Lo que Bolaños dice de la Comisión de Venecia
«La ley de amnistía es un acto de corrupción: una ley arbitraria hecha al dictado de su principal beneficiario. El ‘caso Koldo’ a su lado es una broma pesada»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La noticia fue que la Comisión de Venecia «avalaba» la ley de amnistía. El ministro Félix Bolaños, que apuntaba a Tom Hagen y está a un paso de Fredo, no tardó en compartir en sus redes sociales los recortes de prensa. Y con «recorte» no me refiero a clipping, sino a porción recortada. Resulta, oh cielos, que el ministro faltaba a la verdad. Como explicó en este diario Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en Universidad Autónoma de Barcelona, sólo una muy limitada comprensión lectora o la rotunda voluntad de engañar pueden llevar a alguien a concluir que el texto filtrado avalaba la amnistía.
La primera aclaración es que el informe no existe. La filtración corresponde a un borrador cuyo contenido es, por definición, provisional. Pero ni siquiera puede decirse que el borrador avale la ley de amnistía sin falsear su contenido. En primer lugar, dice que la vía de urgencia no es la adecuada para tramitarla, y resalta la conveniencia de una reforma constitucional que zanje las dudas sobre su constitucionalidad. No en balde, el propio PSOE negaba tajantemente su constitucionalidad por boca de su jurista de reconocido prestigio. Claro que esto fue antes de las elecciones del 23-J, cuando los votos de Junts no eran imprescindibles para permanecer en Moncloa.
El Gobierno presume de dos fragmentos del borrador que, en el mejor de los casos, son obviedades. El primero dice que la ley de amnistía no pone en riesgo la separación de poderes, pues los jueces conservan la competencia de aplicarla o no. El segundo sostiene que las amnistías suelen estar motivadas por razones de reconciliación social, y que estos objetivos son legítimos.
«La Comisión no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la ley, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado»
Estas dos perogrulladas bien escogidas sirvieron para que Félix Bolaños proclamara, ante los 47 millones de ciudadanos españoles a los que se debe, que la Comisión de Venecia certificaba que la amnistía es «impecable y es positiva». La Comisión, claro, no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la ley, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado.
La idoneidad para lograr el objetivo declarado (concordia y reconciliación) no existe, como demuestra la división que provoca la amnistía: el 75% de la población estaba en contra antes del 23-J y al menos al 50% lo sigue estando. Sí logra su objetivo real: garantizar el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas. Esto es lo que la Comisión de Venecia no debería pasar por alto en su informe definitivo.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países con sus amnistías, la que nos ocupa no es el resultado de un pacto, sino de una transacción. Es una compra de votos, donde la moneda no es el euro, sino la impunidad. La ley de amnistía es, en definitiva, un acto de corrupción: una ley arbitraria hecha al dictado de su principal beneficiario. En términos morales, el caso Koldo a su lado es una broma pesada.
