El Gobierno más misógino de la democracia

Por mucho que el Gobierno de Pedro Sánchez se autodenomine el más feminista de la historia, la realidad es que no ha habido ningún gobierno tan dañino para las mujeres como el suyo y los datos son bastante contundentes. Antes de que los socialistas se hicieran con el poder, España estaba considerada por el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad realizado por la Universidad de Georgetown como el 5º mejor país para ser mujer y ahora somos el 27º, es decir, que hemos bajado 22 posiciones en cinco años. Demoledor.

Más allá de los índices internacionales, se ha doblado el número de violaciones grupales desde 2017; las agresiones sexuales con penetración han aumentado desde 2019 y a finales del año pasado el Hospital Clínic de Barcelona, centro de referencia para la atención sexual, alertó de que las agresiones sexuales eran cada vez más violentas y que el 37% de las mujeres violadas presentaban lesiones físicas como golpes, mordiscos o fracturas. Y por si no tuviéramos bastante con eso, el Gobierno de Sánchez aprobó la fatídica ley del solo sí es sí que ha supuesto un alivio penal para muchos violadores y una revictimización para las mujeres que han sufrido tan horrible trance.

Y si dicha ley es positiva para los agresores y nociva para las mujeres, lo mismo sucede con la misógina ley Trans, que permite que cualquier hombre pase a ser legalmente una mujer con un sencillo trámite registral. También puede ser al contrario, pero resulta que la inmensa mayoría de los que hacen el cambio son hombres y que en muchos casos no cambian de nombre, ni de aspecto físico ni de tipo de vida. Es decir, son hombres que siguen haciendo su vida como hombres, pero que tienen acceso a lo que antes eran espacios seguros para mujeres. Desde el feminismo se alertó de que esto iba a suceder, pero el Gobierno primero lo negó, luego admitió que había algún caso aislado y ahora, ante la evidencia de un uso torticero masivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoce que van a tener que hacer cambios que ella califica como técnicos.

La realidad que el único cambio posible sería derogar la ley porque la filosofía que la sustenta afirma que cada uno puede decidir libremente si es hombre o mujer y que nadie tiene derecho a cuestionarlo y si lo hace, comete un delito de odio. O sea, que cualquier mujer que se sienta mal porque en su vestuario aparezca alguien con aspecto de hombre y todos sus atributos colganderos al vent y se queje, puede acabar con una denuncia por transfobia. Y esto, con ser muy grave, es una minucia comparado con el tema de los agresores que han cambiado su sexo registral, se han identificado como víctimas de violencia machista y se han plantado en el organismo donde están las mujeres agredidas por ellos. La situación en tan alarmante que en un centro de Madrid se han llegado a contabilizar seis casos.

Esta ley perjudica a las mujeres, pero también a las personas transexuales que ahora, además de enfrentarse a las dificultades que tenían hasta el momento, ven su situación ridiculizada por unos cantamañanas que se aprovechan de ella por intereses espurios.

«Mientras no hay escándalo socialista en el que no medien meretrices, abogan por suprimir la prostitución»

Este Gobierno no se contenta con empeorar  la vida de las mujeres -¿dónde están los 160 millones que nos cuesta el Ministerio de Igualdad?-, sino que tiene que utilizarnos constantemente como arma electoral y como ariete contra la oposición, siempre desde la más asquerosa hipocresía: mientras Ana Redondo gritaba como una energúmena acusando al PP de negacionista de la violencia de género, los socialistas ocultaban que uno de sus tenientes de alcalde había sido detenido por agredir a su mujer en la calle; mientras no hay escándalo socialista en el que no medien meretrices, abogan por suprimir la prostitución; mientras presumen de feminismo, han dividido al movimiento y en las manifestaciones del 8-M de los últimos años se ha agredido a mujeres.

Y es que el tema de las agresiones contra las mujeres, sobre todo contra las feministas, ha aumentado de forma exponencial tanto física como simbólicamente llegando a impedir su libre expresión. Porque la realidad es que mientras que el Gobierno usa a las mujeres como reclamo contra la ultraderecha que viene para acabar con nuestros derechos, en algunas universidades españolas se está negando el derecho de opinión y el de la libertad de cátedra como ha sucedido con las profesoras Silvia Carrasco y Marcela Lagarde.

Ambas son antropólogas y con una dilatada trayectoria feminista que, en el caso de Lagarde, se ha traducido en el impulso a la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la promoción de la tipificación del delito de feminicidio a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez. Pues bien, una decena de niñatos encapuchados reventaron su acto en la Universidad Complutense ante la pasividad de las autoridades. Repito: unos hombres embozados irrumpieron en medio de una conferencia e imposibilitaron que se realizara –al final fueron ellas las que tuvieron que marcharse- y no pasa nada porque se autodefinen como antifascistas y a favor de la Ley Trans. ¿Se imaginan el escándalo que se hubiera organizado si estos mastuerzos se consideraran de derechas? Vivimos en un país en el que se convocó una reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio por el bulo del culo, pero que se cancelan conferencias en universidades y no pasa nada.

Estamos pues ante un Gobierno misógino, que utiliza a las mujeres con fines electorales con una mano mientras que aprueba con la otra leyes que nos perjudican. Y lo peor de todo es que presentan a las mujeres como seres infantilizados y dependientes que tienen reivindicaciones tan majaderas como querer llegar a casa solas y borrachas mientras ellos pueblan las calles de violadores cuyos crímenes quedan convenientemente silenciados si no pueden sacar rédito político de ellos. Purita misoginia.