A Cataluña no vuelve la convivencia, sino la caza de brujas
«Lo que dinamitó la convivencia entre catalanes y la sigue impidiendo a día de hoy fueron los hechos delictivos que quiere dejar impunes el Gobierno de Sánchez»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La exposición de motivos del texto con vocación de convertirse en una ley de amnistía que ha registrado el PSOE esta semana en el Congreso de los Diputados menciona hasta en nueve ocasiones la convivencia. En todas ellas, sin excepción, se hace alusión al término para asegurar que esa norma busca garantizarla y en ningún caso para hacer constar lo obvio, a saber: que lo que dinamitó la convivencia entre catalanes y la sigue impidiendo a día de hoy fueron los hechos delictivos que hoy quiere dejar impunes el Gobierno de Pedro Sánchez, autor real de la ley pese a sus maniobras por ocultarlo. Ningún diagnóstico de la situación que ignore la responsabilidad de los promotores del golpe de 2017 sobre la fractura social en Cataluña podrá sanarla nunca.
Precisamente en aras de esa convivencia pretende justificar hoy el Partido Socialista las bondades de una amnistía de la que abjuraba antes de las elecciones. De todas las excusas para camuflar el engaño a sus votantes, esta es la más insultante para los catalanes constitucionalistas. Con su plan, Sánchez no sólo nos exige olvidar de un plumazo lo que sufrimos las semanas del 1-O, sino asumir parte de la culpa ante quienes jamás nos han pedido perdón. El problema, además, es que el nombre no hace la cosa. Sánchez usó la misma coartada, la convivencia, para bendecir los indultos y después de ellos se produjeron episodios como el acoso al menor de cinco años en la escuela de Canet de Mar cuyos padres solicitaron el 25% de español, o el señalamiento a la enfermera que osó cuestionar la exigencia del C1 de catalán. La convivencia no es tal si el precio a pagar es el silencio de la mitad de la sociedad.
Lejos de ser, como nos dicen, el fin de la asfixia nacionalista, esta amnistía no es más que la prórroga de su omertá. La peor cesión de competencias que se puede hacer al nacionalismo es la de darles la razón, como va a hacer el PSOE negro sobre blanco en el BOE con esta ley que, sin haberse aprobado aún, ya está provocando que en Cataluña comencemos a sufrir sus peores consecuencias. Si alguien en el resto de España tiene dudas de cómo el separatismo va a utilizar la gasolina proporcionada por Sánchez para acelerar en su ofensiva contra los constitucionalistas, puede atender a lo que ya ha ocurrido esta semana en el Parlament.
El pasado jueves, a la misma hora en la que en el Congreso se votaba la investidura de Sánchez, en la cámara catalana se iniciaba una caza de brujas a servidores públicos. Allí comparecían el teniente fiscal de Cataluña y el fiscal jefe de la comunidad. Un diputado del partido de Puigdemont acusó al primero de ellos de perseguir ilegalmente a los líderes separatistas, en un acto de señalamiento público que nos retrotrae a 2017 a quienes bien lo recordamos. De inmediato, tanto desde Cs como el propio fiscal jefe replicamos la aberrante acusación proferida por el separatista. Pero, ¿con qué recursos pueden defenderse los servidores públicos si el propio Gobierno de España afirma que existe el lawfare? Si Sánchez usa el Estado para asistir al relato de quienes intentaron romper nuestra democracia, nos deja sin herramientas a los que conseguimos preservarla.
«El separatismo se ha crecido gracias a la impunidad que Sánchez les ha regalado con la amnistía»
Que un diputado se permita señalar y calumniar a un funcionario sólo se explica porque el separatismo se ha crecido gracias a la impunidad que Sánchez les ha regalado con la amnistía. Esta semana no se votó la investidura de un candidato del PSOE, se votó reventar la igualdad entre españoles y crear una casta de intocables: los separatistas que hicieron tanto daño a Cataluña y no han pedido perdón. No sólo eso, sino que ya están materializando su amenaza de volverlo a hacer: estos señalamientos son el paso previo para justificar posteriores purgas y persecución política, o sea, el verdadero lawfare a la disidencia en Cataluña. Ya lo hicieron en 2017 con el mismo modus operandi: señalaron a fiscales, jueces, policías, partidos políticos, medios de comunicación e incluso a ciudadanos de a pie. Ahora, además, saben que a ellos les sale gratis.
La amnistía no mejora la convivencia, la envenena. Mala palabra han elegido los satélites mediáticos del Gobierno, que con equilibrio asombroso tienen que pregonar la concordia mientras a su vez amplifican la violencia de las concentraciones ultras en Ferraz para, sin éxito, intentar reducir a la mayoría de españoles contrarios a la amnistía a una turba descerebrada. El fascismo y la ultraderecha, por cierto, hace mucho que en Cataluña atacan sedes de partidos políticos, queman banderas y corean consignas contra el Rey, con la diferencia de que a estos les van a amnistiar. Los demócratas sabemos que la violencia no tiene cabida en democracia, ni su impunidad tampoco. De ahí la escasa credibilidad del PSOE rechazando la violencia de manera hemipléjica.
La situación es enormemente grave porque este Gobierno ha cruzado líneas rojas de las que es difícil volver, y la historia nos demuestra que la democracia no es irreversible. La buena noticia es que depende exclusivamente de nosotros, los ciudadanos españoles, que prevalezca el régimen de 1978, el de mayor libertad y prosperidad que hemos conocido. Nuestros derechos están en juego, pero son nuestras obligaciones civiles las que pueden salvarlos y por eso movilizaciones como las de hoy son de imperiosa necesidad. Igual que en 2017 las manifestaciones fueron decisivas para frenar el golpe, deben serlo ahora.
Por Ciudadanos no quedará. No habrá una sola manifestación cívica para defender la democracia a la que no nos sintamos convocados, como hacemos en Cataluña desde 2006. Y seguiremos. No habrá un sólo mecanismo democrático al que no recurramos. No habrá una sola ocasión en la que podamos alzar la voz y nos callemos. La movilización es la manera que tenemos ahora mismo los españoles de ponerle precio a nuestra democracia amenazada; que a Sánchez no acabe saliéndole gratis sólo lo conseguiremos en las urnas si, cada vez que se abran para el Parlamento Europeo, para el Parlamento catalán, para cada convocatoria, acudimos a las elecciones con la memoria que nos quieren arrebatar.
Carlos Carrizosa es presidente de Ciudadanos en Cataluña.
