De 'Las Matildes' a 'Las Pedritos'
«El Gobierno, una vez más, busca una excusa, en este caso, la participación de STC en Telefónica, para controlar compañías, instituciones o limitar mercados»
Ilustración de Alejandra Svriz.
A principios de septiembre del presente año conocimos que Saudi Telecom (STC), controlada, en un 64% por el fondo soberano de Arabia Saudí, adquirió un 4,9% del capital de Telefónica, junto con otro 5% a través de derivados convertibles en acciones, que, de ejecutar dicha opción, le daría un 9,9% de presencia en el capital, potencial participación aquilatada para no llegar al tope del 10% que la legislación impulsada por el Gobierno en tiempos del coronavirus con el argumento de protección a las empresas españolas por haber perdido valor de capitalización en bolsa y estar baratas para la compra por terceros, que hoy sigue en vigor. Dicha operación sorprendió al máximo responsable de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, de viaje de trabajo en Estados Unidos, que tuvo que acortar para marchar a Arabia a entrevistarse con el nuevo accionista. Posteriormente, el fondo Saudí renunció a ejercer su opción sobre ese 5% adicional, de manera que se quedó en el 4,9%.
Desde la entrada de dicho fondo en el capital de Teléfonica, se han escuchado muchas voces solicitando una intervención del Gobierno en un asunto que es absolutamente privado. La acción de oro de los tiempos de la privatización expiró y si lo que se pretende es salvaguardar Telefónica como una empresa estratégica desde el punto de vista de la Defensa, la legislación aprobada citada anteriormente le deja al Gobierno margen para impedir que sobrepase el 5%, cosa que STC no hará, al haber renunciado, como digo, a ejecutar sus derivados, de manera que sólo mantiene el 4,9% que compró directamente como acciones.
Por tanto, si era dicho carácter estratégico el que el Gobierno quiere salvaguardar, no tenía que hacer nada más, porque esa posibilidad de limitación la tiene, aunque habría que ver hasta qué punto está bien argumentada, pero concedamos el beneficio de la duda. Por ello, no debía hacer nada más, absolutamente nada, porque cualquier otro movimiento constituye un intervencionismo adicional al citado estratégico de la Defensa, que sólo sería explicable por el afán de interferir en el libre juego del mercado, limitando la competencia, práctica que no sólo es contraria a la prosperidad económica, sino que, por ello, va contra la normativa europea al respecto.
Pues bien, tras el rumor acerca de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para entendernos, lo que queda del antiguo INI, podía estar decidida a entrar en el capital de Telefónica para controlarlo, ahora se ha convertido en realidad y el Gobierno ha autorizado a la SEPI a hacerse con un 10% de Telefónica, convirtiéndose en el primer accionista de la compañía por derechos de voto a través de acciones y el segundo -tras Morgan Stanley- en derechos de voto totales al sumarle los derechos de voto procedentes de otros instrumentos financieros, tal y como se puede consultar en la web de la CNMV.
«Es una pésima noticia porque constituye un elemento intervencionista de grandes dimensiones»
Esto es una pésima noticia porque constituye un elemento intervencionista de grandes dimensiones. ¿Por qué va a tomar participación el sector público en la compañía? ¿Es que tiene más pericia para influir, desde la posición que tomase, en su gestión, que la que ahora mismo se sigue en la compañía? ¿Es que protege a los españoles con ello? Ni una cosa ni la otra. Es más, le perjudica no sólo a través del impacto negativo en la gestión que puede suponer esta acción intervencionista, sino también económicamente, pues los más de 2.000 millones de euros que costará la operación habrán de salir del esfuerzo de todos los contribuyentes, ya sea mediante impuestos, ya sea mediante más deuda —sobre la exponencialmente elevada por Sánchez desde el inicio de su mandato, que va camino de ser casi deuda perpetua, instrumento este último que era uno de los más empleados por el régimen de Franco para financiarse en los mercados, por cierto—.
En primer lugar, cabe recordar cómo era Telefónica cuando era un monopolio público. Surge, hace casi cien años, para llevar los servicios de telefonía fija —la única que había en aquel tiempo, lógicamente— a toda España, y nace a lomos del hecho que ha provocado el nacimiento de muchos monopolios: un monopolio natural de libro, pero con ITT, un accionista extranjero privado, conocedor del sector, como principal inversor. Tras la Guerra Civil, fue nacionalizada, al atribuirse el Estado casi el 80% de las acciones.
Sin embargo, la propia compañía, con el paso de los años, no sabía competir desde su estructura pública. Era una empresa nacional, pequeña en comparación con sus homólogas internacionales, con poca productividad de su mano de obra y múltiples deficiencias técnicas, así como un retraso considerable en la prestación de los servicios de telefonía desde que se solicitaba una línea fija hasta que se instalaba.
El propio régimen de Franco comenzó a diluir su participación en Telefónica, emitiendo ofertas públicas de venta de acciones. Esto quedó inmortalizado en el recuerdo de los españoles de la época con el anuncio que realizó el gran José Luis López Vázquez, en el que llamaba a una señora, de nombre Matilde, y le anunciaba que iba a comprar acciones de Telefónica. Tan popular y exitoso fue ese anuncio que las acciones de Telefónica pasaron a ser conocidas coloquialmente como Matildes.
