Tragedias del 'sólo sí es sí'
«Inútiles legislando, expertos en fabricar eslóganes vocingleros que hacen las veces de directrices para el obediente rebaño»
El hogar es mucho más que la casa en la que habitamos: es la morada a la que encomendamos nuestra intimidad, nuestro descanso y nuestra seguridad. Para una mujer -cuyo nombre ocultaré refiriéndome a ella como «X»- el lugar llamado a ser su refugio se convirtió en el espacio de su tormento. En el escenario de una pesadilla que aconteció hace años. La ley llamada a ser la más feminista de la democracia ha obligado a X a revivirla.
Hacía frío a esa hora de la mañana, pero X había dejado una ventana abierta mientras realizaba las labores domésticas cotidianas. Ni tan siquiera lo escuchó colarse en el interior. No lo vio hasta que ya estaba en la habitación. X le conminó a que se marchase, pero él hizo caso omiso: le quitó la ropa y, cuando ella intentó zafarse, la arrojó sobre su cama y la violó. No usó preservativo, eyaculó en su interior. X intentó escapar, pero la retuvo en la instancia durante más de una hora. Pudo huir cuando su agresor se ausentó unos instantes para acudir al baño.
«Decidió abortar, no quería al hijo del criminal que había arruinado su vida y nosotros no somos quiénes para juzgarla por ello»
No era la primera vez. Unos meses antes ya la había violado. En el mismo sitio y de la misma forma. Como consecuencia de la agresión, X contrajo una enfermedad de transmisión sexual y quedó embarazada. Decidió abortar, no quería al hijo del criminal que había arruinado su vida y nosotros no somos quiénes para juzgarla por ello.
X denunció el delito. Su agresor fue detenido, juzgado y condenado a más de ocho años de prisión como autor de un delito de agresión sexual, detención ilegal y allanamiento de morada, además de al pago de una indemnización. El Código Penal vigente era el de 1995.
Terminado el proceso, X intentó rehacer su vida y recomponerse. Jamás hubiera imaginado que la instrumentalización política y mediática del caso de «La Manada», que tuvo lugar años después de ser violada, acabaría obligándola a revivir el suceso más doloroso de su pasado. Que en nombre del feminismo se iban a reabrir sus heridas y a poner a su violador en la calle dos años antes de lo que establecía la sentencia.
Efectivamente, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, obligó a los tribunales a revisar la condena a su agresor. Los mismos jueces que aplicaron escrupulosamente la ley del 95 no tienen más alternativa que aplicar rigurosamente la del «sólo sí es sí». No lo hacen por propia voluntad, sino porque el imperio de la ley les obliga a priorizar la del legislador.
La ley es clara, meridiana. Como declara la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los sistemas penales de los Estados democráticos y de Derecho exigen un alto grado de previsibilidad, o lo que es lo mismo, los ciudadanos deben poder representarse las consecuencias que llevan aparejadas sus actos: «de lo contrario, se alteran las expectativas y la incertidumbre se convierte en la inaceptable regla general para la solución de los problemas de derecho transitorio. La seguridad jurídica es, al fin y al cabo, un componente del Estado de derecho en el que se aglutinan otros principios indispensables para la efectividad de los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama el art. 1 de la CE. La necesaria previsibilidad en la declaración de la norma penal aplicable y en la ejecución de lo resuelto, forman parte de las exigencias constitucionales definitorias de nuestro sistema penal».
Esto es algo que no sólo saben jueces y magistrados. Es una obviedad para cualquier jurista. Los sabía el Fiscal General del Estado cuando firmó el bochornoso Decreto de noviembre de 2022 invocando una disposición transitoria de hace casi treinta años para eludir la retroactividad de la ley penal más favorable que consagra el art. 2.2 del Código Penal. Una infamia jurídica pergeñada por la cúpula de la fiscalía para que los promotores ministeriales de la aberración legislativa que es la ley del ‘sólo sí es sí’ no sólo no asumieran su responsabilidad, sino que pudieran descargarla sobre los tribunales: la culpa es de la justicia patriarcal.
Han pasado del «hermana yo sí te creo», «hay que poner el consentimiento en el centro» y «no es abuso, es violación» a lo de «Rubiales con toga». Inútiles legislando, expertos en fabricar eslóganes vocingleros que hacen las veces de directrices para el obediente rebaño. Mientras tanto, se siguen sucediendo las rebajas y excarcelaciones. Oficialmente son ya más de 1200 y 120 respectivamente, aunque oficiosamente son bastantes más.
«Mientras, los agresores sexuales continúan beneficiándose de los efectos de una ley nefasta»
Ni uno sólo de los que aseguraron que la ley del Sí es Sí conllevaría un agravamiento generalizado de las penas y que no se produciría ni una sola revisión de condenas ha dimitido. Me refiero al presidente del Gobierno, a la ministra de Igualdad, a la de Justicia, a la secretaria de Estado de Igualdad o a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género. Ahí siguen, enfrascando a nuestra sociedad aborregada en controversias hiperventiladas y estériles con las que redimirse y seguir enarbolando la bandera del feminismo, mientras los agresores sexuales continúan beneficiándose de los efectos de una ley nefasta.
No me quiero ni imaginar lo que sentirán X y el resto de las víctimas ante este espectáculo distópico, dantesco, que las ha relegado a un mero daño colateral anonimizado del uso partidista y espurio del BOE que, a la postre, ha obtenido el aval de las urnas. X no se lo merece, compatriotas. Ojalá algún día se les remueva la conciencia lo suficiente como para que antepongan el sentido común y la decencia a su ideología o a las siglas del partido.