El coste de la amnistía
«La amnistía negaría de manera falaz el carácter democrático del régimen constitucional pero destruiría de manera efectiva la propia democracia»
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A juzgar por lo que decía el PSOE hasta conocer los resultados de las últimas Elecciones Generales, la amnistía es inconstitucional. También es poco democrática, pues el PSOE tampoco la mencionaba en su programa. De hecho, más del 70 % de los ciudadanos votó por partidos que la rechazaban. Quienes apoyan la causa independentista no alcanzan ni el 3 % del electorado y son minoría incluso dentro de sus regiones. Promulgar la amnistía no sería ni legal ni democrático.
Sí sería muy costoso, porque generaría notable incertidumbre. Al limitar la discrecionalidad legislativa, la Constitución proporciona estabilidad. Con la amnistía, toda mayoría parlamentaria podría saltarse esos límites para promulgar cualquier tipo de ley. Como las mayorías cambian con rapidez, nadie sabría qué esperar del futuro, por lo que toda inversión a largo plazo pasaría a ser mucho más arriesgada.
La consiguiente degradación institucional no sólo dañaría las inversiones económicas sino que afectaría a todo tipo de derechos ciudadanos. La amnistía derogaría la igualdad de derechos penales; pero mañana pueden sufrir igual suerte la igualdad fiscal o la libertad de expresión, el derecho de huelga o el de propiedad, así como las obligaciones de pagar las deudas, o de cumplir los contratos y las sentencias judiciales.
Todo nuestro estado de derecho se iría al garete. La amnistía negaría de manera falaz el carácter democrático del régimen constitucional pero destruiría de manera efectiva la propia democracia. Para empezar, desautorizaría a los jueces, que son los encargados de hacer cumplir esas mismas leyes, y de castigar los incumplimientos legales y contractuales.
No sería el primer ataque que sufre la Justicia. De hecho, las consecuencias de los ataques previos ya empiezan a ser evidentes. Esta misma semana hemos visto cómo portavoces prominentes de intereses locales pedían al Gobierno «central» que bloquease una sentencia que, en mera aplicación de la ley concursal y tras diez años de reestructuraciones, tres años de impagos y una larga serie de dilaciones procesales, ha otorgado el control de CELSA, que aún detentan sus antiguos propietarios, a sus acreedores. Unos propietarios que, quizá confiados en su capacidad de bloqueo y en su poder político, han puesto en riesgo la continuidad de la empresa y de sus empleos al rechazar una oferta que les hubiera permitido retener el 49 % del capital.
«Promulgar la amnistía no sería ni legal ni democrático. Sí sería muy costoso, porque generaría notable incertidumbre».
Si el Gobierno accediera a semejante trato de favor, ¿cómo creen que reaccionarían todos los inversores que contemplen invertir en empresas españolas? Esos inversores potenciales se lo pensarían dos veces antes de dar crédito a cualquier otra de nuestras empresas, muchas de ellas bien necesitadas de fondos, así como al propio estado español. Los que siguieran invirtiendo sólo lo harían a precios ridículamente bajos, como acaba de hacer por cierto el estado saudí con su reciente compra, a precio de saldo, de un 10 % de las acciones de Telefónica.
No es casualidad que muchos de los que aplauden la amnistía también pidan el rescate político de los propietarios de CELSA. Cambiarían de opinión si apreciasen que promulgarla vendría a justificar el que pasado mañana una mayoría alternativa tuviese la misma libertad para legislar en dirección opuesta. Lo más terrible quizá sea que, cuando se percaten de ello, estarán tentados a impedir la alternancia. De hecho, es éste un fenómeno que en los dos últimos siglos ya ha ocurrido varias veces en España, y no parece que ni la extrema derecha separatista ni la izquierda real hayan aprendido esa lección histórica.
Semejante posibilidad multiplica los costes que cabe esperar de la amnistía: al estimular a todos los rivales políticos a resolver sus diferencias por la confrontación, tratando de impedir su acceso al poder, la amnistía no sólo destruiría el estado de derecho y la democracia sino que acabaría por poner en peligro la convivencia. No quiero ni imaginar el coste social que ello comporta.
A esta amenaza se ha unido estas semanas el que la oposición de derechas sigue sembrando dudas sobre si realmente alcanza a entender lo grave de la situación, y qué actitudes y liderazgos se requieren para afrontarla. Sus errores previos a las elecciones no suscitaron autocrítica alguna, y fueron seguidos de nuevos errores y hasta de alguna frivolidad. Cabe por ello dudar de si sus líderes aprecian toda la gravedad del caso.
