España os roba
«Acostumbrados a pasar de pedir explicaciones a pedir disculpas, no me sorprendería que primero el PSC y después el PSOE hicieran suyo el infausto lema»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Pedro Sánchez en 2019: «Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general». Pedro Sánchez ayer: «Yo recuerdo que cuando el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el fiscal general de entonces, José Manuel Maza, abrieron la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, trasladé mi malestar al señor Rajoy». La España de 2023 se divide entre quienes opinamos que la habitual traición del presidente del Gobierno a su palabra deteriora la democracia, y quienes consideran que la fiabilidad de las instituciones no es relevante. Desde que Sánchez llegó al poder, la ciencia política se actualiza con más agilidad que la cartelera de un cine. La última inflexión de la disciplina es que los gobernantes no tienen la obligación moral de ser consecuentes, ni de rendir cuentas cuando dejan de serlo. Pedro Sánchez tiene la suerte de tener un gabinete fuera de Moncloa que le proporciona cobertura jurídica, mediática y politológica para cuando la ruta a Moncloa le impone volantazos secos.
Pero Pedro Sánchez no es culpable. Tiene con los principios la misma relación con un ciego con los colores. Dice «conflicto» donde dijo «rebelión» como quien dice arroz con leche donde dijo natillas. Él es el primero que quita trascendencia a su palabra. Pedro Sánchez puede derrapar porque no siente vértigo. Pero la sencillez con la que quienes le rodean, y quienes deberían fiscalizarle desde los medios, le siguen en sus bandazos es sobrecogedora. Exigir a una institución que sea consecuente con su palabra es necesario, no sólo para fomentar la asunción de responsabilidad personal. Es la mejor forma de promover la fiabilidad y legitimidad del sistema, y de contribuir al buen funcionamiento y la estabilidad de una sociedad democrática.
«El Gobierno sostiene que no pueden ser procesados por delinquir, siempre que delincan en nombre de Cataluña»
Pero lo que ofrece nuestra esfera pública es lo contrario. Sólo así se entiende que el discurso del PSOE haya podido mutar hasta hacerse indistinguible del discurso del nacionalismo sin resistencia, con naturalidad y hasta con orgullo. El procés ha dejado de ser un asalto al orden constitucional, perpetrado por una élite política, que se tradujo en delitos de desobediencia, malversación y graves desórdenes públicos, para convertirse en un conflicto político «que nunca debió judicializarse». El error no fue de los nacionalistas por delinquir, sino del legislador por tipificar sus actos como delito y del poder judicial por aplicar la ley. Fíjense hasta qué punto está perseguido el catalanismo político, que el Gobierno de España sostiene que no pueden ser procesados por delinquir, siempre que delincan en nombre de Cataluña.
La asimilación de la palabra y la prosodia nacionalista es tal que, cuando leí que los nacionalistas cifran en 450.000 millones la deuda histórica del Estado con Cataluña, me preguntaba cuánto tardaría el Gobierno en extender el primer cheque. Es más, no me sorprendería que primero el PSC y después el PSOE hicieran suyo el infausto lema «España nos roba». Acostumbrados a pasar de pedir explicaciones a pedir disculpas, a convertir la denuncia en contrición, qué menos que asumir tan brillante eslogan con el necesario matiz del penitente: «España os roba». Es decir, «Os robamos».
