La claudicación de Via Laietana
«La expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña constituye un objetivo permanente de las fuerzas independentistas»
Agentes de la Policía Nacional son alcanzados por balas de pintura durante la manifestación. | Germán Lama (Europa Press)
Muchos españoles retenemos aún en la retina las imágenes del asalto del 18 de octubre de 2019 a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña situada en la Via Laietana de Barcelona. Policías nacionales acorralados, apedreados, golpeados, mientras mantenían firme la delgada línea azul que separaba la democracia de la barbarie. Un policía de la VII Unidad de Intervención Policial (UIP) cayó herido gravemente en aquellos disturbios y tuvo que colgar su uniforme por una incapacidad permanente. Solo la actuación valiente, profesional, me atrevo a decir que heroica, de las UIP, permitió salvar del vandalismo el edificio y con él, la autoridad y la dignidad de nuestro Estado de Derecho.
Hoy leo con tristeza que la Policía Nacional es también moneda de cambio en la negociación entre el PSOE y los partidos independentistas para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. Los supremacistas quieren instaurar en ese edificio un «Memorial Democràtic» que probablemente sólo sirva para seguir falseando la historia y ensuciar la memoria de tantos policías nacionales que sirvieron con sacrificio y entrega para garantizar la seguridad, los derechos y las libertades de todos los catalanes. Lo que los policías nacionales supieron defender con sangre, sudor y lágrimas el presidente en funciones parece dispuesto a entregarlo por un puro interés personal de retener el poder a toda costa.
Más allá del valor simbólico de esta nueva claudicación, que es trascendente en la imposición de un relato falso que los independentistas quieren propagar presentando a las Fuerzas de Seguridad del Estado como fuerzas de ocupación represoras; más allá de la humillación que representa para tantos miles de policías que dieron lo mejor de sus vidas en el servicio a los ciudadanos de Cataluña, y en algunos casos la perdieron; más allá incluso del efecto deslegitimador que esa cesión tiene para la autoridad del Estado ejercida democráticamente por una institución esencial para nuestra convivencia en toda España como es la Policía Nacional; más allá de todo eso, esa concesión constituye un grave error estratégico que de consumarse traerá consecuencias graves en el largo plazo.
La expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña constituye un objetivo permanente de las fuerzas independentistas. Forma parte de una estrategia más amplia de eliminación de toda presencia del Estado en ese territorio con el fin de lograr una desconexión y una independencia de facto que preceda a su reconocimiento de iure. Pero echar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es especialmente prioritario para ellos porque ninguna otra institución estatal tiene la capacidad para hacer cumplir la Ley que tienen estos cuerpos policiales. Como se demostró en el intento de golpe constitucional perpetrado por los independentistas en 2017, Policía y Guardia Civil son los últimos bastiones con los que cuenta el Estado para defender nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución frente a sus enemigos.
Con este propósito, no es de extrañar que se haya exigido, en el marco de la negociación para la investidura de Sanchez, la incorporación de 3.739 nuevos agentes de Mossos, hasta superar los 22.000 en plantilla, lo que puede suponer una financiación adicional de mil millones de euros, mientras que a policías y guardias civiles se les niega un complemento que compense el acoso al que ellos y sus familias se ven sometidos en sus destinos en Cataluña como consecuencia de la violencia y la presión social que los nacionalistas ejercen sobre los servidores del Estado en esa comunidad. El aumento de la ratio de mossos por mil habitantes justificará así la disminución de las ya mermadas plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña.
«Como se demostró en el intento de golpe constitucional perpetrado por los independentistas en 2017, Policía y Guardia Civil son los últimos bastiones con los que cuenta el Estado para defender nuestra democracia»
Pero el desmantelamiento de las capacidades de Policía y Guardia Civil en Cataluña tiene un objetivo estratégico aún más relevante para el independentismo que la propia desaparición de la presencia del Estado en su comunidad. Garantizada la seguridad jurídica para futuros intentos de ruptura constitucional con la eliminación del delito de sedición del Código Penal y lograda la impunidad judicial para el golpe de 2017 si sale adelante la pactada Ley de Amnistía, se trata ahora de reconstruir las organizaciones radicales que puedan consumar la independencia a través de la violencia en el caso de que no logren imponerla en la mesa de negociación.
La acción de los servicios de información de Guardia Civil y Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, nunca suficientemente reconocida, resulta esencial para que el Estado tenga una capacidad de respuesta adecuada a ese desafío. Es el trabajo constante de estos agentes sobre el terreno la que impide que el independentismo radical pueda amenazar con una vía unilateral que imponga la secesión en la calle a través de la movilización y la acción violenta. En el caso del CNI su anterior directora ya fue sacrificada precisamente por cumplir con ese deber.
Con este mismo propósito, el intento del Gobierno de descatalogar como terrorismo la acción de grupos como los CDR en los informes realizados por EUROPOL, consecuencia del chantaje constante al que tienen sometido a nuestro Gobierno los independentistas, resulta especialmente grave, porque intenta precisamente deslegitimar la acción preventiva de las Fuerzas de Seguridad para enfrentarse a estas organizaciones violentas.
Es evidente que el fin último de los independentistas en su negociación con Sanchez es desarmar al Estado para que no pueda impedir hacer realidad su proyecto de ruptura supremacista y excluyente. Tras la humillación que supone pactar una ley de amnistía que pone de rodillas a quienes defendieron el orden constitucional frente a quiénes lo quebrantaron y tras el atentado a la igualdad de todos los españoles que implica la condonación de la deuda de Cataluña en agravio inaceptable a otras comunidades, la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña sería la peor claudicación que podría concederse, porque dejaría expedita la vía hacia una ruptura violenta de España. La entrega de Via Laietana, en vergonzoso contraste con el heroísmo con la que la defendieron nuestros policías, es un paso más hacia la rendición del Estado ante quienes pretenden romperlo.
