Ni mascarillas ni decretos: Estado de derecho
Lo mínimo que habría que pedir es respeto a las normas y que el Gobierno renuncie a sus decretos y presente sus propuestas como proyecto de ley
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto por donde solía. Desde la pandemia ha ido haciendo y deshaciendo a su antojo sin casi contestación popular y gracias a su nutrido coro de palmeros, y en esta nueva legislatura ya vemos que el guión va a ser el mismo: insistir por el camino de las decisiones dudosamente democráticas.
El Ejecutivo pretende imponer estos días la vuelta de las mascarillas a los centros sanitarios de toda España contra el criterio de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, se chantajea al Partido Popular para que preste sus votos en el Congreso de los Diputados para sacar adelante tres decretos del Gobierno que ahora deben ser convalidados en la Cámara Baja para que puedan seguir en vigor.
Ninguna de las dos iniciativas anteriores deberían ser aceptadas por un verdadero demócrata, pues suponen un absoluto desprecio al Estado de derecho tal y como están planteadas. El fin no justifica los medios. En democracia hay unas reglas y hay que cumplirlas, y si aceptamos que el Gobierno las transgreda con la excusa de un supuesto interés general, estaremos avanzando servilmente en un camino que nada tiene que ver con la democracia.
Esto no va de mascarillas sí o mascarillas no. Esto no va de extender la rebaja del IVA a los alimentos básicos. Esto no va de poder seguir recibiendo los fondos europeos. Esto va de que si un Gobierno quiere hacer todo eso, debe respetar el ordenamiento jurídico vigente.
Y resulta que, con la ley en la mano, el Ejecutivo solo puede imponer la obligatoriedad de las mascarillas previo acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se sientan todas las comunidades autónomas, que son las competentes en materia sanitaria, y donde ya le dijeron el lunes que era mejor quedarse en una mera recomendación de uso de los tapabocas. ¿Por qué? Porque la situación no es muy diferente a la de cualquier pico de gripe, porque en algunas regiones ya está mejorando la incidencia y porque ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre la efectividad de proteger a los médicos en su lugar de trabajo mientras cogen el metro todas las mañanas sin mascarilla y se relacionan con sus hijos libremente, que vuelven del colegio llenos de todo tipo de virus en esta época del año.
A pesar de ello, el Gobierno pretende imponer la medida agarrándose a un resquicio de la ley en donde se contempla poder dar un golpe sobre la mesa en contra del criterio de las regiones siempre que haya “situaciones de urgente necesidad” y que se haga para «responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública». ¿De verdad estamos dispuestos a considerar de ahora en adelante una epidemia de gripe en mitad del invierno como algo de especial riesgo para la salud? La respuesta es lo de menos, el Ejecutivo ya ha decidido invadir las competencias autonómicas y retorcer la ley.
En el caso de la votación de los decretos pasa algo parecido. El Gobierno se ha acostumbrado a legislar a golpe de decreto ley, una herramienta legislativa totalmente excepcional que la Constitución sólo reserva para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Y así, en lugar de limitarse al papel que la Carta Magna confiere al Ejecutivo, ejerciendo su derecho a desarrollar proyectos de ley, Pedro Sánchez prefiere gobernar a golpe de decreto porque así puede aprobar disposiciones que entran en vigor de inmediato y sin necesidad de negociar su contenido en el Congreso.
Y cuando llega un mes después el necesario trámite parlamentario de la convalidación de esos decretos, el modus operandi siempre es muy sencillo: el Gobierno pretende que la oposición le apoye con el argumento de la bondad de los decretos para los ciudadanos. Pero eso es un vil chantaje. Si el Ejecutivo quiere aprobar algo en el Parlamento, lo que debe hacer es presentarlo como debe y respetar los tiempos y formas de la actividad legislativa.
Además, conviene recordarle a la olvidadiza oposición que esta no es la primera vez que Sánchez usa estas tácticas extorsionadoras… y que siempre acaban mal. Durante la pasada legislatura, por ejemplo, en decenas de ocasiones el Gobierno prometió a los diferentes grupos parlamentarios que tramitaría un decreto como proyecto de ley, para que así pudieran enmendarlo a posteriori, a cambio de que apoyasen su necesaria convalidación. ¿Y qué pasó luego? Pues que la presidenta del Congreso, entonces Meritxell Batet, siempre guardaba en un cajón el proyecto de ley y nunca llegaba a tramitarlo… quedando en vigor íntegramente el decreto del Gobierno una vez convalidado por los diputados.
Con esa triquiñuela estuvo gobernando toda la legislatura Sánchez, y no fueron pocos los estúpidos que tragaron una y otra vez por falta de valentía para atreverse a tumbar sus decretos. Al PP le pasó más de una vez, Ciudadanos hizo de tonto útil renovando los estados de alarma y Vox salvó in extremis al Gobierno aprobando un decreto sobre fondos UE en diciembre de 2020 con la promesa de que luego se tramitaría como proyecto de ley… y aún seguimos esperando a que así sea.
¿Habrá aprendido el Partido Popular la lección ante el chantaje al que le vuelve a someter Sánchez? Es verdad que ante el apabullante control mediático que ejerce el Gobierno es difícil de explicar el rechazo a las mascarillas o a los decretos del Gobierno, pero los populares deberían hacer un esfuerzo y hablar a los ciudadanos como adultos. En democracia no todo vale. El PP no puede aceptar que Sánchez siga haciendo lo que le venga en gana. Está muy bien que se quieran aprobar medidas positivas para la ciudadanía, pero lo mínimo que habría que pedirle a un político es que respete las normas. Por eso lo más democrático es rechazar los decretos y exigir al Gobierno que presente el mismo contenido como proyecto de ley, para que así el Congreso pueda hacer realmente su trabajo: debatir, enmendar y, en su caso, aprobar todo lo que los diputados consideren oportuno. De lo contrario, estaremos aceptando que en España no hay Estado de derecho ni separación de poderes y que aquí solo manda una persona.
