La diarrea legislativa del Gobierno
«Los independentistas no representan a la mayoría de catalanes y no pueden salirse con la suya solo porque Sánchez quiera seguir durmiendo en la Moncloa»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ya me perdonarán ustedes lo escatológico del titular, pero los acontecimientos de los últimos días me han hecho recordar estas palabras de Ángela Rodríguez Pam. Ella se refería, más en concreto, al Ministerio de Igualdad del cual es secretaria de Estado, porque aunque parezca mentira ya que cada vez que abre la boca da la sensación de que tiene la inteligencia justa para abrir un pistacho –ahí están, por ejemplo, sus risas y chascarrillos ante la reducción de condenas a violadores-, la inefable gallega ocupa ese alto cargo. Una de las deposiciones de lo que, según sus palabras, es diarrea legislativa fue la conocida como ley de solo sí es sí, que crearon a partir de un corta y pega de eslóganes de las pancartas de las manifestaciones surgidas como protesta por la condena a la manada de los Sanfermines y que ha acabado suponiendo la reducción de un año de la condena de uno de los condenados y, seguramente, lo mismo va a suceder con el resto. Cuando Pam tiene razón hay que dársela: esa ley solo puede entenderse como el resultado de una descomposición de estómago.
Más allá de lo simbólico que resulta este último caso, estamos hablando de más de 1.300 violadores que por culpa de esta ley han visto reducidas sus penas con la consiguiente revictimización de muchas mujeres que no solo tienen que revivir de nuevo ese horrible episodio de sus vidas, sino que también han de gastar su dinero para pagar de nuevo abogados y procuradores. Por todo esto, no es exagerado decir que este Gobierno es el que más ha perjudicado a las mujeres desde la restauración de la democracia.
De hecho, tras defender contra viento y marea esta ley como un gran logro feminista, este fin de semana Irene Montero reconoció que tenía un error garrafal, pero que la culpa es del Ministerio de Justicia, que es del PSOE. O sea, que sabían que la ley estaba mal y que iba a tener resultados negativos, pero prefirieron sostenella y no enmendalla. Hermana, te han mentido, como decía Lupe Sánchez hace unos días en estas mismas páginas.
Y también forma parte de su defecación legislativa la llamada ley trans, una ley que lejos de proteger a las personas transexuales, les está haciendo daño como ya se advirtió desde el feminismo que iba a pasar y como empiezan a darse cuenta ahora. Uno de los aspectos negativos de dicha ley es que cualquiera puede ir al registro y cambiar de hombre a mujer o viceversa sin más requisito que decir que así es como se siente. No hay fraude de ley posible porque el fraude es la ley.
Ningún funcionario puede cuestionarle a la persona que tiene delante que es una mujer si dice sentirse así ni aunque se llame Antonio, luzca una poblada barba y su cuerpo parezca un armario ropero. Como está sucediendo en otros países –el 50% de delincuentes que piden cambio de sexo en Gran Bretaña son agresores sexuales-, maltratadores y violadores sienten de repente la epifanía de ser mujer y pasan a cumplir sus condenas en cárceles femeninas. Y sí, es cierto que la ley garantiza que la nueva condición de género no va a modificar sentencias anteriores, pero si un hombre, gracias a la ley trans, ha conseguido que se lo reconozca como mujer, si vuelve a agredir a una, esta agresión ya no será tipificada como violencia de género.
«La amnistía supone el privilegio de una clase política que puede delinquir sin consecuencias penales»
Esto está repercutiendo negativamente en el colectivo de las personas que realmente son transexuales y por ello, tras acusar de transfobia a cualquiera que avisara de que esto iba a pasar, personas destacadas como Amor Romeira ya están pidiendo un cambio en la ley. De las demandas que se va a encontrar el Estado por parte de las personas que han iniciado el tránsito en la infancia o la adolescencia y ahora están sufriendo las consecuencias como sucede en otros países ya hablaremos otro día. Pese a todo esto, Podemos dijo el sábado que si Sánchez quería sus cinco votos para ser investido presidente, tenía que colocar Irene Montero de ministra y enchufar con ella a toda sus plétora de amigas inempleables fuera de la política, aunque ya se están desdiciendo.
Y, finalmente, una diarrea preventiva, porque según Marta Rovira, secretaria general de ERC, la ley de amnistía ya se da por descontada en tanto que era parte del compromiso para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. La amnistía supone, por una parte, el privilegio de una clase política que puede delinquir sin consecuencias penales y, por otra y todavía más grave, aceptar que en España hay presos políticos y exiliados, es decir, que no es una democracia. E implica también, y esto es especialmente doloroso para todos los que en Cataluña dimos la cara en los peores momentos del proceso independentista, que no existió ningún delito, que no se malversó el dinero público para un referéndum ilegal, que no se utilizaron a ancianos y niños como escudos humanos en los colegios, que no hubo violencia en las calles de Cataluña, que no se ocupó el aeropuerto ni se sabotearon líneas de tren.
Con este panorama, cuesta mucho seguir defendiendo los valores de la libertad y de la igualdad, pero es necesario continuar luchando por ellos y por eso el próximo 8 de octubre, convocados por SCC, tenemos que volver a llenar las calles de Barcelona como lo hicimos en 2017 cuando los separatistas nos querían arrebatar nuestro pasaporte español y convertirnos en extranjeros en nuestra propia tierra. Y no, los independentistas no son Cataluña: ERC es la cuarta fuerza política –jamás han ganado unas elecciones autonómicas- y Junts, la quinta. No nos representan a la mayoría de catalanes y no son más que un puñado de votos en el conjunto de España, así que no pueden salirse con la suya solo porque Sánchez quiera seguir durmiendo en la Moncloa. No permitamos que Puigdemont decida nuestro futuro, por favor.
