Tiburones socialistas en Telefónica
«La renacionalización parcial de Telefónica confirma la evolución del Gobierno hacia el totalitarismo y nos acerca un poco más a la economía del franquismo»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hace unas semanas advertí en este medio de que, tras destruir la escasa separación de poderes que existía en nuestro sistema político, el Gobierno intentaría controlar los escasos restos de poder independiente que aún subsisten en el ámbito económico. El anuncio de comprar hasta el 10% del capital de Telefónica (a un coste superior a los 2.000 millones de euros) confirma esta evolución hacia el totalitarismo.
De hecho, día a día, el Gobierno se supera a sí mismo. En la tarde de ayer, este periódico anunciaba esa renacionalización parcial de Telefónica a la vez que su voluntad de imponer un mínimo del 15% al impuesto de sociedades que han de pagar nuestras grandes empresas. Luego se extrañarán de que apenas tengamos esas empresas grandes en las que todo el mundo prefiere trabajar porque son más productivas y, gracias a eso, pueden pagar mejores salarios.
Al lado de esas noticias económicas, había otras de similar calado pero distinta naturaleza. Se trata de noticias que todo votante valora con facilidad, por lo que entrañan mayor coste político. Por ejemplo, que el presidente Sánchez sostendrá «varias reuniones» con un prófugo de la Justicia, que sus socios de todo tipo tendrán acceso a los secretos del Estado o que el PSOE dará vía libre para que empiece a ser legal injuriar al Rey y loar el terrorismo.
Por eso se supera a sí mismo. Desde 2018, ha sido maestro en aplicar aquella boutade churchilliana de que en política todo se olvida si eres capaz de arrojar nueva carnaza a quienes te critican. Sánchez sigue derrochando carnaza con fruición: paga el BCE.
Seguirá haciéndolo mientras nuestros vecinos nos den crédito. Trampantojos contables aparte, aunque compre las acciones de Telefónica con deuda, tendremos que devolverla los contribuyentes. Por eso, es oportuno preguntarse qué podemos esperar de la presencia del Estado y, en concreto, de este Gobierno en Telefónica.
La respuesta es sencilla: desde que anuncia sus planes de adquirir un paquete accionarial, la cotización de la empresa ha caído un 3,2%. Grosso modo, ha perdido valor por 690 millones de euros.
La cotización cae porque la capacidad de los Estados para dirigir empresas es limitada, como acaban de aprender los argentinos. Eso, con carácter general, en todos los países; pero en España esa capacidad no es mayor, como bien saben quienes recuerden cómo se gestionaban el INI o las cajas de ahorros (sí, al estar controladas por políticos debemos tratar a las cajas, a estos efectos, como empresas públicas).
Aunque tampoco hace falta irse tan atrás: mejor tomemos como referencia la gestión actual de Correos, Renfe y RTVE, o, por señalar un caso más similar y reciente, las injerencias del Gobierno en Indra, de cuyas costosas consecuencias nos enteraremos más pronto que tarde. Eso por no hablar de las universidades públicas, que, gracias a su proverbial organización como cooperativas subvencionadas al 90%, son capaces de perder cuota de mercado, pese a competir en régimen de competencia desleal con las universidades privadas.
Si no quieren entrar a mirar qué ocurre en las empresas públicas, basta observar la pésima gestión de los fondos de recuperación: el Gobierno ni siquiera ha sabido o querido repartirlos entre iniciativas privadas. Esta incompetencia gubernamental está a la vista de cualquier observador. Incluidos los funcionarios europeos que examinan periódicamente la evolución de nuestro país. Los mismos que contemplan, misión tras misión, cómo los imperativos puramente políticos de sus superiores jerárquicos le permiten al Gobierno incumplir sus obligaciones de reforma estructural y dar largas a todo intento de contención del gasto público.
En semejante contexto, carece de sentido que las autoridades europeas permitan al Gobierno de España actuar como un tiburón financiero, pues esa es la esencia de la operación: un partial leveraged buyout (LBO) con la peculiaridad de que quien se endeuda para adquirir el mayor paquete de acciones de Telefónica es un Estado al borde de la insolvencia. Una adquisición que no va dirigida a racionalizar la empresa en ningún sentido, sino a aprovecharse de ella en beneficio del partido que controla el gobierno, un Gobierno que ya de por sí, en su propia conformación estructural, tiene mucho de leveraged. Lo hará con fondos ajenos, pero prestados para otros fines y tras incumplir de hecho las condiciones de reforma estructural que le habían impuesto.
El riesgo de la operación es obvio para los actuales accionistas, pero aún más para los acreedores del Reino de España. No sólo por los 2.000 millones en juego sino por las repercusiones que tendrá para el país el que Telefónica empiece a gestionarse como Correos.
