Campaña de la Renta, un nuevo atraco
«Subvenciones caprichosas, gastos reales superfluos y asunción colectiva de las cantidades malversadas por unos delincuentes son sufragados con el IRPF»
Ilustración de Alejandra Svriz
La actual campaña de renta, en la que 23 millones de españoles estamos obligados a confesarnos ante la Hacienda Pública presentando nuestra declaración del IRPF correspondiente a 2023, presenta varias singularidades. Una, que no es menor, consiste en su coincidencia temporal con tres campañas electorales, las dos que llevarán a votar a los vascos y catalanes en sus respectivas citas autonómicas y la tercera en la que todos los españoles acudiremos a elegir a nuestros futuros representantes en el Parlamento europeo. Otra, tampoco irrelevante, es su coexistencia con el enorme ruido político que acompaña a la ley de amnistía que el Gobierno se ha visto obligado a impulsar como contrapartida al apoyo prestado por el prófugo Puigdemont para que Sánchez fuera investido como presidente. Finalmente, esta campaña de renta está coincidiendo también con el tsunami que ha generado la detección del gran fraude en los contratos de mascarillas que salpica, y de qué manera, al Gobierno y al PSOE.
Es posible que estos tres árboles no nos dejen ver el bosque y que, por ello y para beneficio del ‘Fisco’ español, la campaña de renta de este año esté pasando relativamente desapercibida cuando en realidad existen motivos más que sobrados para que así no fuera. Y los hay porque una vez más los contribuyentes españoles estamos siendo atracados de manera inmisericorde por nuestra Hacienda Pública. Y a fuerza de ser sinceros, debe afirmarse que el atraco se produce en varios frentes o perspectivas.
Para empezar, a la totalidad de los declarantes se nos obliga a practicar una autoliquidación por el impuesto, cuestión que no es baladí dado que la normativa del IRPF que debemos conocer y aplicar para autoliquidarnos es absolutamente dispersa, profusa, confusa y obtusa. Sin faltar a la verdad y probablemente quedándonos cortos puede afirmarse que, en su conjunto, las normas a aplicar son ininteligibles para el 99% de los obligados a aplicarlas. Eso sí, de cometer cualquier error en la autoliquidación y por leve que éste sea se nos aplica un régimen sancionador cuya severidad es tan injustificada como abusiva. Todo ello sin olvidar que en una errónea concepción de cómo deben utilizarse las nuevas tecnologías, la presentación de la declaración debe hacerse por vía on line sí o sí, cuestión inabordable para un segmento relevante de los contribuyentes.
Es cierto que, debido a lo expuesto en el párrafo precedente, la Agencia Tributaria nos ofrece un conjunto de ayudas con el que pretende facilitarnos el cumplimiento de nuestra obligación. La reflexión surge inmediatamente, primero el Estado nos obliga a cumplir lo que nos resulta casi imposible, después se dispone a ayudarnos a cumplirlo. Incluso el que asó la manteca vería más sensato que no se obligara al contribuyente a superar un vía crucis tan escarpado que luego precisa de ayuda para superarlo.
Como no es así, procede repasar algunos de los servicios que nos ofrece la Agencia Tributaria para escalar el auténtico Everest que supone autoliquidarnos el IRPF. De entrada, elabora un llamado Manual Práctico que, paradojas de nuestro ‘Fisco’, tiene una extensión que supera ampliamente las mil páginas lo que evidencia que poco o nada tiene de la practicidad que se señala en su título. Junto a ello, dice ofrecernos un Servicio de Atención Telefónica que siendo realistas debería llamarse «servicio de no atención» dada la fáctica imposibilidad de ser atendido, y eso por muchas veces que reiteres la marcación de los números telefónicos que se te indican para ser atendido.
