Que las comunidades compitan entre ellas
«Necesitamos más competencia fiscal. Tenemos tipos de IRPF que igualan o superan a los de Alemania (excepto Madrid), pero con sueldos españoles»
Isabel Díaz Ayuso.
Uno de los pocos elementos indudablemente positivos de nuestra arquitectura institucional es que permite una cierta competencia fiscal entre comunidades autónomas. La Constitución concede una autonomía en la gestión de ciertas regiones, constituidas con diversos grados de arbitrariedad. Las comunidades tienen cierta libertad para decidir qué dinero gastan, en qué servicios, y cómo. Y, también, cuánto le quitan a la economía productiva, y por qué vía.
España tiene un cierto grado de federalismo fiscal, y lo lamentable del caso es que esa autonomía no sea aún mayor. Debería haber una mayor libertad por ambos lados, el del gasto y el de los impuestos. Y en la regulación.
Es cierto que el diseño del sistema autonómico crea muchos de los problemas que lamentamos a diario. Se han creado 17 administraciones que no han dejado de crecer. No lo han hecho a costa del Estado central, sino de los ciudadanos, que tenemos que soportar cantidades crecientes de gasto público, burocracia, politiqueo y corrupción. La división administrativa ha adoptado la forma de pequeños Estados. Las camarillas políticas de cada región han alimentado un discurso identitario para justificar su propio papel. El egoísmo político ha desembocado en el victimismo y la falta de solidaridad con el resto de España.
Una parte de la sociedad española quiere acabar con todos esos problemas eliminando las comunidades autónomas y centralizando el poder, todo el poder, en el Gobierno. Es la única gran propuesta que podemos identificar con Vox, un partido que se desdibuja, con un líder ausente, salvo en las grandes ocasiones, y varios de sus mejores dirigentes expulsados por la fuerza centrífuga ejercida por el núcleo duro. La propuesta, que es de lo poco que aguanta en ese partido, es un inmenso error. Sólo hay que pensar en que Pedro Sánchez acapare todo el poder. Todo sistema político tiene sus problemas. Pero la cuestión política principal es la acumulación del poder. Y cuanto más repartido esté, más medios tendrá la sociedad para protegerse ante él.
«La voracidad fiscal de las regiones limita con la decisión de los trabajadores y de los inversores de ir de un sitio a otro»
Y, así, tenemos y ejercemos un federalismo fiscal moderado, pero no intrascendente. La Fundación para el Avance de la Libertad (FundaLib) ha publicado la edición de este año de su informe sobre la competitividad fiscal de las CCAA. Tengo mis reservas con el término «competitividad» en este contexto, pero es cierto que la voracidad fiscal de todas las administraciones regionales tiene un límite. Limita con la decisión de los trabajadores y los inversores de ir de un sitio a otro. Y limita con la realidad inevitable de que ahogar la actividad económica reduce la capacidad extractiva.
De modo que detrás de cada estrategia fiscal, hay una fe. La fe en que las decisiones políticas, operadas por la Administración, son las más adecuadas para gestionar la riqueza que produce la sociedad, o la fe en que lo importante es la creación de riqueza, y que no se debe importunar demasiado.
Eso se puede ver claramente en el caso de la Comunidad de Madrid. La región se decantó por hacer una política liberal, y su propio éxito ha acabado reforzando la convicción del PP regional, y de una parte creciente de la sociedad madrileña, de que los impuestos y las regulaciones deben de molestar poco.
El informe de FundaLib vuelve a colocar a la Comunidad de Madrid como la más competitiva fiscalmente. El Gobierno regional ha deflactado el tramo autonómico del IRPF y mejora la deducción por familia numerosa. Le siguen las tres provincias vascas, y se cuela en la lista de las cinco primeras regiones, Andalucía.
Este año, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha deflactado la tarifa de los dos primeros tramos del Impuesto sobre la Renta, «los mínimos personales y familiares y bonifica al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio», según recuerda el informe. Murcia ha mejorado su posición respecto del resto de regiones, porque «en 2023 concluyó la reforma escalonada aprobada en 2019 que rebajaba los tipos impositivos aplicables en todos los tramos de renta».
«Cataluña es la región que más renta y riqueza le quita a sus ciudadanos y empresas»
Esto no es como la liga. La parte baja de la liga es al menos tan significativa e importante como la alta. Y en el último lugar de todos se encuentra Cataluña. Con diferencia, es la región que más renta y riqueza le quita a sus ciudadanos y empresas. Pese a haber derogado cuatro impuestos regionales, tiene el doble que el resto de regiones. Y ha aprovechado que Sánchez ha arbitrado un impuesto sobre el patrimonio diseñado para que recaiga en Madrid para crear un nuevo tramo para los patrimonios que superen los 20 millones de euros.
Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana siguen en los últimos puestos, y lo mismo se puede decir de Asturias, pero en este caso sin visos de que vaya a mejorar en los próximos cuatro años. La Comunidad Valenciana le va a dar la vuelta a la política de Compromís de ahogar económicamente la región para contentar a los nacionalistas catalanes. Carlos Mazón va a acelerar la decadencia catalana, que, por otro lado, parece inexorable.
El informe sugiere que el debate sobre los impuestos debe ir más allá de las diferencias regionales. Por ejemplo, señala que «España es, con diferencia, también el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio, un impuesto casi desaparecido y que únicamente se mantiene en Suiza, a nivel cantonal, y en Noruega». Además, es un impuesto especialmente injusto, porque supone un doble gravamen. Por lo que se refiere al IRPF, tenemos tipos que igualan o superan a los de Alemania (con excepciones, como la de Madrid), pero con sueldos españoles.
Más competencia fiscal es lo que necesitamos. Porque la competencia con otros países no podemos evitarla.
