Sánchez cree en la justicia, pero sometida

El día cuya tarde entera dedicó Pedro Sánchez a escribirnos la carta de los tres folios, le había respondido a Rufián por la mañana en el Congreso que «en un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país». Las noticias que había conocido eran la apertura de diligencias de investigación por un juzgado de Madrid sobre un posible delito de tráfico de influencias que implicaría a su mujer.

Si bien se mira, pronto se aprende que cualquiera que haya tenido profesional o personalmente la necesidad o la (mala) suerte de verse en el lance de poner su destino personal, su patrimonio o intereses en manos de la justicia, sólo hay dos razones por las que diría aquello de «yo confío plenamente en la justicia». 

La primera razón para manifestar tan ciega confianza suele anidar en la santa ignorancia del inocente, reforzada por su más absoluto desconocimiento del funcionamiento de la maquinaria judicial. La justicia es muchas veces un juego, pero un juego serio y muy peligroso. No sabe el ciudadano medio el altísimo porcentaje de probabilidades que hay de salir absuelto o condenado de un tribunal por puro azar, aleatoriamente, en una resolución dictada desviándose absolutamente en sus fundamentos de los hechos y del Derecho. No estoy diciendo, claro está, que el lugar común sea que los jueces prevariquen. Pero, así como cuando uno va al médico con un padrastro en un dedo, a la pregunta de si es grave el doctor responderá con certeza que no, un abogado medianamente conocedor del quehacer diario de la justicia, si es honesto, se cuidará de advertirle a su cliente de que el padrastro litigioso suele sanar, pero sin descartar que pueda perder el dedo y parte del brazo. La impredecibilidad de las resoluciones judiciales es el signo de los tiempos.

La segunda razón por la que suele alguien blasonar de su fe en la justicia se residencia en la certeza de la propia culpabilidad. En tales casos, mayormente los que son muy mediáticos, se opta por la adulación, a ver si así, peloteando a la institución y a quienes la encarnan, se inclina la balanza a favor de uno. Cuando vean a un poderoso -política o económicamente- alardear solemnemente de su fe en la justicia, tengan por seguro que es muy probable que sea culpable. De esta segunda razón se puede desprender una tercera derivada: la de aquellos que, sabiéndose también culpables, administran y ostentan tanto poder, que al manifestar su fe en la justicia lo que están haciendo es advertirla de que se cuide muy mucho de condenarles.

En el caso de Sánchez no parece que, ante el abaratamiento continuo y sucesivo de su palabra, haya que tener muy en consideración su manifestada fe en la justicia. De hecho, su trayectoria política se ha caracterizado por una continua desautorización política de la actuación judicial, ya fuera enmendando sentencias con indultos, despenalizaciones o amnistías, pretendiendo controlar por cuotas el CGPJ o alentando imputaciones de lawfare. 

«No es descartable que trate de legitimar un subsiguiente intento de limitación normativa de la libertad de prensa»

Si tanto confiaba Sánchez en la justicia por la mañana y tan poco crédito le merece (más bien desprecio) la denuncia y el denunciante que motivó la apertura de diligencias contra su esposa, no se entiende a cuento de qué dedicó la tarde a poner en suerte su continuidad como presidente por causa, precisamente, de la mera incoación de esas diligencias: una actuación judicial inocua para el denunciado que no pasa de ser un mero pronunciamiento respecto de que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito. La admisión a trámite de las querellas forma parte de la tutela judicial efectiva, derecho del que también es acreedor el querellante, no sólo el investigado. Ya habrá tiempo de archivar o sobreseer, que para eso está la instrucción.

Evidentemente, desconozco si la querella de marras está mejor o peor fundada, pero que el presidente del Gobierno de un país democrático reaccione a la mera incoación de diligencias de investigación de su entorno dando a entender que ese proceder está fuera de los cauces democráticos o que sobrepasa límites que a él «no le merece la pena» soportar, revela una concepción del poder rayana en el mesianismo despótico; porque lo que quiere en realidad decir no es que no le merezca la pena ser presidente, sino que no tiene por qué soportar que la justicia investigue a su entorno siendo él presidente del Gobierno. 

Fuera de la incitación a manifestaciones de adhesión de cariz populista plebiscitario, nadie sabe a cuento de qué aventó Sánchez un desvergonzado período de autorreflexión sobre su dimisión por causa de la incoación, pero no es descartable que esto sea una preparación artillera que trate de legitimar un subsiguiente intento de limitación normativa de la libertad de prensa, del derecho a la información y hasta de la actuación de poder judicial.

Y una cosa más. Viendo las reacciones a la disyuntiva caudillista de Sánchez, queda clara una cuestión que, a mí juicio, se viene descifrando mal: no es Sánchez quien está rehén de todas las fuerzas políticas con aspiraciones disolventes del orden constitucional. Es al revés, sin Sánchez aquellas fuerzas no tendrían recorrido: unos a la cárcel, otros al paro y los demás a la frustración derivada del choque con un eventual gobierno alternativo que sí cumpliera con su obligación: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.