Pensiones y la aplastante lógica de las generaciones solapadas

La publicación de las proyecciones del sistema de pensiones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pone encima de la mesa unos números que podrán discutirse, pero por lo menos hacerlo en un terreno técnico y no puramente valorativo. Como toda estimación a muy largo plazo que depende de súper ciclos (demografía, productividad o participación de la fuerza laboral), la suposición que hagamos de estas variables será, con toda probabilidad, errónea. Y el fallo, aunque fuera en una décima, provoca que el resultado sea radicalmente distinto al previsto.

Pero dentro de estas incertidumbres de marco, hay ciertas cosas que sí sabemos con una probabilidad alta: primero, el gasto en pensiones en relación con el PIB ha superado en 2023 lo estimado hace unos años para 2030 (13,5% del PIB). Segundo, el gasto en pensiones derivado de la entrada en retiro de la generación baby-boom será superior al punto de PIB que estima el Gobierno. Tercero, conseguir en 2050 un saldo presupuestario más equilibrado que hoy implica subir aún más las cotizaciones sociales por encima de lo previsto (2,5 puntos de PIB) y sin tener en cuenta financiación adicional proveniente de los impuestos generales. Y cuarto y último, dos supuestos macroeconómicos que implicarían una revolución sin precedentes desde el Plan de Estabilización de 1959: un crecimiento de la productividad de 1,5 puntos anuales (0,5% en los dos últimos ciclos económicos) y un paro a nivel de pleno empleo (5,5% frente al entorno del 12% actual).

Evidentemente podemos discutir décimas arriba o abajo (con gran impacto sobre el resultado final, no lo olvidemos). Pero donde la discusión es en puntos enteros es en los factores señalados anteriormente, lo cual lleva a la discusión inevitable sobre si la Seguridad Social española podrá seguir ofreciendo lo mismo o parecido que ofrece hoy en los próximos 27 años. Con la evidencia disponible, lo más probable es que no sea así. Hace más de un lustro decidimos que la sostenibilidad financiera del sistema público de reparto debía pasar por un aumento permanente de la presión fiscal sobre los salarios actuales y futuros. Y digo «decidimos» y no «el Gobierno decidió» porque la unanimidad de las encuestas de opinión que hacen preguntas sobre las pensiones muestra la preferencia de los españoles por la actualización a inflación de las pensiones y la necesidad de que siempre garanticen una «vida digna».

Es decir, los más de 10 millones de pensionistas actuales buscan activamente blindar su nivel de vida con la aquiescencia de los actuales trabajadores, muy especialmente, aquellos que están a partir de los últimos 10 años de su vida laboral. El pequeño detalle es que nadie les ha contado a estos trabajadores actuales las consecuencias de corto y largo plazo de estresar hasta límites insospechados a la Seguridad Social con tal de generar pensiones cuya relación entre lo cotizado y lo que se percibe se rompió hace mucho tiempo.

«La opinión pública presionará a los partidos políticos para que revelen en sus programas electorales cuál es su plan para seguir financiando el principal gasto del Presupuesto de las administraciones»

Si bien la aplicación de la palabra «estrés» es más un elemento anglosajón cuando se habla de la presión en los mercados financieros, en el campo del sistema de pensiones es muy ilustrativa. Se habla en reiteradas ocasiones de «conflictos intergeneracionales» con los jóvenes, en los que se confunde lo «nominal» con lo «real» (esto de que será la primera generación en vivir peor que sus padres porque no se pueden comprar una vivienda, obviando conceptos básicos como rentas en especie o nivel de vida). Pero muy pocas veces se muestra lo que de verdad es un conflicto, que es la transferencia de riqueza de los salarios actuales a las pensiones actuales.

Basta con ir a la Teoría Económica para encontrar un modelo que explica con nitidez este punto. En la lógica del ‘modelo de generaciones solapadas’ vemos cómo una bajada de los salarios reales de los trabajadores por un incremento diferenciado de las cotizaciones sociales (incrementos progresivos al igual que está sucediendo en los últimos tres años) provoca una caída más que proporcional de la oferta de trabajo tanto presente como futura. Si cae la oferta de trabajo no puede cumplirse uno de los supuestos clave de las estimaciones publicadas como es la participación en el mercado de trabajo o, dicho de otra manera, el crecimiento del número de trabajadores para que sean estos quienes paguen las pensiones.

Sólo hay un factor de compensación que es hacer crecer el «premio a la paciencia»: más años de trabajo a cambio de una recompensa cuantiosa en el futuro en términos de pensión. El modelo sugiere que este «premio» vendrá de sacarle rendimiento al ahorro que se genere en el sistema, pero habrá que ver hasta qué punto el trabajador actual confía o desconfía en el sistema incluso aunque se le prometa dicho «premio» cuanto más alargue su vida laboral.

Llegará el momento en que la opinión pública presionará a los partidos políticos para que revelen en sus programas electorales cuál es su plan para seguir financiando el principal gasto actual del Presupuesto de las administraciones públicas, donde aplicarán un castigo inverso sobre aquellos que prometan que con los ingresos por cotizaciones es suficiente para cubrir el gasto presente y futuro.