Jueces en el banquillo
«Sánchez quiere ser juez para decidir cómo se aplica la ley que más le conviene, legislador para establecer sin remilgos la norma que debe ser aplicada y objetor capaz de descabalgar a los magistrados remisos o desafectos»
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz
«No juzguéis y no seréis juzgados…» (Lucas, 6-37)
En una de sus aventuras, mi maestro Guillermo Brown asiste a una conferencia. A sus once años es la primera vez que presencia un espectáculo tan curioso. El conferenciante lee sus cuartillas ininteligibles (nunca he comprendido por qué los que se empeñan en dar conferencias leídas resulta que leen tan mal) hasta que uno de los oyentes se levanta y le interpela con malos modos. El charlista le responde en el mismo tono y pronto se arma una gresca entre ambos, para delicia de Guillermo. Entonces, el bedel de la sala acude para expulsar al disidente, que ofrece resistencia hasta que finalmente se impone el celoso empleado.
A todo esto Guillermo ha disfrutado lo indecible: al principio se identificó con el conferenciante y decidió que esa era su vocación, luego pensó que aún era mejor el papel del opositor que le interrumpe y finalmente quedó encandilado con el ujier que con tanta gallardía había resuelto el altercado. Cuando abandona la sala, comunica a su pandilla de proscritos que él quiere ser conferenciante, pero también el que protesta contra él y finalmente el bedel que le expulsa sin miramientos. Tres en uno, como esos pegamentos que venden en las ferreterías.
Me da la impresión de que Pedro Sánchez pretende algo parecido ante el poder judicial, aunque por razones menos poéticas que Guillermo (que es un poeta de su vida, como diría Stefan Zweig). Sánchez quiere ser juez para decidir cómo se aplica la ley que más le conviene, pero también legislador para establecer sin remilgos la norma que debe ser aplicada y llegado el caso objetor capaz de descabalgar a los magistrados remisos o desafectos. Los tribunales no pueden convertirse en obstáculos para el gobierno de progreso. Sánchez y su Gobierno (o sea Sánchez&Sánchez) están por encima de los jueces porque lo quiere el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? No tiene vuelta de hoja, el conjunto asilvestrado cuya voluntad es que Sánchez está por encima de todo y de todos. Los demás, jueces o plebeyos son como poco fascistas y si no…fascistas redomados.
«En el Gobierno actual hay dos cabezas ferruginosas de igual dureza, que se distinguen porque una lleva boina (Patxi López) y la otra no (Óscar Puente)»
Ya desde la Transición recuerdo haber oído a los progres (yo por entonces los escuchaba con la boca abierta) lo de «a los jueces no les ha elegido nadie, los representantes democráticos están en el parlamento». De ahí a que la democracia (¡el pueblo!) está por encima de las leyes y éstas no pueden contrariar la voluntad de aquel sólo hay un paso y ya lo hemos dado ampliamente en los últimos tiempos: precisamente en éso consiste lo peor del populismo. Pero el desmoronamiento del Estado de derecho no acaba ahí. Los jueces no tienen derecho a aplicar el derecho si éste contradice al pueblo (es decir, en realidad a quienes hablan en su nombre, que son muy poquitos y bien remunerados): pero es que además cabe sospechar que los jueces urden una trama de manipulaciones y embrollos para ir contra lo que los verdaderos representantes del pueblo soberano, nuestros queridos populistas, pretenden conseguir. ¡Los magistrados no sólo no han sido elegidos democráticamente, sino que son boicoteadores de la democracia! A eso llaman lawfare nuestros bolivarianos, que se han aprendido bien su lección trasatlántica porque no saben ser ni subversivos con ideas propias.
Tomemos como ejemplo preclaro (a tal señor tal honor) un titular de El País el pasado domingo, día en el que gran parte del diario estuvo dedicado a antilawfarear en todos los tonos imaginables. Dice así: «Conjura de togas contra la amnistía». ¡Nada menos! Una conjura, es decir un acuerdo secreto contra el Estado o el soberano, y de togados, o sea de húsares de la ley. Un titular semejante es inimaginable en un periódico prestigioso, incluso en uno exprestigioso, de cualquier país de nuestro entorno. Por lo visto estos insólitos exabruptos se han convertido en una seña de identidad de España, como los tan denostados toros. Si los togados hubiesen protestado contra la derecha, no digamos contra la extrema derecha, su «conjura» habría sido celebrada como audaz compromiso con la democracia. Pero contra una disposición tomada por nuestro Gobierno progresista, según autocalificación del interesado y sus paniaguados, aunque sea una ley que invalida la autoridad judicial en un asunto de extrema importancia y exalta a los condenados determinando que son ellos quienes pueden juzgar a sus jueces y de paso al resto del país… ¡que osadía, que conjura manifestarse públicamente en contra de lo que los representantes del populacho, digo del pueblo han decidido!
En el Gobierno actual hay dos cabezas ferruginosas de igual dureza, que se distinguen porque una lleva boina (Patxi López) y la otra no (Óscar Puente). Pues bien, este último cráneo privilegiado ha decidido por sí y ante sí que en España los jueces hacen lawfare y que eso no se puede negar. Lo tiene clarísimo, como lo han tenido Chávez, Maduro Cristina Kirchner y todos los «Calígulas tropicales» (Octavio Paz dixit) conocidos y por conocer. En otras latitudes esta convicción es corriente, pero en Europa sólo se encuentra cuando se va muy hacia el este… y en España, que está al Oeste pero cada vez se va volviendo menos occidental. Los latinos dijeron ubi lex, ibi patria, pero como ya no se estudia latín se nos ha olvidado por completo. ¿Para que queremos puentes romanos si ya tenemos un Puente, Óscar?
En la «argumentación», llamémosla así, de los denunciantes del lawfare siempre destaca la división entre jueces «conservadores» y «progresistas». ¿Quién establece la cualidad de lo uno o de lo otro? Pues los que se tienen a sí mismos por progresistas o conservadores. Es como si preguntásemos ¿Fulano es alto o bajo? a un liliputiense y a un jugador de baloncesto. Por muy objetivos que quieran ser, sus respuestas diferirán. Lo único irrevocablemente establecido es que los «malos», los del lawfare, son los conservadores. Los progresistas, ocupados como están siempre en progresar, nunca se ocupan de conjuras. Pero si las audiencias y los tribunales tienen presidentes conservadores… ¡que se va a esperar de ellos! Uno podría imaginarse que si no es conservador un juez… ¿quién va a serlo?
Hannah Arendt dijo que los maestros deben ser conservadores, porque si no hurtan a sus alumnos la posibildad de llegar a ser revolucionarios. Del mismo modo, los jueces deben ser conservadores porque de otro modo viciarán la vocación innovadora de los ciudadanos. Pero vaya usted a decírselo a quienes querrían magistrados que se saltasen las leyes con más agilidad que los propios delincuentes… El lawfare no es más que la manía que tienen los conservadores a grupos progresistas como Junts, PNV, Bildu y Oscar Puente (con Patxi López, para que sean grupo). Pero ahora se van a crear en el parlamento unas comisiones o tribunales del pueblo que les va a lucir el pelo. Ni en la época del Terror en la Revolución Francesa hubo cosa igual… ¡Cuántas cosas grandes nos quedan aún por ver!
