores o personas si ningún punto de conexión con esos terceros países.

Otra de las claves de la nueva norma y que preocupa especialmente a España, ha apuntado el ministro, es el aumento del plazo de detención hasta los 24 meses (con posibilidad de una prórroga de seis meses más) durante el que una persona a la que no se concede la protección internacional puede ser retenido en un centro de internamiento.

«Nos parece absolutamente desproporcionado, muy difícil de colegir en los valores de la Unión Europea, también internos españoles, porque puede conllevar que una persona en esa situación de solicitud de protección internacional se vea abocada mientras la tramitación del retorno a una privación de libertad superior a la que sería si se le imputara un delito, incluso un delito grave», ha alertado Marlaska.

Tampoco ve España con buenos ojos que el reglamento no reconozca una orden europea de retorno «obligatoria», porque en su opinión supone «faltar a la debida confianza» entre Estados miembro y «se huye de una política migratoria común».