Telefónica: sí a las inversiones, no a perder el control
«España y Europa no deben verse atrapadas en una falsa dicotomía entre más inversión extranjera y autonomía»
Exterior de la sede de Telefónica. | Europa Press
El pasado martes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció que Saudi Telecom Company (STC), en la que el fondo soberano de Arabia Saudí tiene una participación del 64%, había adquirido un 4,9% del capital social de Telefónica, y otro 5% a través de instrumentos financieros. Con esta compra, la compañía saudí se convierte en el principal accionista de Telefónica, superando ampliamente a BBVA (4,87%), Blackrock (4,48%) y Caixabank (3,5%).
Esta adquisición se inscribe en la nueva estrategia de diversificación económica y mejora de la imagen del régimen saudí, que, a pesar de seguir siendo una dictadura restringida en cuanto a derechos y libertades básicas, ha realizado inversiones significativas en promoción exterior. Ejemplos notables incluyen la contratación de jugadores de las principales ligas europeas, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Gabri Veiga y Kanté, así como una atención creciente hacia ciencia y tecnología. Aunque STC ha declarado que no existe la intención de adquirir un control o participación mayoritaria en Telefónica, es innegable que esta operación representa otro paso en los esfuerzos saudíes por expandir su influencia en Europa.
Es evidente además que nuestras empresas de telecomunicaciones atraviesan un período de crisis. Un reciente informe del Real Instituto Elcano advirtió sobre problemas de deuda y financiación que afectan a esas empresas, y se han presentado diversas propuestas tanto a nivel nacional como europeo para abordar esta situación. Antes de la operación saudí, Telefónica ya tenía una deuda de 26.500 millones de euros; la entrada de capital provocó un breve repunte en el valor de sus acciones en bolsa.
En este contexto, es innegable que la importancia estratégica de Telefónica en materia de seguridad nacional no puede pasarse por alto. Durante el último verano, la empresa firmó contratos por valor de 173 millones de euros con las Fuerzas Armadas, lo que demuestra su papel esencial en la mejora de sus equipos. Por tanto, estamos hablando de una empresa clave que ahora está siendo participada por un gobierno autocrático en un momento de debilidad económica.
Surge una cuestión espinosa: ¿debemos permitir que Arabia Saudí, una dictadura, tenga participación en una empresa de telecomunicaciones española que es esencial para nuestra defensa?
Este dilema se asemeja a situaciones recientes en Alemania, donde una empresa china, COSCO, adquirió el 24,99% de una terminal en el puerto de Hamburgo. A pesar de que la Comisión Europea, siguiendo el reglamento de control de inversiones extranjeras, recomendó no llevar a cabo la operación, la mayoría de los actores económicos y políticos, tanto a nivel local como nacional, presionaron para que se concretara. Otra demostración más de la tensión entre las presiones estratégicas y las económicas.
No podemos ignorar la realidad del sistema internacional y el hecho de que la vulnerabilidad de algunas de nuestras empresas clave las pueda llevar a admitir ofertas que serían inaceptables en otros contextos. Pero lo que está en juego son elementos cruciales para la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales, como el control de infraestructuras y el acceso a datos.
«La defensa de un mercado lo más abierto y libre posible no está en contradicción con la aplicación de análisis y vetos más rigurosos cuando estas inversiones afecten a nuestra seguridad nacional»
España y Europa no deben verse atrapadas en una falsa dicotomía entre más inversión extranjera y autonomía. Este no es un debate sobre la necesidad de renacionalizar empresas, como sugieren algunos sectores del gobierno. Nuestras grandes compañías necesitan capital, como lo demuestra el traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos para acceder al mercado de capital estadounidense. La cuestión fundamental es quién está detrás de esas empresas y qué riesgos estamos dispuestos a asumir en términos de seguridad y protección de nuestros derechos y libertades al permitirlo.
Debemos establecer herramientas para asegurarnos de que inversiones extranjeras de este tipo puedan ser rechazadas sin poner en peligro la seguridad jurídica de otras inversiones o las perspectivas económicas de nuestras empresas. La defensa de un mercado lo más abierto y libre posible no está en contradicción con la aplicación de análisis y vetos más rigurosos cuando estas inversiones afecten a nuestra seguridad nacional.
Esto requiere respuestas a nivel europeo. Cada vez que se materializa una adquisición en una empresa europea, ésta puede operar en todos los Estados miembros. Por lo tanto, es crucial fortalecer el reglamento europeo de control de inversiones, como anunció la presidenta de la Comisión Europea. Deberíamos buscar la armonización de los sistemas nacionales de control de inversiones y considerar procesos de autorización más estrictos de antemano, similares a los que ya aplica la Comisión Europea en el ámbito de la política de competencia. No podemos pasar por alto tampoco las causas subyacentes de esta problemática, como el acceso a financiación para nuestras empresas. Aquí la UE tiene una tarea pendiente muy clara: completar la Unión de Mercados de Capitales, la Unión Bancaria, profundizar el mercado único de servicios y reducir las trabas administrativas.
En resumen, avanzar hacia una nueva doctrina de seguridad económica.
En el siglo XXI, una política liberal debe evitar caer en dogmatismos que no se ajusten a su tradición de pensamiento. Debemos esforzarnos por atraer la mayor cantidad posible de inversión extranjera en condiciones de seguridad jurídica, pero también asumir que, en cuestiones relacionadas directamente con nuestra seguridad nacional y los derechos y libertades de los ciudadanos, hay que tomar medidas para garantizarlos y evitar que gobiernos dictatoriales puedan hacerse con el control de sectores clave para nuestro país.