«La carga fiscal que supone nuestro IRPF se aproxima mucho, si es que no la supera, a la inmoralidad pública»
Luego está la opción de pedir una cita previa para que sean los propios funcionarios de la AEAT los que practiquen la autoliquidación al contribuyente que así lo solicite. Es de justicia reconocer que la implementación de este servicio es modélica y que incorpora una precisión ejemplar en su realización. No obstante, pueden hacerse dos críticas a su diseño. Una, que sí o sí la petición de la cita ha de hacerse otra vez on line, albarda sobre albarda. Otra, que presentando la declaración así confeccionada, el contribuyente no queda eximido de la aplicación del exagerado régimen sancionador antes mencionado, incluso aunque el error no consista en la omisión de datos por parte del afectado sino en su utilización por el funcionario que elabora la autoliquidación.
Lo expuesto hasta ahora ya puede considerarse un atraco a la buena fe recíproca que debe presidir la relación que une al Estado y al ciudadano, en este caso al ‘Fisco’ y al contribuyente. La exigencia desproporcionada por parte del que tiene potestad de exigir al exigible que viene obligado a cumplir con lo exigido es una forma de abuso que, sin duda alguna, resulta incompatible con los principios democráticos que deben cumplirse en un Estado moderno y en una sociedad civilizada con elevado nivel de desarrollo. Pero es que sobre lo anterior pesa como una losa la cantidad que se nos exige y las trampas que se nos hacen para exigírnosla.
En efecto, la carga fiscal que supone nuestro IRPF se aproxima mucho, si es que no la supera, a la inmoralidad pública. Que a un contribuyente se le exija por un solo impuesto hasta el 53% de sus ingresos no resulta éticamente admisible. Tanto porque dicho porcentaje ya es en sí mismo abusivo como porque al añadirse lo que se le exige por otros impuestos, puede llegar a contribuir al ‘Fisco’ porcentajes que superen el 80% de su renta. Pero resulta además que los importes que pagamos por el IRPF resultan parcialmente ilegítimos pues traen su origen en que nuestro ‘Fisco’ lleva años aprovechándose indecorosamente de la inflación para, enriqueciéndose él, aumentarnos inmoralmente las cuotas que pagamos sin haber pasado por los requisitos legales obligatorios para subir los impuestos.
Y luego está el uso que hace el Gobierno de los importes que recauda por el IRPF y por el resto de los impuestos que pagamos. Estos días estamos conociendo las numerosas subvenciones que se conceden a un estrafalario conjunto de agraciados. Confieso que se me abren las carnes al saber qué parte de lo que se me exige coactivamente tras haberlo obtenido con el sudor de mi frente va destinado a subvencionar a una asociación de fajas, a otra de blusas y corpiños, a otra de hidalgos de España, a otra de amigos de la ópera, a una fundación hispano-marroquí de la dieta mediterránea… y así hasta 30.000 millones de euros anuales en subvenciones de las que, según Escrivá antes de ser ministro, el 50% no son objeto del adecuado control de seguimiento.
«Sánchez ha aumentado en un 45% lo que se gasta en el funcionamiento de los servicios de la Administración Central del Estado»
También me enervo al enterarme que Sánchez ha triplicado el importe de ayuda al exterior que asumía el Gobierno precedente de Rajoy o que ha aumentado en un 45% lo que se gasta en el funcionamiento de los servicios de la Administración Central del Estado. Y lo hago asimismo cuando conozco que la sobreimposición que sufro en el IRPF sirve para financiar el llamado bono cultural joven con el que se adquieren algo tan culturalmente elogiable como son los videojuegos. Y me sublevo también al enterarme que, en aplicación de la Ley de Amnistía, los impuestos que me exigen van a compensar la pérdida que afronta el Estado al perdonar la devolución del dinero robado por los independentistas catalanes que malversaron durante su famoso proceso.
Y todo esto, subvenciones caprichosas, gastos reales superfluos y asunción colectiva de las cantidades malversadas por unos delincuentes, es sufragado con el IRPF que ahora vengo obligado a declarar y pagar. Sí, estos días me siento atracado por el ‘Fisco’ y siento que lo somos todos los contribuyentes del impuesto que, bajo la amenaza de sanciones desproporcionadas, hemos de cumplir con nuestra obligación en la actual campaña de renta. Sabe Dios que no comulgo con el aforismo que reza aquello de «Quien roba a un ladrón ha cien años de perdón» pero ¡voto a Bríos! al presentar mi declaración de renta tengo como convicción que me están robando.