En los años noventa del pasado siglo comenzó a modernizarse, prosiguió la dilución en Bolsa hacia el final del mandato de Felipe González y ya con José María Aznar se consiguió privatizar a finales de dicha década, junto con otras muchas empresas públicas. Desde entonces, y ya como empresa privada, Telefónica no ha dejado de crecer, compitiendo en el mercado, en el que lo ha hecho mejor que muchos de sus competidores, que le ha llevado a obtener importantes cuotas en distintos mercados internacionales, además de su dominio del mercado nacional, con fuerte presencia en el resto de Europa y en América. Ha ido creciendo tanto por crecimiento orgánico como inorgánico, aprovechando, en este último caso, compras de otras compañías en otros países. La excelencia en la gestión de la compañía durante mucho tiempo la llevó a ocupar esa posición de relevancia internacional.
Por tanto, no estaba mejor gestionada desde el sector público, sino mucho peor, y ese corsé monopolista impedía a los consumidores disfrutar de unos buenos servicios y a mejores precios. Por ello, volver ahora a tratar de que el accionista de referencia sea el sector público con el 10% es una involución que sólo puede perjudicar a la compañía, a sus clientes y al conjunto de la economía. Participación pública que sumando a la participación de la SEPI la del fondo Saudí, que no deja de ser público también, llegará al 14,9%.
El Gobierno, una vez más, busca una excusa, en este caso, la participación de STC en Telefónica, para tratar de controlar compañías, instituciones o limitar mercados. Ya tuvo la tentación al inicio de la pandemia, cuando la parte podemita del Gobierno llegó a pedir la nacionalización de algunas ramas de actividad, y ha intervenido en muchos mercados, como el energético con la llamada «excepción ibérica», o el intento de limitación de beneficios empresariales, entre otros, para corregir el libre juego del mercado.
«No es otra cosa que un perjudicial proteccionismo, que siempre ha masacrado la economía española»
Todo ello envuelto en una falsa bandera que oscila entre un supuesto patriotismo económico, que no es otra cosa que un perjudicial proteccionismo, que siempre ha masacrado la economía española cuando se ha aplicado, y que lastra a cualquier economía; y una medida vendida como benevolente para los más débiles, cuando los debilita aún más al perjudicar al conjunto de la economía y poner en riesgo muchos empleos. De hecho, ERC, a través de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho, tras conocerse la noticia de la autorización gubernamental para que la SEPI adquiriese el 10% de la compañía, que lo que había que hacer era nacionalizarla, con lo que el riesgo ahí está.
Ahora, el Gobierno pone de excusa el carácter estratégico de Telefónica para intervenir en ella, cuando tiene otra vía muy clara para preservar ese carácter estratégico sin necesidad de tomar una participación, que sólo llevaría a un grado mayor de intervencionismo y a un empeoramiento en la gestión de la compañía. Por todo ello, Telefónica debe seguir siendo privada, sin participación pública, participación esta última, ya anunciada, que mermará la libertad del mercado y empobrecerá económicamente a la sociedad.
Es un paso más del Gobierno en el intento de controlar absolutamente todo, desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía, pasando por su sueño de dominar el CGPJ. Ahora, le toca a las empresas, donde va colocando sus peones, entrando ahora en el capital de Telefónica, en una involución económica y de libertad de mercado.
En 1967, como antes he recordado, comenzaba a diluirse la participación del Estado en Telefónica, con las ampliaciones simbolizadas en Las Matildes. Entonces, en España había una dictadura, un régimen autoritario. Ahora, en una democracia, el Estado, en una clara involución económica, vuelve a entrar en el capital de Telefónica. Si lo de entonces se simbolizó como Las Matildes, esta involución accionarial podría calificarse como Las Pedritos.
Como digo, y para que no quepa ninguna duda, España entonces era una dictadura y ahora es una democracia, pero el problema es la tendencia. En 1967, era una dictadura que iba liberalizándose en términos económicos y que iba forjando las bases para avanzar hacia la libertad política, que se logró en la Transición, que se alcanzó gracias a la generosidad de todas las fuerzas políticas y la prosperidad acumulada que lo hizo posible, gracias a esa apertura económica. Ahora, estamos en una democracia que, desgraciadamente, vive una tendencia muy peligrosa en sentido contrario, al sufrir un duro ataque la Constitución y el Estado de derecho, con los pactos firmados por Sánchez con sus socios para ser presidente del Gobierno -amnistía, lawfare, fomento de la desigualdad entre españoles-, y con unas ansias de intervencionismo, proteccionismo y espíritu de nacionalización de compañías en el ámbito empresarial que constituyen un peligroso involucionismo económico. De Las Matildes a Las Pedritos es lo que equivale a avanzar hacia la prosperidad y la libertad o retroceder hacia la pobreza y el intervencionismo, si no algo peor, respectivamente.
