Los derechos humanos, la memoria y la reconciliación
«Las leyes de memoria son legislación de parte, puro ritual con el que exhibir la lectura correcta si bien parcial y ayuna de matices de nuestra historia»
Exhumación en una fosa común de Colmenar Viejo (Madrid) | Agencias
Por si usted no se había enterado, en España, durante la Guerra Civil y el posterior régimen de Franco, se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos. Hubo que esperar 40 años, desde la finalización de la guerra civil en 1939, para que en España se instaurara un sistema político democrático que garantiza derechos y libertades fundamentales a sus ciudadanos. Nos los han recordado tres expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, los señores Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (y que con este informe ha concluido su mandato); Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales.
Olvídense ustedes de los silos de bibliografía escrita sobre el particular –el historiador Juan Pablo Fusi ha cifrado en la publicación de dos libros a la semana sobre la Guerra Civil desde 1975 hasta 1996– o de los propios debates parlamentarios a propósito de la Ley de Amnistía de 1977 o las propias declaraciones solemnes en el Parlamento a propósito de los aniversarios del inicio o final de la guerra civil o de otras muchas sesiones en las Cortes con ocasión de la aprobación de leyes resarcitorias a los militares republicanos. A propósito de una enmienda a la ley de presupuestos generales del Estado propuesta por el PSOE para equiparar las pensiones de los militares no profesionales que combatieron en la guerra civil en el bando de la República con el resto de militares jubilados, se dijo en el Congreso: «Creo que con esta votación se va a consumar uno de los últimos flecos de la reconciliación y del valor de la Constitución de 1978». Así habló no Zaratustra sino Zapatero. Corría el año 1996 y gobernaba el PP de Aznar.
El banal recordatorio de nuestro eviterno franquismo por parte de los expertos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se ha hecho en respuesta a la inaudita queja ante el Comité de Derechos Humanos por parte del Gobierno de España a propósito de las «leyes de concordia» de las Comunidades de Aragón, Valencia y Castilla-León una vez se han derogado las respectivas «leyes de memoria democrática» vigentes en esas comunidades.
El informe de los dichos expertos no es públicamente accesible – yo al menos no he logrado dar con él- pero por lo que se nos informa en la nota de prensa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con la aprobación de tales leyes de concordia estaríamos, según los expertos, ante una vulneración de los derechos humanos. Ahí es nada. Las razones, nos informa el ministerio, estriban en que, para el caso de Aragón, en su ley «de concordia» no hay una referencia explícita a la violación de derechos humanos que supuso el franquismo, ni una condena expresa del régimen y su carácter dictatorial. En la correspondiente ley de Castilla-León no se utiliza la palabra «dictadura» para referirse al franquismo. En cuanto a la ley valenciana, la quiebra del derecho internacional y de variados derechos humanos, se fundamentaría en que también se hace mención a las víctimas habidas durante la II República. Ya saben, todas las víctimas son iguales pero unas son más iguales que otras.
El Gobierno encuentra en este informe un aldabonazo para proseguir su querella antifascista, pronto ante el Tribunal Constitucional, y, si fuese menester ante las instituciones de la Unión Europea o del Consejo de Europa. ¿Y qué deberían hacer las Comunidades Autónomas afectadas?
«La proliferación de leyes innecesarias refuerza la futilidad del legislador»
Dejó dicho Montesquieu que las leyes inútiles debilitan a las necesarias, una sabia máxima de urgentísima aplicación en estos tiempos de diarrea legislativa, tiempos en los que, de la mano del Barón, también cabría decir que la proliferación de leyes innecesarias refuerza la futilidad del legislador. Mal negocio. La opinión de estos tres peritos en Derecho, más presuntos que acreditados, con escasísimo mando jurisdiccional en la plaza del Derecho internacional tomado en serio, confirma la absoluta banalización que desde hace tiempo arrostra el ideal de los derechos humanos, si es que no la institución misma encargada de su custodia a nivel global, pero también que en este juego perverso de la legislación memorialista es mejor no entrar al trapo.
El informe confirma lo que ya solo los incautos o hipócritas no quieren entender o conceder: las leyes de memoria son legislación de parte, puro ritual formulaico con el que exhibir la lectura correcta si bien parcial y ayuna de matices de nuestra historia, una historia con pretensiones de oficialidad y dogma inexpugnable al respecto de todas las muchas y muy complejas aristas que encierra un episodio histórico tan duradero y de tanto alcance personal como fue la guerra civil y la dictadura que sobrevino.
Para el genuino y atendible propósito de permitir la exhumación de quienes pueden razonablemente ser exhumados –todos, no solo los de uno de los bandos- no hacen falta leyes sino ejecución de las ya existentes y algo de presupuesto. Así que hagan caso a la ONU, como proclama el ministro del ramo, y olviden en un cajón, junto con los agravios del pasado tan remoto y que fue felizmente superado cuando realmente tocaba, estas leyes de reconciliación.
Y, por supuesto, no exhumen las previas, esas de la dizque memoria democrática que más lo son de frentismo presentista.
